La Fiscalía Anticorrupción ha formulado cargos por peculado a 18 exrepresentantes de corregimiento, 18 extesoreros y 2 representantes de corregimiento implicados en el manejo irregular de fondos de la descentralización, que ocasionó una lesión patrimonial por el orden de los $14 millones.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron que hasta ahora se han realizado unas 50 audiencias de imputación, aplicación de medidas cautelares y apelación ante los tribunales superiores, en las que se han aplicado medidas cautelares de impedimento de salida del país y notificación periódica tras imputarse cargos por el delito de peculado.
Un total de nueve de los exrepresentantes a los que se les han imputado cargos pertenecen a las filas del Partido Revolucionario Democrático (PRD), también figuran exrepresentantes de los partidos Cambio Democrático, Realizando Metas, Alianza, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista y del Partido Panameñista.
Entre los exrepresentantes imputados figuran Mario Jaén, del corregimiento de Arosemena; Antonio Atencio, Burunga; Isaac Figueroa, del corregimiento Juan Demóstenes Arosemena; Luis González, de la Trinidad; y el actual representante de Villa Rosario, Carlos Almengor, todos en la provincia de Panamá Oeste.
También aparecen el exrepresentante de Natá, Samuel Castillo; la exrepresentante de Río Hato, Ibeth Navas; de Capellanía, Ceferino Barría; y Gustavo Márquez, del corregimiento de Coclé, todos en la provincia de Coclé.
También figuran en la lista de imputados los exrepresentantes de Solano, en Tierras Altas, Franklin Espinosa; José Morales, de Bugaba; Elena Rojas, de Dolega; Guillermo Santamaría, de Tolé; Ceferino Rodríguez, de Quebrada de Piedra; y Juan Carlos Lezcano, en Volcán; en la provincia de Chiriquí.
Mientras que en la provincia de Veraguas se imputó a los exrepresentantes de Bisballes, Euclides Mendoza; y Jorge Barría, del corregimiento de Boro.
De igual manera, se imputaron cargos al actual representante de Pacora, Hugo Henríquez Velásquez.
El Ministerio Público aún mantiene por ubicar unos 50 exrepresentantes de corregimiento, tesoreros y alcaldes a los que se les entregaron recursos de la descentralización para la realización de obras de interés social, pero que no se concluyeron.
Por este caso la Fiscalía Anticorrupción realizó diligencias en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Nacional (BNP) enfocadas en la ubicación de información relacionada con una serie de denuncias realizadas en el año 2024 y verificar los desembolsos realizados por la Autoridad Nacional de Descentralización a 70 juntas comunales y municipios que recibieron fondos del PDIS (Programa de Desarrollo de Inversión Social).
Producto de las diligencias la fiscalía obtuvo evidencias en la Contraloría que reflejan fluctuaciones en el manejo de los fondos de la descentralización dependiendo de la ubicación de las juntas comunales. En algunas juntas comunales se han detectado irregularidades que van desde los $300 mil hasta los $800 mil.
La Autoridad Nacional de Descentralización ha enviado al Ministerio Público unas 300 denuncias relacionadas con el mal manejo de fondos entregados a juntas comunales y municipios para la construcción de obras y ejecución de proyectos en corregimientos de todo el país.
La Autoridad Nacional de Descentralización fue creada mediante la Ley 66 de 2015, que reformó la Ley 37 de 2009, la cual descentraliza la Administración Pública. Esta entidad se estableció para garantizar la transferencia de recursos a los gobiernos locales y la coordinación con el gobierno central.
