El exministro de la Presidencia (2009-2012) Demetrio Papadimitriu acudió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para solicitar su exclusión del proceso por presunto blanqueo de capitales vinculado al pago de coimas por parte de Odebrecht.
Su abogado, Rolando Rodríguez, presentó un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, luego de que este rechazara un incidente de nulidad por presunto doble juzgamiento. Papadimitriu alega que ya fue investigado en 2015 por el Ministerio Público, a raíz de una denuncia presentada por el abogado Sidney Sittón, y que esa pesquisa concluyó cuando la Contraloría determinó la licitud de sus fondos.
Sittón —abogado del expresidente Ricardo Martinelli, condenado por el caso New Business y llamado a juicio en este mismo proceso— lo denunció por enriquecimiento injustificado, alegando que, a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Papadimitriu habría incrementado su patrimonio y mantenido cuentas en Andorra.
En su defensa, Papadimitriu sostiene que nunca gestionó contratos con Odebrecht y, por tanto, no debería ser vinculado al caso. El Tribunal le concedió a Rodríguez un plazo de 15 días para formalizar la casación y le remitió acceso digital a los 2,865 tomos del expediente.
El juicio por el caso Odebrecht está fijado para el 11 de noviembre de 2025, tras haber sido suspendido en enero de 2024 por falta de una asistencia judicial desde Brasil, que contiene declaraciones de ejecutivos de la constructora sobre pagos a altos funcionarios panameños.
La juez primera liquidadora de causas penales adjunta, Baloisa Marquínez, llamó a juicio a 36 personas por el delito de blanqueo de capitales relacionado con el pago de coimas entregadas por Odebrecht a cambio de obras de infraestructura.
Entre los llamados figuran los expresidentes Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli, así como los hijos de este último, Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares. No obstante, Varela y los Martinelli Linares serán juzgados por la Corte Suprema de Justicia: el primero por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), y los segundos por ser parlamentarios suplentes de ese organismo. Ricardo Alberto Martinelli, además, es suplente en la Asamblea Nacional del diputado Tomás Benavides.
La investigación del caso, iniciada en 2015, cerró en octubre de 2021 con 32 imputados y la recuperación de $86.1 millones entre dinero y bienes. Sin embargo, quedaron pendientes diligencias contra tres acusadas y aún están en curso varios recursos de nulidad.
