El Órgano Judicial debe exigir al Ejecutivo un presupuesto que le permita ejercer sus funciones adecuadamente y en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional varios artículos del presupuesto de 2021 por incumplir el artículo 214 de la Constitución que señala, entre otros aspectos, que “los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público, no serán inferiores, en conjunto, al 2% de los ingresos corrientes del Gobierno Central”.
Así lo advirtieron los impulsores de la demanda de inconstitucionalidad que dio lugar al fallo, Carlos Lee y Juan Carlos Araúz, en momentos en que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y representantes del Judicial analizan el presupuesto para la vigencia de 2023.
Por lo pronto, el Órgano Judicial ha pedido que se le asigne para 2023 casi $140 millones más de lo que se le aprobó para la vigencia actual (2022). Es decir, $330 millones 277 mil 600.
La Procuraduría General de la Nación, que maneja para 2022 un presupuesto de 200 millones, aún no ha sustentado ante el MEF sus previsiones para el próximo año. Tampoco lo ha hecho la Procuraduría de la Administración, que para el presente año tiene un presupuesto de 6.5 millones de dólares.
El fallo de la Corte que estableció que varios artículos de la Ley 176 de 2020 (presupuesto de 2021) violaban la Constitución se emitió el 23 de diciembre de 2021, dos meses después de que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionara la Ley 248 de 29 de octubre de ese año que dictó el presupuesto general del Estado de 2022. Es decir, que sería la primera vez que tanto el Ejecutivo como el Judicial tienen la oportunidad de elaborar un presupuesto a la luz del fallo citado.
De espaldas a la ‘Constitución’
Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, dice que espera que a partir del fallo de la Corte el MEF ajuste los criterios respecto a “respetar” y “cumplir” lo establecido en la Constitución.
Advirtió que las consecuencias de los recortes al presupuesto de la administración de justicia se “podrían calificar como una falta grave por parte del Estado panameño”. Esto, explicó, debido a que hay cerca de 12 leyes aprobadas que no se han podido implementar plenamente debido a que no se tiene el presupuesto necesario.
Mencionó, por ejemplo, la Ley 55 de 2011 que establece los tribunales y juzgados de Administración de Tierras, la Ley 31 de 1998 para la Protección y Apoyo a las Víctimas del Delito, la Ley 40 de 1999 sobre el Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia y la Ley 59 de 2001 sobre la Jurisdicción Laboral.
A su vez, hizo hincapié en que el artículo 214 de la Constitución establece una prerrogativa especial respecto al presupuesto que pretende asegurar la autonomía e independencia funcional de la justicia. Por tanto, indicó, “cada vez que se ha hecho un recorte de ese presupuesto estamos frente a una violación constitucional”.
Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, dijo que “luego del fallo de la propia Corte le corresponde a este órgano del Estado exigir su cumplimiento”. Señaló que hay una acumulación de varios tribunales sin haber sido puesto en funcionamiento por falta de recursos.
A su juicio, la “alta litigiosidad” y el “crecimiento de los circuitos judiciales” requieren nueva composición y para todo esto el presupuesto es el punto de partida. “El gran problema siempre ha sido que aparentamos que todo está bien para no discutir el fondo de los problemas”, puntualizó.
Hay que recordar que si bien la demanda fue presentada por Lee y Araúz, tenía el aval del Consejo Judicial, un organismo consultivo, encargado de establecer fórmulas y proponer políticas conjuntas de colaboración para el fortalecimiento del sistema de administración de justicia, que actualmente preside el procurador de la Administración, Rigoberto González.
Vielza Ríos, secretaria administrativa del Judicial, ha dicho que este órgano del Estado tiene un déficit presupuestario acumulado de $45.7 millones. Por ello, se ha dejado de cumplir con el pago de alquileres, servicios básicos y vigencias expiradas.
Recientemente, en el programa ‘De la Mano con la Justicia’, que se transmite por Sertv, Ríos aseguró que si bien lo solicitado pudiera parecer mucho ($330 millones para 2023) este no es tan grande si se compara con los $547 millones que destina Costa Rica.
Carrera y Tribunal de Transparencia
La secretaria administrativa del Órgano Judicial, Vielza Ríos, informó que cuentan con $15 millones para la implementación de la carrera judicial que serán usados en la diferentes fases, como capacitaciones, compra de las pruebas psicológicas, equipos informáticos y consultorías.
Sobre el Tribunal de Transparencia manifestó que “tenemos los recursos y solo estamos a la espera de que el Consejo de Administración de la Carrera Judicial termine la fase del proceso de concurso para los magistrados que integrarán dicho tribunal”.
