El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó la sentencia condenatoria aplicada al exministro de Economía y Finanzas (MEF), Frank De Lima, y al exgerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Juan Carlos Pino, por la presunta comisión del delito de peculado.
De Lima y Pino fueron condenados a la pena de 80 meses de prisión por del delito de peculado por el manejo irregular de la concesión para la administración y operación de los estacionamientos en el aeropuerto –por un periodo de 20 años– que fue adjudicada por Tocumen, S.A., en julio de 2011, a través del mecanismo de contratación directa por invitación a Sky Parking, S.A.
La investigación adelantada por la Fiscalía Anticorrupción se inició a raíz de una denuncia anónima el 21 de agosto de 2014 por presuntas irregularidades en el proceso de contratación.
El fallo −que lleva la firma de los magistrados José Hoo Justiniani, Manuel Mata Avendaño y Eyda Amarilis Juárez− alega que la fiscalía se excedió en el término de investigación y que el Ministerio Público debió solicitar una prórroga para concluir la investigación.
La decisión de los magistrados precisa que si bien esta investigación se acumuló con otros procesos, en este caso puntual la fiscalía debió solicitar una extensión ante el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales.
Según el fallo de los magistrado Hoo, Avendaño y Juárez, esto produjo una violación al debido proceso, por lo que se revocó el fallo de primera instancia en donde se dictó una sentencia condenatoria.
En su fallo de primera instancia el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales dictó un veredicto absolutorio en favor de Jaime Quintero (exjefe de bienes patrimoniales de Tocumen, S.A.) y para Dionisia Inés Gutiérrez (representante legal de Sky Parking, S.A.), a quienes se les levantó las medidas cautelares de impedimento de salida del país que le habían sido impuestas por el tribunal.
Como parte de las investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción efectuó una inspección ocular en el aeropuerto para obtener la documentación de los contratos y determinó la existencia de irregularidades en el otorgamiento del contrato.
Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República reflejó una supuesta lesión patrimonial al Estado por un monto de $1.9 millones.
