La Alianza Ciudadana Pro Justicia no auguró mucho éxito a las investigaciones que anunció el Ministerio Público, por el supuesto manejo irregular de fondos asignados a las juntas comunales, alcaldías y municipios del país.
A principios de semana, la procuradora Ana Belfon informó que pidió una auditoría a la Contraloría General de la República, a cargo de Gioconda de Bianchini.
“La Procuradora General de la Nación no puede iniciar la investigación hasta tanto la Contraloría General de la República realice un audito de las juntas comunales... Según la práctica que han hecho ley las Fiscalías Anticorrupción”, señala la Alianza, en un manifiesto dado a conocer vía correo electrónico.
“La Contraloría le dará largas al asunto para esperar que todos nos olvidemos de esto. Normalmente los auditos de la Contraloría toman meses y hasta años”, remarcó la Alianza, organización que representa a más de 20 agrupaciones gremiales, ambientales y de la sociedad civil.
No es extraño que las fiscalías anticorrupción no avancen en sus investigaciones, a la espera de informes de la Contraloría. Hace dos semanas, por ejemplo, se conoció que el Juzgado Decimotercero Penal archivó provisionalmente una investigación iniciada en 2013 por supuestas irregularidades en tres contratos para equipar la sala de cuidados intensivos del Hospital Santo Tomás, por falta de pruebas y porque está pendiente una auditoría pedida a la Contraloría.
La Alianza insiste en que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) debe crear una comisión que analice todo lo relacionado con el manejo de partidas asignadas a diputados, a través de las juntas comunales.
Al respecto, el pasado 4 de junio, Magaly Castillo, directora ejecutiva de la Alianza, envió una solicitud formal a Abigail Benzadón, titular de la Antai, para crear la comisión, con participación de la sociedad civil organizada. Benzadón prontamente declinó la sugerencia, alegando que no tiene facultades.
No obstante, la Ley 33 de 2013 –que creo la Antai- sí reconoce a la entidad la potestad “para crear una comisión de investigación o estudio, mesa técnica o cualquier mecanismo para investigar administrativamente lo que ha sucedido en las juntas comunales”.
“La Autoridad de Transparencia se cruza de brazos y dice que no puede hacer nada”, reclama la Alianza. La organización tampoco cree que los diputados que toman posesión el 1 de julio se interesen en indagar sobre el tema, “ya que la mayoría están involucrados en este manejo de sumas millonarias por parte de las juntas comunales”.
Según documentos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se transfirieron 76 millones de dólares en partidas, entre 2013 y 2014.