El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, reconoció el fraccionamiento realizado en el antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN), en la actualidad Dirección de Asistencia Social (DAS), para las compras del programa “Techos de esperanza”, bajo el argumento, ya conocido, de que no estaba sujeto a la Ley 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas.
“Jurídicamente, no entiendo cómo hablan de fraccionamiento cuando el PAN no estaba sujeto a la Ley de Contratación", remarcó.
El PAN fue eximido de la Ley de Contrataciones Públicas en el 2010, durante el gobierno de Ricardo Martinelli. A la nueva DAS sí se le aplica dicha norma.
El pasado 11 de junio de 2015, el jefe del entonces PAN, en la actualidad DAS, Rafael Stanziola, elevó una consulta a la Procuraduría de la Administración para conocer si en las contrataciones de la entidad regía el principio de división de materia aplicado por la Contraloría General de la República, luego que esta entidad negara el refrendo a varias compras.
Por tal motivo, el 14 de julio de 2015, el procurador de la Administración, Rigoberto González, respondió a Stanziola que “a nuestro criterio, la Contraloría General de la República es el órgano con facultad constitucional y legal competente para fiscalizar, analizar, regular y pronunciarse sobre todos los temas que impliquen actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, incluyendo la fiscalización de la existencia o no de la división de materia”.
Stanziola sí logró el refrendo de la Contraloría, pero por "insistencia" del consejo directivo del PAN, que preside Alemán como ministro de la Presidencia.
RETROEXCAVADORAS
Alemán recordó que las compras de las retroexcavadoras fueron a empresas de “carne y hueso”, es decir, a compañías que existen y no de “papel”.
“Yo quiero que vayan y busquen las empresas que vendieron las retroexcavadoras al PAN en el gobierno de los señores que nos antecedieron, empresas de papel... que eran empresas de personas allegadas al régimen”, expresó.
Agregó que dichos proveedores cotizaban con sobreprecios y compraban las maquinarias a los distribuidores, para luego revenderlas al gobierno.
El PAN, en la administración actual, adquirió retroexcavadoras en $56 mil cada una -"las más baratas"- y $69 mil -"las más caras"-, a diferencia del gobierno anterior que -según él- compró esos equipos en $71 mil al precio "más cómodo".
"Es decir que el precio más bajo de ellos es todavía más alto, que el más alto de nosotros", señaló.
Sobre las acusaciones de división de materia en las compras, indicó que están basadas en un interés político para hacerle daño al gobierno de Juan Carlos Varela.
La semana pasada, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio al DAS y al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), por las contrataciones hechas a finales de 2014 y principios de 2015 a través del PAN, a favor del programa “Techos de esperanza”.
El 15 de enero se conoció que el contralor general de la República, Federico Humbert, había decidido no refrendar las compras del programa “Techos de esperanza”, al considerar que estas contenían “división de materia”, al ser menores a 300 mil dólares.