La Asamblea Legislativa (Parlamento) de Costa Rica aprobó este viernes 5 de octubre, en primer debate, una polémica reforma fiscal que contempla aumentos de impuestos, en medio de una prolongada huelga del sector público contra la iniciativa.
El proyecto de "ley de fortalecimiento de las finanzas públicas" fue aprobado por 35 diputados con 22 en contra, y aún debe ser sometido a un segundo debate antes de ser enviado a ratificación del presidente Carlos Alvarado.
Mientras los legisladores debatían el proyecto, centenares de trabajadores en huelga y estudiantes universitarios se congregaban frente a la sede del Congreso gritando consignas contra el proyecto fiscal.
La reforma busca contener un explosivo déficit fiscal que en 2017 alcanzó 6.2% del producto interno bruto (PIB), y llegaría a 7.2% sin la reforma, según el Banco Central.
Con el proyecto se sustituye el actual impuesto sobre la venta de 13% por un impuesto al valor agregado por el mismo porcentaje, que incluye algunos servicios excluidos del gravamen actual y que permitiría combatir la evasión tributaria.
También grava con 1% los productos de la canasta básica, que contiene los principales bienes de consumo de los sectores de menos ingresos, con un mecanismo para que lo recaudado por este tributo se invierta en programas sociales.
Sin embargo, los sindicatos del sector público se fueron a huelga el pasado 10 de septiembre contra la reforma fiscal, alegando que recarga los nuevos impuestos sobre los sectores más desprotegidos.
Por el contrario, el presidente Alvarado aseguró que el 20% de los hogares más pudientes pagarán 80% de los nuevos gravámenes.
La huelga ha perdido fuerza la última semana, y al menos tres instituciones públicas la suspendieron, pero persisten los bloqueos de carreteras en distintos puntos del país.