CONTRATOS SUSCRITOS DESDE 1980

Ecuador: Fiscales analizan 30 contratos de Odebrecht

Directivos de Odebrecht han reconocido que entregaron 33.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios ecuatorianos.

Ecuador: Fiscales analizan 30 contratos de Odebrecht
Ecuador: Fiscales analizan 30 contratos de Odebrecht

La fiscalía de Ecuador analiza unos 30 contratos suscritos por la empresa brasileña Odebrecht con el Estado ecuatoriano para verificar las condiciones en que fueron establecidos.

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El fiscal general, Galo Chiriboga, dijo en declaraciones a periodistas que están analizando unos 30 contratos relacionados con el tema no solo en el período de 2007 a 2015, sino también los contratos suscritos desde 1980, cuando esa empresa llegó al país.

Directivos de Odebrecht han reconocido que entregaron 33.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios ecuatorianos para obtener contratos con el Estado.

De momento, el exministro de Electricidad Alecksey Mosquera y un empresario allegado al exfuncionario están detenidos acusados de recibir presuntos sobornos por un millón de dólares.

Odebrecht, que tiene prohibición legal de contratar en Ecuador, construyó diversas obras de infraestructura en el país desde fines de la década de 1980 hasta el año pasado.

El gobierno del presidente Rafael Correa impulsó proyectos por alrededor de mil 600 millones de dólares con esa empresa.

Chiriboga también aseveró que se mantiene la decisión de llegar a un acuerdo de colaboración eficaz con esa firma brasileña para "darle a la justicia ecuatoriana información relevante, la trazabilidad [ruta] del dinero... en qué contratos se pagó, en qué cuentas se depositó y qué funcionario estuvo vinculado a eso".

A finales de marzo, el procurador Diego García se reunió con representantes de Odebrecht en Estados Unidos, pero no se abordó ningún acuerdo debido a que esa firma pretendía que Ecuador le asegurara la posibilidad de seguir contratando en ese país para garantizar los fondos con los cuales podría pagar una eventual indemnización.

Asimismo, la empresa pedía una declaración del Estado que indicara que los contratos firmados habían sido otorgados legalmente.


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