El proceso judicial que imputa a Valter Lavítola y al exdirector comercial de Finmeccanica, Paolo Pozzessere –por corrupción internacional en Panamá– fue nuevamente aplazado hasta el próximo mes de septiembre.
El sindicato de abogados de Italia, Unión de las Cámaras Penales (UCPI), llamó a la huelga para protestar contra la reforma de la justicia penal que aprobó el Senado a mitad de marzo y coincidió con la audiencia del caso Finmeccanica.
Los equipos legales de los acusados adhirieron a la protesta causando su retraso. Ni Lavítola ni Pozzessere se presentaron en la sede judicial.
La próxima cita será el 22 de septiembre y servirá para fijar el nuevo calendario de audiencias después de que la presidenta del anterior colegio del tribunal se jubilara.
El sistema judicial italiano es uno de los más garantistas de toda Europa y esto provoca que los abogados de los imputados puedan aferrarse a estratagemas judiciales válidas para dilatar el proceso.
Este juicio se ha visto interrumpido de manera continuada por incidentes burocráticos, argucias de los abogados y efugios de los imputados hasta el punto de que han pasado casi 3 años desde la apertura del juicio oral (el pasado 27 de junio de 2014) sin llegar a una sentencia. Es más, ahora deberá comenzar desde cero.
En octubre del año pasado los abogados de Lavítola y Pozzessere se negaron a que el nuevo colegio judicial adquiriera los atestados con la información de las pasadas audiencias y pidieron que todo el proceso empezara desde el principio para que el nuevo tribunal –erigido tras la jubilación de la anterior presidenta– accediera de primera mano a las declaraciones de los testigos y a las deposiciones de los acusados.
El fiscal Paolo Ielo acusa a Lavítola y Pozzessere de haber intentado desviar unos 25 millones de dólares en coimas que, según las diligencias judiciales, iban destinadas al entorno del expresidente panameño Ricardo Martinelli.
El ex jefe de Estado de Panamá contrató a un abogado en Italia, pero todavía no ha hecho presencia en sede judicial.