El parlamento de Nicaragua aprobó el martes una reducción de 9.2% en el presupuesto de 2018, debido a la caída en los ingresos por su larga crisis política que ha cobrado más de 300 muertos.
La reforma, la más drástica en los 11 años de gobierno del presidente Daniel Ortega, implica una reducción de los ingresos de unos 220 millones de dólares y de más de 180 millones en los gastos.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, culpó del recorte a los "golpistas", como llama el gobierno a los manifestantes que desde el pasado 18 de abril protestan en reclamo de la renuncia de Ortega.
Las manifestaciones comenzaron contra una fallida reforma al sistema de pensiones, pero tras la violenta represión se transformaron en una demanda por la salida del poder de Ortega.
El ministro dijo que antes de las protestas la economía crecía 4.3% anual, y que "los culpables deben pagar" por los daños ocasionados. El gobierno redujo proyección de crecimiento de la economía a 1% para este año, aunque cálculos independientes estiman que tendrá una contracción de 3.5%.
Acosta explicó a los legisladores que la reforma no afectará el gasto social, la inversión pública ni el empleo de servidores estatales. Según el ministro, a raíz de las protestas 8 mil 708 dueños de micro y pequeñas empresas, equivalentes a 25.3% de los empleadores afiliados al seguro social, cerraron sus negocios y 71 mil personas quedaron desempleadas.
El sector privado calcula que unas 200 mil personas quedaron sin empleo por la crisis. El turismo acumulará perdidas por 235 millones de dólares, valoró Acosta.El ministro consideró urgente recuperar la confianza para que Nicaragua recupere la estabilidad macroeconómica.
"Esta reforma es dura (...) En este momento trabajamos bajo la lógica de que el país está volviendo a los cauces de la normalidad y estabilidad", dijo el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez. El diputado, presidente de la comisión económica legislativa, señalo que debido a "la escalada golpista" no se recaudó el equivalente a dos puntos porcentuales del PIB, lo cual obliga a aplicar una reforma tributaria y fiscal.
El legislador dijo que eso se realizará "haciéndole pagar al que debe pagar", en una advertencia a los empresarios de que se revisaran las exoneraciones y exenciones, que a su juicio le cuestan al país tres puntos porcentuales del PIB.
