El fiscal general de Perú, Pedro Gonzalo Chávarry, restituyó este miércoles en sus cargos a los dos principales fiscales encargados de investigar los presuntos vínculos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht con expresidentes y políticos locales, a quienes había cesado el 31 de diciembre, informó la fiscalía.
Una resolución del Ministerio Público entregada a la prensa indicó que "deja sin efecto en todos sus extremos" el cese de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez como integrantes del equipo especial del caso Odebrecht.
La reposición de estos dos fiscales de lavados de activos resultó tan sorprendente como su arbitrario despido, a cuatro horas del final del año 2018.
La decisión respecto a los dos fiscales, muy populares entre los peruanos de a pie, se produjo después de que los sustitutos designados por Chávarry declinaran asumir sus cargos esta mañana.
El cese de Vela y Pérez había provocado una ola de protestas contra el fiscal general, en las que se exigió la renuncia de Chávarry, entre acusaciones de encubrimiento a dirigentes políticos investigados por el caso Odebrecht.
El presidente peruano, Martín Vizcarra, anunció incluso un proyecto de ley para que el Congreso declare en emergencia al Ministerio Público por obstruir las investigaciones a los casos de corrupción.
Chávarry es cuestionado severamente porque se considera que el cese de Vela y Pérez boicotea un acuerdo judicial de colaboración eficaz (delación premiada) entre la fiscalía brasileña y los fiscales peruanos despedidos para que los ejecutivos de Odebrecht aporten las pruebas documentales de presuntos pagos a políticos locales a cambio de favores.
El equipo fiscal que dirige Vela tiene a su cargo la investigación a los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), quien huyó a Estados Unidos y ahora enfrenta una petición de extradición; Ollanta Humala (2011-2016), que estuvo preso nueve meses con su esposa Nadine; Alan García (1985-1990, 2006-2011), quien buscó sin éxito asilo en la embajada de Uruguay; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció en marzo agobiado por denuncias de corrupción.
También se investiga a la líder del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien cumple prisión preventiva de 36 meses por recibir supuestamente aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht en su campaña de 2011.