Fiscales guatemaltecos no perdieron el tiempo a la hora de presionar sobre su investigación de corrupción contra el presidente del país, Otto Pérez Molina, y persuadieron a un juez para que ordenase el arraigo del mandatario solo horas después de una histórica votación parlamentaria que le retiró la inmunidad para ser procesado penalmente.
La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, dijo que la prohibición para salir del país era una "medida precautoria" y apuntó que el presidente era sospechoso de delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y de caso especial de defraudación aduanera.
Este es el mismo caso de corrupción que ya ha costado el cargo a su vicepresidenta y a varios miembros de su gobierno. Los siguientes pasos podrían incluir citar a Pérez Molina a declarar ante un juez o la posibilidad de que se solicite una orden de aprehensión.
Antes el martes, los 132 legisladores presentes en la cámara de 158 escaños, votaron de forma unánime la retirada de la inmunidad constitucional de Pérez Molina, superando con claridad la mayoría de dos tercios exigida por ley, en lo que se ha considerado un golpe sin precedentes contra la corrupción y la impunidad arraigadas en el país centroamericano.
"Guatemala está dando muestras de que nadie es superior de la ley y en consecuencia es un mensaje para todos los funcionarios públicos actuales y futuros de que nuestra actuación debe sujetarse a la Constitución", dijo Aldana en una conferencia de prensa el martes por la noche.
Pérez Molina, de 64 años, mantiene su inocencia y dijo que enfrentará la justicia. "El presidente está consciente del nuevo escenario, que no era el más deseado pero era muy probable", dijo su portavoz, Jorge Ortega, a The Associated Press, agregando que el mandatario será muy respetuoso y se someterá al estado de derecho.
La votación parlamentaria no retiró a Pérez Molina del cargo, aunque el experto en derecho constitucional Alejandro Balsells dijo que un juez podría despojarlo del puesto si se ordena su entrada en prisión y el caso avanza.
Por el momento no se han presentado cargos en su contra. Descubierto por la fiscalía y una comisión de Naciones Unidas que investiga redes criminales en Guatemala, el escándalo de corrupción identificó una trama conocida como La Línea por la que funcionarios y particulares presuntamente habrían recibido sobornos de empresarios para que les ayudaran a evadir impuestos en sus importaciones.
Se cree que la red defraudó millones de dólares al estado.
ESCÁNDALO PRESIONA A EX ALTOS FUNCIONARIOS
El escándalo ya forzó la dimisión de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, cuyo ex secretario personal fue identificado como el supuesto cabecilla de la trama. Baldetti renunció a su cargo el 8 de mayo y está en prisión preventiva a la espera de juicio acusada de recibir millones de dólares en sobornos. Un intento anterior de despojar a Pérez Molina de su inmunidad, presentado por un legislador de la oposición, no logró avanzar en el Congreso.
Esta última moción fue propuesta por la fiscalía y la comisión de la ONU. Unas 200 personas reunidas en el exterior del Congreso se abrazaron, ondearon banderas guatemaltecas y lanzaron fuegos pirotécnicos al conocer las primeras noticias de la votación, tras semanas de protestas multitudinarias exigiendo la dimisión del presidente.
Conductores hicieron sonar las bocinas de sus autos mientras la gente inmortalizaba el momento con selfies. "Su insistencia de no renunciar (de Pérez Molina) me causó frustración, pensé que no le quitarían la inmunidad", dijo Marcela Fernández, una maestra de primaria.
"Esto es un paso que ojalá sigamos manifestando cuando haya otras injusticias". Adriana Beltrán, analista sobre Guatemala de la organización Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), dijo que las investigaciones y la votación enviaban un mensaje "extraordinario" a los guatemaltecos acerca de la reforma política y el estado de derecho: "Aquellos que en un determinado momento fueron considerados intocables pueden ser llevados a la justicia". Los manifestantes reclamaron no solo la dimisión de Pérez Molina sino que se posponga la elección presidencial del próximo domingo. El mandatario sostiene que esto iría en contra de la ley.
