Durante la presentación de su informe anual, el contralor de la República, Federico Humbert, indicó que hasta el momento las auditorías efectuadas a distintos actos de la administración pasada han revelado una posible lesión conjunta por arriba de $300 millones.
Humbert, quien dio detalles de lo que ha sido su primer año de gestión, explicó que han llevado a cabo un total de 196 auditorías, de las cuales unas 150 son a juntas comunales y el resto a instituciones.
Destacó que las auditorías más relevantes y que han salido en los medios de comunicación son las practicadas a la compra de granos a través del Programa de Ayuda Nacional; compra de mochilas, alquiler de helicópteros, compra de alimentos deshidratados, compra de llantas, Cobranzas del Istmo, entre otros casos.
Sobre las auditorías a la juntas comunales, explicó que el Ministerio Público le solicitó realizar 184 auditorías, de esas 162 a juntas comunales y 22 municipios. Hasta el momento ha practicado esas diligencias a 75 juntas comunales y a 5 municipios.
Adelantó que uno de los casos más escandalosos que han encontrado ha sido en el Municipio de Río de Jesús, donde se emitieron 29 mil cheques.
En otro caso, destacó que se fraccionaron las partidas. En 15 juntas comunales que han sido ya auditadas se emitieron 308 cheques por un monto de $15 mil cada uno para una sola persona. Es decir, que recibió al final $4.6 millones.
"Nosotros debemos tener documentos por posible lesión patrimonial por arriba de 300 millones y se entregarán al Ministerio Público". Humbert.
— Contraloría Panamá (@ContraloriaPma) enero 6, 2016
"Nosotros debemos tener documentos por posible lesión patrimonial por arriba de 300 millones y se entregarán al Min.Público". Humbert.
— Contraloría General de la República de Panamá (@ContraloriaPma) January 6, 2016
Adelantó también que terminaron las auditorías a embajadas y consulados en Washington, Valencia y Río de Janeiro. Y que en estos momentos están en la embajada en India, y en los consulados Islas Canarias y Guadalajara.
En general, Humbert dijo que "en muchos casos, los fondos se manejaron de forma bastante eficiente al esconder al usuario final de dichos fondos".
Por lo que tuvieron que abrir un departamento de auditoría forense para poder investigar a fondo quién era el destinatario final. "Fue un trabajo arduo, pero los logros fueron bastante buenos", indicó.