El reloj legislativo corre. Las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional concluyen el próximo jueves 30 de abril. En la lista de temas para segundo debate está el proyecto de ley que encarna la vieja promesa de los últimos presidentes de ese órgano del Estado: la reforma al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI), la norma que define cómo funciona, vota, se organiza y se regula el propio Legislativo.
El texto, que espera segundo debate en el pleno, toca al menos 25 de los 247 artículos de la Ley 49 de 1984, el RORI vigente, y añade seis completamente nuevos. Es producto de la fusión de más de una docena de proyectos que distintas bancadas presentaron al inicio del quinquenio con promesas de transparencia, austeridad y rendición de cuentas.
Prohibir el nepotismo
En la actualidad, el nepotismo es una práctica válida en el Palacio Justo Arosemana. Hijos, cónyuges y familiares en distintos grados figuran en las planillas legislativas. El proyecto de ley propone que ningún diputado pueda nombrar personal hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad en ninguna posición de la Asamblea.
Eso abarca desde hijos y hermanos hasta primos y cuñados. También establece que toda la estructura de personal del Legislativo, permanente, transitoria, contratos de servicios profesionales o cualquier otra figura que se cree, deberá publicarse en la página web institucional. Se trata de la planilla completa, a la vista de cualquier ciudadano.
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La reforma, en papel, elimina un resquicio que existía en la clasificación del personal: los empleados nombrados en los despachos de los diputados no podrán aspirar a formar parte de la carrera del servicio legislativo, que es la figura que garantiza estabilidad laboral dentro de la Asamblea Nacional.
La práctica de “estabilizar” a colaboradores de confianza de los diputados dentro de la estructura permanente quedará, al menos en lo que dice el proyecto hasta ahora, sin respaldo reglamentario.
La pregunta que queda abierta es la misma de siempre: ¿quién fiscaliza el cumplimiento? El proyecto no crea ningún mecanismo de verificación ni establece sanción específica para el diputado que viole la prohibición.
Descuentos por ausentismo: ¿se logrará?
Uno de los cambios más esperados por la ciudadanía es el que debería tocar el bolsillo de los diputados que no trabajen.
El RORI actual dice que, si una sesión se cae por falta de quórum, los diputados principales ausentes sin justificación pierden el equivalente proporcional a un día de trabajo. Hasta el momento, no consta que esta norma se haya activado.
La reforma propone que cualquier diputado que se ausente injustificadamente de una sesión plenaria, con quórum o sin él, reciba un descuento proporcional de sus emolumentos.
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Actualmente, el sistema funciona así: cada curul puede ser ocupada por el diputado principal o por su suplente. Ambos cuentan para efectos de asistencia. Si el principal no va, puede habilitar a su suplente y la curul queda cubierta, sin descuento para ninguno de los dos.
Pero si el principal falta y, además, no activa a su suplente, ambos quedan expuestos al recorte salarial. En otras palabras, el reglamento no le exige al diputado principal estar presente en cada sesión, pero sí le exige responsabilizarse de que alguien lo represente.
Dejar la curul vacía, sin aviso y sin sustituto, es lo que tiene costo.
No obstante, el proyecto deja una pregunta sin responder: quién define qué constituye una ausencia justificada y quién tiene la potestad de validarla.
En la Comisión de Presupuesto
Otro de los cambios incide en la poderosa Comisión de Presupuesto. La reforma declara públicas las sesiones de esa instancia legislativa.
Aunque en la práctica funcionan de esa manera, no siempre ha sido así. En la presidencia de los perredistas Jaime Vargas y Crispiano Adames, varias de esas sesiones se hicieron a puertas cerradas, de espaldas a los ciudadanos y periodistas.
La opacidad también fue la constante en los periodos en que Benicio Robinson, también del PRD, presidió esa comisión.
La reforma obliga a que las sesiones plenarias se transmitan no solo por la radiodifusora oficial, como exige la ley actual, sino también por la televisora de la Asamblea, el sitio web oficial, sus canales digitales y redes sociales.
El Legislativo quedaría obligado, además, a mantener en sus plataformas las grabaciones íntegras de todas las sesiones, incluyendo las de las comisiones: un archivo digital permanente al que cualquiera pueda acudir.
Además, el presidente de la Asamblea deberá garantizar que al menos uno de esos medios ofrezca transmisión en lengua de señas panameña.
Las actas
Las actas de sesiones tendrán que publicarse en el sitio web en un máximo de 72 horas tras su aprobación. Lo mismo aplica para los informes de primer debate. Hoy no existe ningún plazo legal que obligue a esa publicación.
La dilación en publicar documentos parlamentarios ha sido una herramienta cómoda para que los proyectos polémicos avancen sin escrutinio de la sociedad civil.
Comisiones de investigación: con plazo y obligación de reportar
Otra reforma afecta a las comisiones de investigación. En el reglamento actual, estas comisiones pueden crearse para atender asuntos de interés público, están integradas por no menos de seis diputados y no tienen plazo para concluir. En la práctica, eso ha significado que algunas investigaciones se conviertan en ejercicios indefinidos sin resultados.
La reforma cambia ese esquema. Las comisiones de investigación tendrán un máximo de 90 días calendario para concluir su trabajo. Se integrarán con no menos de siete diputados, siempre en número impar, procurando representación de todas las fracciones parlamentarias.
Si el informe final contiene hallazgos que apunten a la posible comisión de un delito o una falta administrativa, el presidente de la Asamblea queda obligado a remitirlo a las autoridades competentes.
Comisiones permanentes: más reuniones, más publicidad, con sanción
Las comisiones permanentes, donde los proyectos se estudian antes de llegar al pleno, también tienen algunas modificaciones. El presidente de cada comisión debe garantizar el acceso a todos los documentos de los expedientes en poder de la comisión y publicar en las actas la correspondencia recibida de organizaciones o particulares en relación con los proyectos que estudia.
Si el presidente electo de una comisión no cumple con esa obligación, no podrá presidir comisiones en la siguiente legislatura.
Lo que quedó fuera
El proyecto no toca los emolumentos de los diputados. No reforma el esquema que les permite importar dos vehículos con exoneración de impuestos durante el período constitucional. No modifica los pasaportes diplomáticos. No reforma las dietas de los suplentes.
En los debates dentro de la comisión que procesó el proyecto, la bancada Vamos presionó por cambios en varios de esos frentes. La mayoría, articulada alrededor del oficialismo y sus aliados, impuso su criterio. La reforma que llegó al pleno es la que esa mayoría avaló.
Varios de esos privilegios han encarnado el centro del descontento ciudadano en distintas protestas a lo largo de los últimos años.
Los diputados escucharon ese malestar, prometieron en campaña que esto sería diferente y ahora presentan una reforma que mejora los mecanismos internos del Legislativo sin tocar las prebendas que generaron el enojo callejero.
La comisión que lo cocinó
El texto es producto de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, que preside la diputada Dana Castañeda, quien llegó al Palacio Justo Arosemena postulada por los partidos Realizando Metas, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Molirena y Alianza, una candidatura multipartidaria que resume el modelo político que dominó la negociación del texto.
En la comisión la acompañaron Ariel Vallarino, también de Realizando Metas, como vicepresidente; Arquesio Arias, del PRD, como secretario; Benicio Robinson, también del PRD; José Luis Varela, del Partido Panameñista; Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino; Joan Guevara, del Partido Alianza; y Yamireliz Chong y Augusto Palacios, de la bancada Vamos.
Si la Asamblea aprueba este texto antes del cierre de sesiones ordinarias, será la primera reforma sustantiva al RORI desde la Ley 143 de 2020. Si no alcanza el tiempo, el proyecto pasará a la siguiente legislatura, con el riesgo de que el impulso político que lo generó se disuelva entre otros temas y otras urgencias.
Por el momento, el legislativo tiene otra prioridad: el debate del proyecto de ley que obliga a mezclar la gasolina con 10% de etanol.
