El término “Defensor del Pueblo” está en la agenda pública. Desde hace algunas semanas, la incógnita sobre quién sería el próximo titular del cargo se mantenía sobre la mesa.
Esa duda se despejó la noche del miércoles cuando 37 diputados de la Asamblea Nacional eligieron a Ángela Russo, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, a pesar de que mucho se ha hablado del tema, surge la pregunta: ¿cuál es la función de un defensor del pueblo?
La teoría indica que su principal función es velar porque nadie vulnere los derechos humanos de los panameños. Esto incluye los derechos consagrados en la Constitución, en las leyes nacionales y en los acuerdos internacionales suscritos por Panamá, como los tratados de derechos humanos.
En esencia, se trata de garantizar que las reglas del Estado de derecho se cumplan.
Aunque no tiene facultad para condenar ni actúa como juez, sí posee la capacidad de investigar y llamar la atención a las instituciones. Puede emitir recomendaciones oficiales —que implican un deber de consideración por parte de las autoridades— para que corrijan fallas, respeten a los ciudadanos y promuevan una cultura de paz.
Sin embargo, el rol del Defensor no debe limitarse al papel; debe traducirse en acciones concretas.
Para la sociedad civil, ese papel concreto tiene roles precisos y, hasta ahora, han sido ignorados sistemáticamente. Magaly Castillo, abogada y defensora de derechos humanos, recuerda que la Defensoría dejó de ser un espacio de encuentro con la ciudadanía para convertirse en un aparato burocrático, pues recibe quejas, abre expedientes pero no responde.
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Según su diagnóstico, la institución carece de mecanismos de consulta con organizaciones y defensores de derechos humanos, lo que la convierte, dijo, “en una entidad vacía”.
¿Cuánto gana un defensor del pueblo?
De acuerdo con la planilla central del Gobierno Nacional, Eduardo Leblanc González, a quién se le venció su periodo en la entidad el pasado 31 de marzo, devengaba un salario base de $3,500, más $3,500 en gastos de representación, para un total de $7,000 mensuales.
Este monto responde a un recorte aprobado por la Asamblea Nacional en 2005, que redujo el salario original de $10,000. Aunque recientemente se han planteado iniciativas para restituir esa cifra, estas no han prosperado, manteniendo abierto el debate sobre la inversión estatal en la defensa de los derechos humanos.
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¿Y quién lo elige?
La elección recae en la Asamblea Nacional, mediante un proceso de postulación y entrevistas públicas.
De acuerdo con activistas de derechos humanos, este tema encarna la necesidad de que los diputados prioricen un perfil técnico, independiente y con sensibilidad social, por encima de los intereses partidistas.
