La diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, presentó este viernes una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación contra la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Ana Fábrega, en relación con presuntas irregularidades detectadas en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.
Brenes acudió al Ministerio Público acompañada de César Pérez, hasta hoy encargado del CAI de Tocumen, a quien identificó como testigo clave de los hechos denunciados. Pérez fue destituido del cargo, por “pérdida de confianza”.
Brenes afirmó que la acción penal responde a hechos que calificó de graves y reiterados. “Venimos a poner una denuncia por presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de los deberes de las funciones públicas”, dijo, y afirmó que las irregularidades detectadas en el centro de acogida no fueron atendidas pese a múltiples alertas internas.
La diputada le contó a los periodistas que Pérez había advertido sobre la situación del albergue mediante correos y notas dirigidas a distintos niveles de la institución. “Él ha hecho alertas por correos y otros documentos, poniendo en conocimiento del maltrato que existe dentro de albergues como el CAI de Tocumen, y hoy (viernes) ha sido desvinculado”, afirmó.
La denuncia penal presentada ante la Procuraduría General de la Nación expone una serie de presuntas irregularidades graves en el funcionamiento del CAI administrado por la entidad estatal responsable de la protección de niños, niñas y adolescentes.
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¿Qué dice la denuncia?
Consultado sobre los hallazgos que motivaron sus alertas, Pérez explicó que las irregularidades iban más allá de problemas administrativos. “Cuando tú no cumples con los derechos de los menores, ahí abarca todo: violación, maltrato, negligencia. Y había negligencia en la atención de nuestros menores”, argumentó.
Brenes respaldó esa afirmación y reiteró que la denuncia busca establecer responsabilidades más allá de una sola persona. “Todo funcionario tiene el deber de denunciar. Si no lo hace, ante delitos tan graves, se convierte en cómplice”, advirtió.
El documento describe que, tras una inspección oficial realizada el jueves 5 de febrero de 2026, se constataron condiciones de riesgo para la población bajo custodia del Estado. Se menciona a menores de edad, personas con discapacidad y adultos que siguen viviendo en el centro pese a que el albergue está destinado exclusivamente a niños, niñas y adolescentes.
La denuncia destaca la convivencia de menores con adultos, algunos con discapacidades psiquiátricas, sin planes individualizados de atención ni separación adecuada según edad, condición o nivel de riesgo.
El escrito advierte además que esta situación se mantiene desde hace meses y que fue comunicada previamente a instancias superiores sin que se adoptaran correctivos eficaces.
Infraestructura deteriorada y servicios deficientes
La denuncia también hace especial mención del deterioro severo de la infraestructura, con dormitorios sin ventilación adecuada, baños inhabilitados, camas y colchones en mal estado, falta de insumos de limpieza y riesgos físicos dentro de las instalaciones.
También se reporta la inoperatividad de áreas importantes para la conviviencia en el sitio como cocina, salones de clases, dormitorios, así como la carencia de personal suficiente para atender a la población residente.
Maltrato y posibles delitos
La denuncia también contiene relatos de presunto maltrato físico, psicológico y sexual, así como prácticas disciplinarias indebidas, como encierros. Se mencionan situaciones de autolesiones, embarazos de menores, posibles abusos sexuales entre residentes con discapacidad y falta de protocolos efectivos de protección.
La denuncia solicita que estos hechos se investiguen bajo tipos penales vinculados a delitos sexuales, maltrato a menores, trato negligente y omisión de funciones por parte de servidores públicos, conforme a disposiciones del Código Penal.
Otro eje central de la acción legal es que las irregularidades habrían sido advertidas mediante comunicaciones internas, correos electrónicos, memorandos y reportes técnicos dirigidos a instancias superiores. Pese a eso, nada cambió.
Como respaldo, se anexan informes técnicos, actas de inspección, correos electrónicos, fotografías y testimonios, y se solicita al Ministerio Público la práctica de diligencias periciales, inspección ocular y declaraciones testimoniales para preservar evidencia y esclarecer responsabilidades.
No es un tema nuevo
La diputada recordó que las alertas sobre presuntos abusos y maltrato en albergues no son nuevas. “Desde 2021 se han presentado denuncias por abuso sexual y maltrato al menor, y la realidad que hoy tenemos no es distinta”, señaló, al tiempo que cuestionó la falta de respuestas estructurales del Estado.
Pidió celeridad al Ministerio Público y llamó al Ejecutivo a asumir responsabilidades. “Los niños y la vulneración de sus derechos no pueden esperar un día más”, dijo, al insistir en que la protección de la niñez debe ser una prioridad real y no solo discursos.
