El de esta semana no es el único choque que han tenido Anel Flores y Luis Carlos Gómez Rudy en su corta trayectoria como contralor y procurador general de la Nación, respectivamente.
Ambos han sostenido una tensa relación desde que asumieron sus cargos, en enero de 2025.
El último casi todo el país lo conoce ya: la tarde del pasado jueves, Flores llegó -sin avisar y sin invitación- a las oficinas de la Fiscalía Superior Anticorrupción, ubicadas en el edificio Central Park, en la vía Transístmica, acompañado del subcontralor Omar Castillo y otros funcionarios.
Flores y su comitiva tomaron el ascensor reservado a los fiscales; se dirigieron a la sala donde la fiscal Adela Cedeño entrevistaba a dos auditoras forenses de la Contraloría General de la República, y detuvo la diligencia.
Le puede interesar: Procuraduría investiga irrupción de funcionarios de la Contraloría en entrevistas a auditores del caso Carrizo
Además, Flores impidió que las auditoras firmaran el documento donde consta su declaración.
La entrevista con las auditoras es parte de la investigación que adelanta la Fiscalía Anticorrupción contra el exvicepresidente José Gabriel ‘Gaby’ Carrizo, por presunto enriquecimiento injustificado. Seis meses antes, la Contraloría, como parte de un proceso administrativo, había ordenado el secuestro de bienes del exvicepresidente, al considerar que Carrizo no había podido justificar su patrimonio.
La diligencia que conducía la fiscal Cedeño es una rutina dentro del proceso. Los mismos informes pueden presentarse más adelante ante los tribunales durante el juicio oral.
En redes sociales circularon imágenes de la llegada del Contralor Anel Flores a una de las Fiscalías Anticorrupción, en donde interrumpe una entrevista a los auditores involucrados en el caso de José Gabriel Carrizo, exvicepresidente de Panamá.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/XwUl64KeBN
— La Prensa Panamá (@prensacom) April 10, 2026
La jornada transcurría sin mayores sobresaltos. Cerca de las 5:00 p.m., eso cambió.
Un video difundido en redes sociales muestra cuando Flores llegó con sus acompañantes. El periodista Álvaro Alvarado, uno de los primeros que distribuyó el video, comentó lo siguiente en su cuenta en X: “Imágenes de la llegada del Contralor Anel Flores a una de las Fiscalías Anticorrupción. Al parecer tuvo que ir a buscar a sus auditores forenses ya que estaban siendo interrogados como si fueran ellos los investigados. Noticia en desarrollo”.
Aquella visita seguramente no fue del agrado de la fiscal, porque posteriormente, a las 10:56 p.m., la Procuraduría General de la Nación (PGN) emitió un comunicado en el que anunció el inicio de una investigación sobre el hecho, con el propósito de “garantizar la correcta administración de justicia y la separación de poderes, pilar fundamental en un Estado democrático de derecho”.
El PGN explicó que la apertura de dicha investigación responde a una “denuncia presentada en este Despacho Superior por una Fiscal Superior Anticorrupción”.
La nota precisó que los auditores “se encontraban rindiendo entrevista dentro de una causa que se adelanta en dicho despacho por el delito de enriquecimiento injustificado, en contra de un exvicepresidente de la República”.
‘Extralimitación de funciones’
Las acciones de la PGN no quedaron ahí.
Al día siguiente, viernes, el procurador Gómez llevó el caso al Consejo Judicial, organismo que analiza situaciones que pueden afectar la autonomía de jueces y fiscales, y garantiza que las decisiones y las investigaciones se realicen con transparencia, legalidad y respeto al debido proceso. También actúa como foro para evaluar posibles extralimitaciones de autoridades.
El Colegio Nacional de Abogados (CNA), que es parte del Consejo Judicial, ya calificó la actuación del contralor como una “extralimitación de funciones”.
Cuando observó el curso de los acontecimientos, Flores (que había empezado el día desayunando tranquilamente con un grupo de comunicadores) se pronunció, vía comunicado de prensa institucional.
En ese comunicado, la Contraloría negó haber “interrumpido” alguna diligencia del Ministerio Público o interferido en investigaciones y afirma que la presencia del contralor en la fiscalía obedeció “exclusivamente” a la necesidad de conocer la situación de las dos auditores, porque ellas estaban siendo entrevistadas “por un período prolongado, superior a ocho horas”. Por tanto, había “inquietud sobre el alcance y la forma de dichas diligencias”.
Un conflicto que venía creciendo
El conflicto entre ambos no surgió de un día para otro.
Flores y Gómez acumulaban meses de roces públicos, todos con el mismo trasfondo: la dependencia de las investigaciones penales respecto a las auditorías de la Contraloría.
El primer cruce ocurrió en julio de 2025, cuando Flores, en declaraciones a La Prensa, exigió mayor celeridad en las investigaciones penales.
“Nosotros ya hicimos nuestro trabajo; ahora corresponde al Ministerio Público actuar”, dijo el contralor.
Gómez no tardó en responderle. La Procuraduría emitió un comunicado en el que reveló que enfrenta limitaciones por la falta de insumos técnicos y que, en ese momento, la Contraloría tenía pendiente de entregarles el resultado de al menos 225 auditorías.
“Las investigaciones no pueden adelantarse sin bases técnicas. Requieren rigor, legalidad y objetividad”, advirtió la nota de prensa de la PGN.
La tensión subió de nivel semanas después, cuando el procurador Gómez presentó ante la Asamblea Nacional dos proyectos de ley anticorrupción. Uno de ellos planteaba que los peritajes y auditorías necesarios para acreditar delitos no requerirían validación de la Contraloría. En la práctica, la propuesta eliminaba el nudo que durante años ha frenado investigaciones penales por corrupción: la espera de los resultados de las auditorías de la entidad.
Flores vio la propuesta como una amenaza, pues reduciría el peso de la institución que dirige en los procesos penales. Sin embargo, el proyecto tampoco prosperó en la Asamblea. El diputado oficialista Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales -que debía aprobar las propuestas de la PGN en primer debate-, llegó a decir públicamente que el país no necesitaba más herramientas para combatir la corrupción. Cuando distintos grupos y el propio Gómez empezó a pedir que la comisión discutiera y aprobara los proyectos, Camacho replicó con sorna: “Mientras más me ponen presión, más me pongo lento”.
El golpe final a la propuesta lo dio el propio presidente José Raúl Mulino, quien en octubre de 2025 retiró su respaldo a ambas iniciativas y le pidió al procurador reformularlas.
“No me gusta... En lo personal, no me gusta”, declaró el mandatario, quien supuestamente guarda un gran aprecio por Gómez, ya que fue su abogado cuando fue investigado por la compra de los radares a Selex.
Los superpoderes de Flores
Días antes al último choque público entre Gómez y Flores, la Contraloría le dio vida a la Resolución No. 3126-2025 del 23 de septiembre de 2025, documento que le confirió una especie de superpoderes al contralor.
La medida le permite ordenar secuestros sobre patrimonios y adoptar “cualesquiera otras medidas que sean necesarias para proteger los intereses públicos”, en ejecución de la Ley 351 de 2022, que amplió las facultades del ente fiscalizador.
Esos superpoderes fueron demandados en la Corte Suprema de Justicia, pero el reclamo no fue admitido.
