Un policía que ingresó a la institución a los 18 años puede pedir su jubilación a los 48, con derecho a recibir el sueldo íntegro de su último cargo, pagado en su totalidad por el Estado.
Un ciudadano común, bajo el régimen de pensiones y jubilaciones de la Caja de Seguro Social (CSS), tiene que esperar hasta los 57 años si es mujer, o 62 si es hombre, además de acumular las cuotas correspondientes.
Esa diferencia, una prerrogativa que la ley reserva a la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), le costará a los contribuyentes $109.2 millones en 2027, según el proyecto de presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública.
La ley que lo hace posible
El beneficio se sustenta en la Ley 18 de 1997, orgánica de la Policía Nacional, desarrollada por el Decreto Ejecutivo 172 de 1999.
Sus reglas son simples: 25 años de servicio consecutivo, o 30 años de servicio no consecutivo, bastan para jubilarse, sin importar la edad. Quienes ingresaron a partir del 1 de enero de 1985, por ejemplo, necesitan cumplir los 30 años.
No hay piso de edad, pues quien entra joven, sale joven y con su jubilación completa.
Mientras que un ciudadano del régimen general de la CSS que, por ejemplo, completó sus cuotas a los 52 años no podrá cobrar un solo dólar de pensión hasta que cumpla los 62 años, es decir, tendrá que esperar 10 años.
Y cuando por fin la reciba, será un monto calculado según su salario promedio y años cotizados, muy por debajo del sueldo íntegro que la ley le garantiza a un policía.
Quién paga y con qué dinero
Las jubilaciones especiales de la fuerza pública no salen de la Caja de Seguro Social, el fondo al que cotiza el resto del país, sino directamente del Presupuesto General del Estado, es decir, de los impuestos que paga todo contribuyente.
Carlos González, exdirector de Presupuesto de la Nación, admitió antes de dejar el cargo en junio de 2024 que el sistema “nace con una falla actuarial”, basado en un régimen de pensiones que nunca se diseñó con el financiamiento necesario para sostenerse a sí mismo, y que en cambio depende, año tras año, de que el Tesoro cubra la diferencia.
El propio ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, calificó las jubilaciones especiales de “insostenibles e impresentables” y advirtió que, de no corregirse, llegará un punto en que más de la mitad de la nómina del Ministerio de Seguridad Pública se destinará a pagar pensiones de retirados en lugar de salarios de personal activo.
En la Asamblea, esta fórmula es objeto de críticas constantes. Incluso, varios de los diputados han hablado de hacer cambios a la ley, pero hasta ahora eso no se ha concretado.
Millones año tras año
Los $109,220,456 para pensiones y jubilaciones que el Ministerio de Seguridad presupuestó para 2027, implican un aumento de apenas 4.8% frente a los $104.2 millones de 2026.
Esa cifra, sin embargo, es la mitad de lo que el propio ministerio solicitó al MEF: $214,923,751. El MEF le recortó $105.7 millones, el 49.2% de la solicitud.
Ese patrón, pedir mucho más, recibir un ajuste mínimo, no es nuevo. Es la fotografía más reciente de una tendencia que la propia Dirección de Presupuesto del MEF ha reconocido públicamente como insostenible.
Aquel 18 de agosto
El tema está sobre la mesa apenas unos días después de que los panameños se vieron obligados a escoger, antes del 18 de agosto pasado, entre quedarse en su régimen de pensiones actual o trasladarse al nuevo modelo que creó la Ley 462 de 2025.
La reforma dividió el sistema en tres subsistemas: el de Beneficio Definido, el Mixto y el nuevo Único de Capitalización con Garantía Solidaria, y dejó a miles de cotizantes ante una decisión técnica y, para muchos, confusa: quienes estaban en el subsistema Mixto con menos de seis años para jubilarse podían elegir entre quedarse o migrar antes de la fecha límite, mientras que los del subsistema Mixto con más tiempo por delante fueron trasladados de forma automática.
Quienes cotizaban bajo el esquema de Beneficio Definido, en cambio, permanecieron ahí salvo que decidieran lo contrario, aun cuando ese régimen limita la pensión máxima a $2,500 mensuales.
