La partida discrecional, fondos que el Ejecutivo utiliza bajo su propio criterio, una vez más regresa a la agenda pública. El diputado del circuito 8-2 (San Miguelito) Luis Duke Walker, de Vamos, presentó una propuesta de ley para prohibir estas asignaciones en la administración pública.
El anteproyecto de ley, que reposa en la Comisión de Economía y Finanzas, contiene apenas ocho artículos, pero uno de ellos, el número 3, es rotundo: “Se prohíbe la asignación en el presupuesto del Estado de partidas presupuestarias cuyo uso sea discrecional de servidores públicos. Ninguna autoridad o servidor público podrá destinar recursos públicos a ayudas, subsidios o beneficios individuales o colectivos cuando estos no se encuentren sustentados en programas institucionales previamente establecidos en el presupuesto del Estado”, se lee en el documento.
El artículo 4 contiene el alcance de la medida. Propone que la prohibición cubra los presupuestos asignados para ejecución del presidente de la República y el vicepresidente; los ministros y viceministros; directores y subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas; administradores y subadministradores de entidades autónomas o semiautónomas; secretarios generales de los ministerios o entidades autónomas y semiautónomas; secretarios ejecutivos nacionales de la Presidencia de la República; gerentes y subgerentes de empresas estatales; directores y subdirectores de ministerios y entidades autónomas, semiautónomas, empresas estatales o cualquier otra entidad pública del gobierno central o de las autoridades locales.
Para la transparencia
El artículo 5 dispone que todas las entidades públicas deberán publicar en sus portales institucionales información detallada sobre la ejecución de los recursos públicos, incluyendo traslados de partidas, créditos adicionales, ayuda social, subsidios, becas, transferencias y cualquier otro beneficio otorgado o recibido con fondos públicos. La ley definirá los campos mínimos obligatorios que deben publicarse. Hasta el momento ninguna entidad de gobierno cumple con esta disposición.
El gasto de presidente a presidente
En la exposición de motivos del proyecto, Duke Walker explica que la transparencia y el uso responsable de los fondos públicos deben constituir un pilar esencial de la administración estatal. Sin embargo, advierte que el país ha sido testigo de numerosos escándalos relacionados con gastos excesivos e injustificados, producto de vacíos legales que permiten tales prácticas.
El diputado documenta un patrón que se repite en todos los periodos presidenciales. Entre 1994 y 1999, gobierno de Ernesto Pérez Balladares, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), administración que formalizó estos recursos, se destinaron $25 millones.
Destacan al menos $200 mil para carnaval. Según reveló en su momento La Prensa, el documento daba cuenta de compras en joyerías para “atenciones del Despacho Superior”, sin especificar qué se compró, para qué ni para quién. Otros $38 mil fueron al renglón “imprevistos para cubrir el costo de tarjeta de crédito”.
De 1999 a 2004, gobierno de Mireya Moscoso, del Partido Panameñista, la partida discrecional alcanzó los $23 millones.
Duke destacó en la exposición de motivos un dato que en su momento generó escándalo: más de $588 mil en joyerías y cerca de $942 mil en tiendas de ropa de lujo.
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En la administración de 2004 a 2009, gobierno de Martín Torrijos, en ese entonces líder del PRD, el gasto de la partida discrecional llegó a $22.3 millones.
Buena parte del dinero se destinó a “servicios profesionales y asesorías”, sin detallar cuáles fueron esos servicios. También se destinaron miles de dólares en viajes y protocolos.
Entre 2009 y 2014, administración de Ricardo Martinelli, en ese momento del partido Cambio Democrático, la caja menuda del Palacio de las Garzas registró su mayor incremento histórico: $55.7 millones.
Se destacaron cirugías estéticas y donaciones políticas disfrazadas de ayuda social, entre otros gastos con dinero público.
Entre 2014 y 2019, gobierno de Juan Carlos Varela, del Partido Panameñista, se utilizaron $41.7 millones.
Se gastaron al menos $17 mil en una cirugía bariátrica del que fue su director del Consejo de Seguridad Nacional. En ese gobierno también se financiaron gastos médicos para cirugías de menores y adultos en Panamá y el extranjero.
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En la administración de Laurentino Cortizo, del PRD, el erario destinó $31.2 millones.
Una investigación de La Prensa reveló que el Ministerio de la Presidencia desembolsó al menos $711 mil para pagar cirugías bariátricas a 46 personas, realizadas en hospitales privados del país: 33 en Punta Pacífica, 8 en Panamá Clinic, 3 en San Fernando, 1 en Paitilla y 1 en el Hospital Nacional.
Hasta febrero pasado, el gobierno de José Raúl Mulino, de Realizando Metas, había gastado $2.5 millones.
Si bien una parte importante se destinó a ayudas médicas en el exterior, especialmente para menores con enfermedades cardíacas, el informe también registra gastos como la compra de equipos médicos a una empresa privada, reparación de vehículos presidenciales para atender visitantes VIP, una donación de $20 mil a la Diócesis de Chitré para la causa de beatificación de la Niña Anita, y $40 mil a una fundación para la esterilización de perros y gatos en Coclé.
La iniciativa del diputado de San Miguelito persigue tres objetivos: prohibir la asignación de estas partidas, reforzar la transparencia en el gasto público y garantizar que los recursos destinados a urgencias sean canalizados directamente a las instituciones competentes, con los controles correspondientes.
En total, desde que la partida discrecional fue formalizada en 1994 hasta febrero de 2026, los distintos gobiernos han destinado al menos $201.4 millones en gastos sin fiscalización adecuada, una cifra que el diputado Duke Walker utiliza como argumento central para sustentar la necesidad de eliminar estos recursos del Presupuesto General del Estado.
