Corren los días y los proyectos anticorrupción presentados por el procurador Luis Carlos Gómez siguen atascados en la Comisión de Gobierno de la Asamblea, instancia legislativa que preside el diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas (RM).
A ello se suma que, recientemente, la propuesta de ley para proteger a quienes denuncian la corrupción no superó el segundo debate por falta de apenas cinco votos. Una muestra de que, cuando se trata de blindar los intereses de la ciudadanía, las mayorías se diluyen y los discursos de compromiso con la transparencia se desmoronan.
Cambios al reglamento, en pausa
La cereza de este pastel la aporta una vieja deuda de los diputados con la ciudadanía: las modificaciones al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, necesarias para recortar privilegios y abrir una rendija de transparencia. En la Comisión de Credenciales, presidida por la diputada Dana Castañeda, también de RM, reposan 16 iniciativas que apuntan en esa dirección. Sin embargo, la sesión convocada esta semana para discutir el tema se desplomó por falta de quórum.
Esto, pese a que la percepción de corrupción en Panamá empeoró en 2024 en comparación con los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 de Transparencia Internacional (TI).
Crecen las denuncias vinculadas a corrupción
Hasta agosto pasado, el Ministerio Público había recibido 2,308 denuncias vinculadas a corrupción, 1,112 más que en el mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 1,196 casos. La cifra representa un aumento del 93% en solo un año, un salto que confirma la magnitud del problema y la creciente disposición ciudadana a denunciarlo.
El pasado martes en medio del lanzamiento de una campaña institucional contra la prevención de delitos sexuales, el procurador informó que el Ministerio Público adelanta más de 4 mil investigaciones (acumuladas durante años) relacionadas con actos de corrupción que incluyen casos que van desde la retención de cuotas obrero patronales, peculados millonarios, corrupción de funcionarios y malversación de fondos.
De paso adelantó que el Ministerio Público adelanta múltiples diligencias para la recolección de evidencias, pruebas e indicios para comprobar la posible comisión de delitos que hayan ocasionado en perjuicio de los fondos públicos.
43 iniciativas esperan debate
Mientras tanto, la bancada Vamos informó recientemente que entre 2024 y 2025 se acumularon 43 iniciativas presentadas por ellos que buscan robustecer las penas, eliminar la prescripción de los delitos y recuperar los bienes sustraídos, pero hasta ahora no han recibido la atención debida.
Uno de los proyectos presentados por el procurador Gómez propone la adopción de una “ley general anticorrupción”, mientras que otro modifica artículos del Código Penal relacionados con delitos contra la administración pública. Según el procurador, ambos buscan adecuar el marco penal panameño a los estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra la corrupción. Uno de ellos rescata la protección al denunciante y, de alguna manera, le hace justicia al proyecto de ley presentado por el diputado Jorge Bloise, que se ahogó en el pleno legislativo la semana pasada.
Pero Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno, reitera que no tiene prisa por discutir estos proyectos. Ni siquiera han sido prohijados. Afirma que no trabaja bajo presiones, que nada lo hará saltarse los procedimientos, e incluso le ha impregnado una cuota de sarcasmo y burla a la situación al afirmar que “mientras más me ponen presión, más me pongo lento”.
El diputado Luis Duke, miembro de la Comisión de Gobierno donde arrancan los debates de los proyectos anticorrupción, aseguró a La Prensa que lo que frena los avances es la falta de voluntad política, especialmente del presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho. Recordó que los dos proyectos presentados por el procurador general de la Nación siguen a la espera de debate, al igual que otro más que permanece en lista.
Sobre los 43 proyectos anticorrupción dijo que algunos se perdieron en el periodo anterior porque nunca entraron en discusión. “Nosotros seguimos insistiendo, enviamos un listado de las iniciativas pendientes y pedimos que se incluyan en el orden del día. No entendemos cuál es el miedo: si el que nada debe, nada teme, ¿por qué no debatirlos?”, cuestionó.
Lea aquí: Camacho lanza otro dardo al procurador: ‘No voy a saltarme procedimientos’
El costo de la corrupción
Roberto Zúñiga, jefe de la bancada independiente Vamos, puso en números lo que significa la corrupción para Panamá en las últimas dos décadas y media. Según sus cálculos, el país ha perdido alrededor de $15,500 millones en 24 años.
La estimación parte de una fórmula sencilla: al sumar todos los presupuestos generales del Estado entre esos años, el monto asciende a $308,826 millones. Si se considera que, en promedio, la corrupción representa al menos un 5% del gasto público, cifra utilizada en estudios internacionales, el resultado es claro: ese 5% equivale a $15,491 millones evaporados por prácticas corruptas.
En otras palabras, la corrupción le ha costado a Panamá casi el equivalente a un presupuesto anual completo del Estado o, visto de otra forma, los recursos para financiar varios hospitales, escuelas y obras de infraestructura.
¿Cuánto nos cuesta la corrupción? 🤔
— Roberto Zúñiga A. (@RobertoJZuniga) September 25, 2025
En 24 años, Panamá ha perdido B/.15,500 millones por la corrupción. pic.twitter.com/ezzHaZvFJg
François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, dijo a La Prensa que “la corrupción no es un crimen sin víctimas”. Su respuesta surgió cuando se le consultó por el impacto de este flagelo en la vida cotidiana. A su juicio, la corrupción golpea a las familias desde el núcleo, socavando derechos y recursos.
Una luz en el camino
Pero no todo es malo. El pasado martes, la comisión que preside Camacho acogió la llamada “ley antibotellas”, impulsada por la diputada de Vamos Janine Prado, que sanciona a los funcionarios que cobran sin trabajar y a quienes facilitan esos nombramientos.
“¿Se puede considerar este proyecto como una iniciativa contra la corrupción?”, preguntó Camacho a Prado durante la sesión.
“Sin lugar a dudas. Todo aquel que drene los recursos del Estado y ocasione una lesión patrimonial incurre en este delito. Este sería un paso importante en la lucha contra la corrupción”, respondió la diputada.
Con este ejemplo, Camacho defendió el rol de su comisión. Lo presentó como prueba de que la Comisión de Gobierno no bloquea los proyectos anticorrupción. Además, se jactó de que en el periodo pasado fue la comisión más productiva de la Asamblea Nacional.
