Aunque la Asamblea Nacional ha hecho caso omiso al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que prohíbe el pago a los diputados suplentes, expertos legales advierten que la responsabilidad no recae únicamente en el Legislativo. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República también tienen un papel clave en garantizar el cumplimiento de la resolución judicial.
Actualmente, 52 suplentes se encuentran emplanillados en la Asamblea, cada uno percibiendo un salario que varía entre $2 mil y $5 mil mensuales, según su función y cercanía con el diputado titular, en abierto desafío a la Corte Suprema de Justicia, que en 2017 prohibió su remuneración.
Para el exmagistrado Edgardo Molina Mola, si el Legislativo hace la vista gorda en este tema, tanto el MEF como la Contraloría deben asumir su rol y velar porque se cumpla la ley y los fallos de la Corte Suprema de Justicia.
“Si la Asamblea no cumple la ley, el MEF y la Contraloría deben cumplir la ley y los fallos de la Corte”, afirmó, destacando que la medida no depende únicamente del legislativo.
Molina Mola explicó que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene la obligación de no incluir la partida correspondiente en la planilla, mientras que la Contraloría debe negar u objetar el pago cuando corresponda.
“Si hay insistencia, que se haga la solicitud de viabilidad de pago. Entonces no es solo la Asamblea; ellos también son responsables”, señaló, subrayando la participación activa que deben tener estas entidades en la implementación del fallo.
Responsabilidad de la Corte
El exmagistrado también recordó que la Corte Suprema tiene un rol directo en garantizar el cumplimiento de sus decisiones. “Y tampoco dejemos a la Corte fuera; ella puede hacer funcionar el cumplimiento de sus fallos”, puntualizó, advirtiendo que la resolución es de carácter vinculante y que todas las instituciones involucradas deben actuar conforme a la ley para evitar violaciones a la normativa vigente.
La suma de los salarios de los suplentes de todas las bancadas del Legislativo supera los $117 mil 300 mensuales, según los registros de planilla disponibles, lo que equivale a más de $1.4 millones de dólares anuales.
Son sueldos destinados a personal cuyo rol es, en gran parte, eventual y que, según la prohibición judicial, no deberían percibir remuneración alguna, pero que siguen apareciendo en los libros contables de la Asamblea Nacional.
Durante la presidencia de la diputada Dana Castañeda (2024-2025) había 54 suplentes nombrados en la planilla de la Asamblea, mientras que en el quinquenio anterior (2019-2024), de los 71 diputados suplentes, 66 estaban en la planilla del Legislativo, cada uno con un salario de $2 mil al mes como “asistente técnico parlamentario”, su supuesto cargo.
La continuidad de esta práctica revela que la norma judicial de 2017 ha tenido escaso efecto en la operación diaria del Legislativo.
