El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), a través del abogado Víctor Luis Castillo, solicitó la reapertura del expediente por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en el programa ‘Mi Primer Empleo’, ejecutado durante los dos primeros años de gestión de la ex minstra de Trabajo, Alma Cortés.
Este proceso fue iniciado por la Fiscalía Segunda Anticorrupción en 2013, luego que la entonces contralora Gioconda Torres de Bianchini solicitara al Ministerio Público la apertura de una investigación sumarial por los posibles delitos contra la administración pública, por una presunta lesión patrimonial de $173 mil, luego de detectarse irregularidades en un informe de auditoría realizado al programa Mi Primer Empleo.
Este programa estaba dirigido a capacitar a más de 20 mil jóvenes de entre 18 y 29 años, desempleados, subempleados o en búsqueda de trabajo.
En la auditoría de la Contraloría se determinó que se contrató a personal no calificado para las capacitaciones y que se pagó arrendamiento por locales que no se utilizaron, ya que los talleres se dictaron en escuelas públicas.
No obstante, la entonces fiscal segunda anticorrupción, Lizzett Chevalier, solicitó el archivo provisional por no encontrar evidencias que probaran las anomalías señaladas por la Contraloría. El 4 de abril de 2014, el juzgado segundo de circuito penal del primer circuito judicial de Panamá, dictó sobreseimiento provisional en este caso.
MÁS IRREGULARIDADES
El actual secretario general del Mitradel, Samuel Riverak informó que la petición se hizo ante el juzgado segundo de circuito para que se reanuden las investigaciones se da ante el surgimiento de más irregularidades.
Explicó que tras las auditorías realizadas por la nueva administración del Mitradel, se encontró que de los participantes en los cursos habían personas de más de 29 años de edad, lo que violó la edad tope del plan, además de otras normas de contratación pública.
“Hemos encontrado suficientes elementos que pueden ser tomados por el juez para la reapertura del caso. Encontramos aproximadamente $950 mil de lesión al patrimonio del Estado y es por eso que se hace la solicitud”, indicó.
Los $950 mil de los que habla Rivera fue lo que el Mitradel pagó en su totalidad a las empresas para supuestamente capacitar a mil 87 participantes mayores de edad. También incluye el estipendio que se les dio a los alumnos.
Rivera indicó que se confirmó lo revelado por la auditoría de la Contraloría en 2013 de que se utilizaron infraestructuras públicas para capacitar.
Además, se encontraron otras irregularidades, como el hecho de que los facilitadores presentados en la propuesta económica no fueron los que capacitaron, contratos en donde no se cumplió con la práctica laboral, parcipantes extranjeros en los cursos, pagos extras de estipendios y ausencia de firmas al retirar estos cheques, ausencias de adendas de contratos, entre otras.
RELACIÓN FAMILIAR
Rivera sostuvo que también hay evidencias trianguladas de familias de la exministra de Trabajo que tenían relación con las empresas que ganaron los cursos.
Una de estas empresas es Servicios de Gestiones y Consultorías Especializadas, cuyo agente residente al momento de la contratación con el Mitradel era Sara Cortés Aguilar, hermana de la ministra Cortés, y que se benefició con dos contratos por un total de $327 mil.
La ex ministra Cortés le restó importancia a la nueva auditoría realizada por el Mitradel, y dijo estar a disposición de lo que decida el juzgado en torno a si es viable o no la reapertura de este caso.
“Solamente les pido que se respeten las garantías constitucionales y legales para que se determinen responsabilidades, pueden ser las mismas empresas que en su momento infringieron el proyecto, pero con un criterio de que todo el mundo tiene derecho y acceso a la educación no creo que allí haya ninguna irregularidad ni ningún delito”, indicó.
“Esta me imagino es una reacción del señor Juan Carlos Varela (presidente de la República) y del señor Luis Carles (titular del Mitradel) para callarme y que no siga denunciando las cosas que nosotros consideramos que violentan la democracia y la justicia”, precisó Cortés, también directiva del opositor Cambio Democrático.