En un país donde el propio presidente admite que “la plata sucia de la corrupción circula por el sistema bancario”, donde el contralor asegura que exfuncionarios mueven “caletas de plata” por el ecosistema financiero, y donde el Ministerio Público registró 1,859 imputaciones por delitos de corrupción desde enero de 2025, el gobierno no tiene una agenda anticorrupción y tampoco hay señales de que la tendrá.
En la Asamblea Nacional, el lugar donde nacen las leyes del país, iniciativas de este tipo no prosperan. La prueba está en que esta semana el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, afirmó que no volverá a presentar los proyectos de ley anticorrupción que la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales rechazó en octubre de 2025, salvo que exista lo que llamó un “ambiente de aceptación” en el Legislativo.
Lo dijo el pasado martes en la noche ante la Comisión de Presupuesto, donde fue a sustentar la cifra con la que trabajará el Ministerio Público para 2027. Le respondió una pregunta al diputado Luis Duke, de la coalición Vamos.
El diputado de San Miguelito le preguntó si volvería a presentar los proyectos que no prosperaron en la Comisión de Gobierno. Gómez defendió el contenido de esas propuestas, pero fue tajante en lo de no insistir con las propuestas en el contexto actual.
“Seré honesto, son muy importantes. Primero, porque hace un reajuste a los delitos y pone penas cónsonas a la actividad delictiva con respecto a actos contra la administración pública. Tenemos delitos con penalidades tan bajas que la realidad investigativa no afronta la prescripción de la acción penal. Eso es porque la sanción está íntimamente conectada con el término en que dura la acción penal”, dijo Gómez.
Siguió: “Eso con respecto a la parte que modificaba el Código Penal. Con respecto a la parte procesal, se buscaba implementar herramientas que permitiesen analizar la investigación, procesamiento y juzgamiento de estas causas”.
Gómez insistió en que el proyecto no fue improvisado. “Esto no es un proyecto que nace de un capricho de ideas, es un tema técnico, estudiado, analizado, comparado, entendiendo los obstáculos normativos que existían. Sin embargo, como bien usted dice, esto no prosperó en su primer debate. Esa es la naturaleza de este órgano de Estado”, dijo.
Esa noche, Gómez Rudy reveló que desde que llegó al puesto en enero de 2025, se han generado 1,859 imputaciones de delitos relacionados con corrupción. Informó que han recuperado más de $10 millones.
“Apostamos a herramientas mucho más rígidas que nos permitan lograr el combate a la corrupción”, añadió.
El papel de la Comisión de Gobierno
En octubre de 2025, la Comisión de Gobierno, entonces con el diputado Luis Eduardo Camacho como presidente, archivó las dos propuestas del procurador.
Camacho afirmó entonces que no se necesitaban más leyes para combatir la corrupción. Un discurso similar había usado el presidente José Raúl Mulino para quitarle el respaldo a las propuestas.
“A mí, en lo personal, sí me preocupa que, so pretexto de hacer justicia más rápida, quedemos en manos de fiscales que pueden estar teledirigidos a acatar órdenes y no a realizar investigaciones. Ya lo vivimos. Esa ley tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. No me gusta, en lo personal no me gusta”, manifestó el 2 de octubre de 2025 en una de sus conferencias semanales.
El costo de la corrupción
La diputada independiente Janine Prado, quien fue comisionada en la Comisión de Gobierno cuando se rechazaron los dos proyectos del procurador, calificó de “lamentable” la decisión del procurador. “Recordemos que la corrupción nos roba entre $1,500 millones y $2,000 millones por año que dejan de llegar a donde se necesitan: agua, calles, salud y muchísimo más”, sustentó.
Prado recordó que en ese periodo los diputados de partidos tradicionales no respaldaron los dos proyectos del procurador. Recordó que desde la bancada Vamos han impulsado otras iniciativas contra la corrupción, como la imprescriptibilidad de los delitos contra el Estado y la protección de denunciantes, además de un proyecto de ley presentado recientemente para recuperar bienes producto de actos ilícitos contra el Estado.
Consultada sobre si la Asamblea Nacional tiene una agenda anticorrupción, Prado fue categórica: “No existe a voluntad”. Agregó que tampoco existió durante los primeros dos años de la Comisión de Gobierno, cuando, según ella, la mayoría de los proyectos quedaron paralizados y estancados, pese a que el entonces presidente de la comisión sostenía que sí se debatían.
“Los pocos que se debatían se cercenaban con los votos en contra, pero la gran mayoría quedaron estancados sin prosperar dentro de esta comisión”, dijo, y advirtió que en el nuevo periodo la Asamblea parece que va a repetir el mismo patrón.
En el ranking de Transparencia Internacional
A Panamá no le fue bien en el último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional.
La última edición de este informe, divulgado en febrero de 2026, mostró a un Panamá estancado en la lucha anticorrupción. El país sacó un puntaje de 33 entre 182 países medidos por el IPC en 2025, el mismo lugar que logró en 2024 dentro de la escala que va de “0”, el puntaje más bajo o más corrupto, hasta “100”, el más alto o más transparente. Eso lo ubica en la posición 116.
Aún con esta calificación, el procurador dice que hay que ser respetuosos en las decisiones, en este caso del Legislativo, aunque se compartan. “Salvo que existiera un ambiente de aceptación, yo no vería por qué presentar exactamente los mismos proyectos”, manifestó.
De paso recordó que algunos diputados retomaron el contenido de sus proyectos por su cuenta, y tampoco han tenido suerte. “Esos proyectos han sido copiados por otros diputados en ese intento de lograr que avancen y han sido sometidos también al primer debate y tampoco han prosperado. Lo que se requiere es una atmósfera de Asamblea que entienda la necesidad de estos proyectos para entonces un procurador presentarlos”.
Duke habló del clamor de la gente en la calle. “Si usted ve las encuestas nacionales sobre cuáles son los problemas que más le afectan al panameño, lo primero que menciona es la corrupción”, dijo. “Yo sé que algunos colegas han presentado proyectos de ley en la línea de los que usted presentó. Sin embargo, aquí vamos a seguir haciendo el intento”, añadió.
