El nombramiento de Gisela Agurto Ayala y Carlos Villalobos Jaén como magistrados de la Corte Suprema de Justicia abrió un debate que ahora pone el foco en la Asamblea Nacional, poder del Estado presidido por el diputado del Partido Panameñista Jorge Herrera.
Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que el proceso de ratificación no puede convertirse en un trámite automático, sino en un ejercicio de control real sobre el Ejecutivo.
Las agrupaciones instaron al Legislativo a garantizar un proceso de escrutinio público, transparente y participativo, que permita una verificación objetiva de los antecedentes y un examen riguroso de las credenciales de los designados.
“La Asamblea está llamada por la Constitución a ejercer con firmeza su rol de contrapeso al Poder Ejecutivo y, sobre todo, su rol de representación del interés ciudadano”, advirtieron en un comunicado firmado por más de 20 organizaciones, entre ellas la Alianza Ciudadana Pro Justicia y La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameños de Transparencia Internacional.
‘Profunda crisis de credibilidad’
La petición de la sociedad civil surge en medio de lo que consideran una “profunda crisis de credibilidad que atraviesa la Corte”.
“Panamá necesita magistrados y magistradas que encarnen los más altos estándares éticos, actúen con transparencia, y se comprometan plenamente con la defensa de los derechos humanos. Más allá de los requisitos constitucionales, es indispensable que las personas seleccionadas respondan a un perfil que garantice independencia, integridad y compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho”, advirtieron.
Recientemente, el Órgano Judicial estuvo en el ojo de la tormenta a raíz de algunos de los privilegios que recibe: 14 mil dólares mensuales en concepto de salario y gastos de representación, acceso a un costoso seguro privado, y, a espaldas de la ciudadanía, se aprobó un acuerdo que les permitía jubilarse con el 100% de su salario. Sin embargo, este documento fue derogado tras la presión ciudadana.
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Los nuevos magistrados
El Consejo de Gabinete del pasado 9 de septiembre aprobó las designaciones para la Corte. Se trató de la primera reunión del presidente José Raúl Mulino luego de su viaje a Japón. Gisela Agurto asumirá en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo en reemplazo de Cecilio Cedalise, mientras que Carlos Villalobos ocupará la vacante de la Sala Primera de lo Civil que dejará Ángela Russo.
¿Quién es Gisela Agurto?
Agurto se desempeña como magistrada suplente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral. Es egresada de la Universidad Santa María la Antigua y posee una maestría en derecho de la Universidad de Tulane, en Luisiana, Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos como jueza del Tribunal Marítimo, jueza de juzgados municipales civiles y magistrada suplente del Tribunal Superior de Familia.
¿Quién es Carlos Villalobos?
Villalobos es abogado litigante egresado de la Universidad de Panamá, con más de dos décadas de experiencia en derecho civil, contratos bancarios y de seguros, propiedad horizontal, sucesiones, así como en recursos de casación y acciones de amparo de garantías constitucionales.
Cuenta con un posgrado en derecho Procesal Civil y ha recibido reconocimientos por parte de varias organizaciones.
El Ejecutivo realizó los nombramientos sin tomar en cuenta la opinión de la sociedad civil, ejercicio que sí se concretó en los últimos dos gobiernos.
Próxima parada: la Asamblea
En la Asamblea el trámite inicia en la Comisión de Credenciales, instancia que tiene como presidenta a la diputada oficialista Dana Castañeda, una de las figuras más cercanas al presidente Mulino.
Esa condición convierte a la comisión en un filtro importante, donde el oficialismo tendría margen para allanar el camino antes de que las hojas de vida de estos juristas sean discutidos y votados en el pleno legislativo.
Hasta el momento, el Legislativo no anunciado cuándo comenzará el proceso.
