El conflicto entre la bancada independiente Vamos y el contralor general de la República, Anel Flores, no da señales de resolverse. Después que se canceló, sin explicación, la reunión que debía celebrarse el pasado lunes 27 de abril en la sede de la Contraloría, la herida sigue sangrando.
Los diputados Roberto Zúñiga y Luis Duke, jefe y subjefe de bancada, respectivamente, se sentaron a describir el estado de una crisis que ya tiene rostros concretos: padres y madres de familia que van al trabajo todos los días sin recibir un centavo a cambio.
“Lamentablemente, de parte de la Contraloría se mantiene el estatus en que nuestros colaboradores se encuentran en licencia sin sueldo por investigación de forma arbitraria”, dijo Zúñiga, jefe de la bancada.
El diputado del circuito 8-4 fue más allá. “Cuando se usa el poder para intimidar, deja de ser control para convertirse en un abuso”.
Un cambio de estatus que nadie pidió
El desencuentro entre las dos partes se hizo público la semana pasada cuando ocho diputados de Vamos (Alexandra Brenes, Janine Prado, Jhonathan Vega, Augusto Palacios, Yamireliz Chong, Eduardo Gaitán), junto a Zúñiga y Duke, denunciaron públicamente que la Contraloría cambió el estatus laboral de un grupo de funcionarios que laboran en sus despachos dentro de la Asamblea Nacional, ubicándolos en licencia sin sueldo sin ser solicitado.
No obstante, Zúñiga y Duke explican que el personal de cada diputado es eventual, y la norma no permite que los eventuales soliciten licencia sin sueldo.
Duke lo relata así: “Para que a un funcionario se le cambie el estatus a licencia sin sueldo, lo tiene que solicitar ante la entidad nominadora, en este caso, la Asamblea, y eso no ha sucedido”.
Y añadió que la misma Asamblea lo corroboró por escrito argumentando que ni la presidencia ni la Dirección de Recursos Humanos tramitaron solicitud alguna. El presidente del Legislativo, Jorge Herrera, así lo planteó en una nota del 22 de abril dirigida a Duke. Advirtió que no consta en los archivos administrativos notificación formal alguna sobre la apertura de procesos o investigaciones contra los funcionarios mencionados.
Zúñiga, por su parte, saca a relucir ese mismo documento como respaldo:
“Nosotros recibimos una certificación por parte del Presidente (Jorge Herrera) donde dice que ninguno de estos funcionarios han solicitado una licencia sin sueldo, y que la Asamblea tampoco tiene a estos funcionarios en esa situación”.
Cuatro meses sin cobrar
Las cifras que maneja la bancada superan con creces las que acepta la Contraloría. La entidad dice que solo siete funcionarios se mantienen en suspensión de pagos, como parte de procesos de verificación e investigación iniciados desde la segunda quincena de marzo.
Vamos afirma que son 43. Duke habló de los casos: “En mi caso yo tengo personas que no cobran desde hace dos meses y sé de colegas que tienen personas que no cobran desde enero. Cuatro meses personas sin cobrar, dos meses personas sin cobrar, y en la última quincena un listado enorme de personas, más de 35, que no recibieron su salario”, contó.
El caso ya llegó a la Corte Suprema: Martita Cornejo, una abogada del despacho de la diputada Brenes, presentó un amparo de garantías constitucionales al señalar que la medida fue aplicada “de manera unilateral” y que el contralor carece de competencia para modificar el estatus laboral de un servidor público del Legislativo.
‘Extorsión’ e ‘institucionalidad’
Duke tildó el tema de “bajeza” y lo catalogó directamente como extorsión. “Utilizar esto como una medida de extorsión para querer conseguir cualquier tipo de moneda de cambio, con este tipo de presión, es delicado, altera la institucionalidad de nuestro país”.
La medida de la Contraloría surgió en medio de la discusión del proyecto de ley 443 que reafirma el uso del etanol obligatorio en el país. No obstante, el debate del proyecto se suspendió el pasado lunes.
La mayoría de los diputados de Vamos exteriorizó su rechazo al proyecto de ley. Algunos de ellos incluso han dicho que se trata de un negocio en el que participaría la familia del contralor, propietaria de uno de los cuatro ingenios azucareros integrados en producir el aditivo.
Zúñiga recordó que ellos han sido duros críticos de la irrupción de Flores en una diligencia del Ministerio Público relacionada con un caso de supuesto enriquecimiento injustificado que se le sigue al exvicepresidente José Gabriel Carrizo.
Los dos diputados cuestionaron que las críticas legislativas deban tener consecuencia alguna sobre su personal: “Nosotros vamos a seguir denunciando lo que nos parece que está mal, sea el tema del bioetanol, la irrupción en plena investigación en la Fiscalía Anticorrupción, la presión a periodistas y otros elementos más”, manifestó Zúñiga. Y planteó la pregunta que, según él, define el momento: “Si lo hace hoy frente a eso, ¿qué puede hacer mañana? ¿No refrendar porque simplemente le cae mal o porque tal persona dijo un comentario?”.
La respuesta que el jefe de bancada tiene para ese escenario es contundente: “Eso no es un Estado democrático. Eso es un Estado policíaco, de abuso de poder, que levanta las alarmas a cualquier elemento que quiera participar dentro de la vida pública. Ya pasamos por una dictadura militar, la sufrimos todos y nos costó luchar por la democracia, y yo creo que es algo que tenemos que tener muy presente”.
Sin reunión
La reunión entre Vamos y Flores estaba pactada para las 11:00 a.m. del lunes 27 de abril en la sede de la Contraloría en avenida Balboa. Se canceló sin previo aviso y sin explicación oficial.
Tras la suspensión del encuentro, Vamos emitió un comunicado en el que exige la corrección inmediata del estatus laboral de los funcionarios afectados y anuncia que recurrirá a todas las vías legales e institucionales disponibles.
Por ahora, esos 43 funcionarios siguen yendo a trabajar. Sin cobrar.
