En dos años de gestión, el gobierno de José Raúl Mulino ha comprometido al menos $9,771,355 en consultorías y estudios para el tren Panamá-David-Frontera, obra insignia de su administración.
La mayoría de esos contratos se han adjudicado de manera directa, sin licitación. La cuenta superará los $10 millones si prospera otra contratación, por $718,906, cuyo acto público enfrenta un reclamo.
Las cifras que sustentan esta nota surgen de una revisión de lo publicado en el portal Panamá Compra y de información divulgada por la Presidencia de la República, por lo que el monto real podría ser mayor, pues no todos los gastos asociados al proyecto aparecen desglosados en los registros públicos.
Una secretaría
La apuesta del Ejecutivo por el ferrocarril quedó clara desde el primer día. El 1 de julio de 2024, recién instalado en el Palacio de las Garzas, Mulino llevó a su primer Consejo de Gabinete la creación de la Secretaría Nacional del Ferrocarril, adscrita al Ministerio de la Presidencia.
Al frente del despacho quedó Henry Faarup Mauad, con un salario de $7,000 mensuales, el mismo que devenga un ministro de Estado.
La secretaría funciona en un edificio cercano a palacio y cuenta con personal adicional, pero se desconoce cuántas personas laboran allí dado que la planilla del Ministerio de la Presidencia no desglosa esa información.
Casi todos por la vía directa
Un análisis de los procesos de contratación permite establecer que al menos siete de los ocho contratos identificados se gestionaron vía contratación directa, sin licitación de por medio, una figura que la Ley de Contrataciones Públicas reserva para casos excepcionales y que arrastra críticas por parte de la ciudadanía debido a que limita la competencia y la fiscalización.
Esos siete contratos directos suman $9,622,627, es decir, el 98% del dinero comprometido hasta ahora en consultorías para el tren.
El grueso corresponde a la estadounidense Architecture, Engineering, Construction, Operations and Management (Aecom), la principal consultora del proyecto, con dos contratos directos que suman cerca de $6.4 millones.
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El primero se le otorgó en diciembre de 2024, cuando el Gobierno Nacional la contrató por $2.2 millones para la asesoría técnica del plan maestro.
Después, Aecom USA Inc. recibió $4,170,394 por la asesoría técnica y estratégica para el desarrollo de la ingeniería al 20% del tramo Albrook-Sajalices y la consolidación de los estudios del documento de factibilidad, el contrato individual más alto identificado hasta ahora.
Por esa misma vía directa obtuvo Tecnilab, S.A. un contrato de $1,186,724 para evaluar y clasificar las unidades geotécnicas a lo largo del trazado mediante sondeos, ensayos de laboratorio y pruebas de campo, insumos básicos para el diseño de las obras civiles.
Esta modalidad también se le aplicó a WSP del Istmo, S. de R.L. (Louis Berger), a quien se le encargó el estudio de impacto ambiental y social categoría III de la fase 1 del proyecto (Divisa-Albrook), a un costo de $887,000.
El turno de Renfe
La española Renfe Proyectos Internacionales, también por contratación directa, obtuvo un contrato de $338,812 para revisar los diseños de ingeniería conceptual relativos a la operación: estaciones, terminales, talleres y el puente sobre el Canal.
También figura una contratación menor, de $37,236, a nombre de Rosa Angélica Luque Atencio, consultora ambiental que durante seis meses acompañará a la Secretaría Nacional del Ferrocarril en el seguimiento del estudio de impacto ambiental.
A la lista se suma uno adjudicado a KPMG, por $802,461, para el desarrollo del modelo financiero del proyecto, pieza clave del estudio de factibilidad.
El Consejo Económico Nacional (CENA) del Ministerio de Economía y Finanzas avaló esa contratación el 4 de diciembre de 2025, con un plazo de seis meses. El consultor deberá elaborar un modelo económico dinámico y multianual para evaluar la viabilidad de la obra en un horizonte mínimo de 30 años y analizar alternativas de financiamiento, como asociaciones público-privadas o concesiones.
Esa consultoría, sin embargo, tropezó con retrasos en los procesos de refrendo. En abril de 2026, la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un traslado de partida por $561,724 para financiarla.
Solo un contrato adjudicado hasta ahora pasó por licitación pública: el de Raygians, S.A., que recibió $148,728 por la investigación, verificación y validación catastral y registral de los predios ubicados dentro del alineamiento de la fase 1 (Rodman-Divisa).
Un reclamo
A esa suma podría añadirse pronto otro contrato, por $718,906, este sí en licitación pública, para la medición y el levantamiento arquitectónico de edificaciones y el inventario forestal de cultivos y cosechas dentro de los predios del alineamiento de la fase 1 (Panamá-Divisa).
No obstante, ese acto público enfrenta un reclamo de la firma LAC Legal, cuyo representante, Diego Lacayo, pidió suspenderlo por considerar que uno de los requisitos del pliego es ambiguo y carece de sustento legal.
Si la contratación avanza, el gasto en consultorías y estudios ascenderá a por lo menos $10,490,261.
Lo que sustentó el ministro en la Asamblea
En mayo de 2025, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea para sustentar un traslado de partida por $11.1 millones destinado al proyecto ferroviario.
El ministro explicó entonces que los fondos servirían para la licitación del administrador del proyecto, el estudio de impacto ambiental, los estudios de prefactibilidad de ingeniería y la contratación de personal especializado.
Es probable que esa partida financiara varias de las consultorías aquí descritas.
Casi un año después, cuando la viceministra Luque volvió a la Asamblea por los fondos del modelo financiero, los diputados de la Comisión de Presupuesto preguntaron por el destino de aquellos $11.1 millones y por qué el Ejecutivo pedía recursos para una consultoría que, en teoría, ya debía estar contemplada.
El director de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, Aurelio Mejía, respondió que esos fondos sí se ejecutaron, redistribuidos en distintas consultorías vinculadas al proyecto, y que existen reservas presupuestarias en proceso de pago a través de la Contraloría General de la República.
Un tren que, por ahora, viaja en papel
El pasado 1 de julio, en su informe a la Nación ante la Asamblea Nacional, Mulino dedicó al tren uno de los fragmentos centrales de su discurso.
“No quiero olvidarme de la mayor promesa de campaña: el tren Panamá-David”, dijo, y aseguró que el proyecto “ha evolucionado” hacia “una obra de integración nacional que acercará provincias, impulsará la producción, atraerá inversión y abrirá nuevas oportunidades para todo el país”.
El mandatario reveló que el estudio elaborado por “una firma internacional de primer nivel” concluye que el proyecto es viable, aunque anunció que, “por responsabilidad”, un tercero internacional, independiente y objetivo validará ese resultado.
“No voy a comprometer al país con la mayor inversión de su historia, y probablemente de Centroamérica, sin la certeza de que traerá crecimiento y el progreso”, afirmó.
Un acuerdo nacional para la obra
Mulino también admitió que la obra no concluirá durante su administración y pidió un acuerdo nacional para que el tren trascienda gobiernos, “como ocurrió con el Metro de Panamá”.
Como referencia de la magnitud del esfuerzo, afirmó que solo en la elaboración de los estudios participaron 150 personas.
El tren, por ahora, avanza sobre papel.
