El modelo de gestión del Canal de Panamá no solo ha sido clave para garantizar el suministro de agua a más de 2 millones de panameños —el 55% de la población—, sino que hoy se posiciona como un caso atípico de política pública sostenida en el tiempo.
A 25 años de su implementación, la gestión de su cuenca hidrográfica evidencia algo poco frecuente en el país: continuidad, coordinación y visión de largo plazo.
Mientras gran parte del territorio enfrenta una creciente crisis de abastecimiento, la cuenca del Canal, que abarca más de 343 mil hectáreas, ha logrado integrar la protección del bosque con la seguridad hídrica. No es un resultado casual: responde a un modelo institucional que ha trascendido ciclos políticos y varias administraciones en la cuenca.

Según datos del Centro de Información Ambiental de la Cuenca (CIAC), este modelo ha sido fundamental no solo para abastecer de agua a la ciudad de Panamá, sino también para mantener la estabilidad de los ecosistemas.
De acuerdo con Ricaurte Vásquez, administrador del Canal de Panamá en la Memoria de Gestión por los 25 años de la Comisión Interinstitucional de la Cuenca del Canal de Panamá (CICH), el trabajo conjunto entre instituciones, comunidades y científicos se inició en el 2000.
Y es de esta misma manera que han respondido a los desafíos que se han presentado a lo largo de más de dos décadas.
Por otro lado, el exadministrador del Canal de Panamá, Alberto Alemán Zubieta señaló que la cuenca no se degrada sola; esa es tarea de los usuarios. Por ello, subrayó la importancia de educar a los moradores cercanos a estas fuentes de agua para que las protejan.
En esta cuenca, de acuerdo con el Censo del 2023 viven al menos 270 mil personas.
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En declaraciones que recoge la memoria, indicó que el modelo de coordinación que utiliza la CICH debe replicarse en otras cuencas, como las de Azuero, Chiriquí y Veraguas, para alcanzar el mismo nivel de protección que tiene la cuenca del Canal.

“Se ha hecho un trabajo muy importante de educación con los productores, para que quienes tienen porquerizas, ganado u otras actividades comprendan que toda la gestión en torno a las cuencas debe realizarse de manera correcta y sostenible”, señaló.
Manifestó, además, que este trabajo debe desarrollarse a través de las instituciones, que son las responsables de aportar los recursos y trabajar junto a los moradores. Añadió que “no se trata de castigar, sino de guiar”.

El ingeniero Jorge Luis Quijano, quien también fue administrador del Canal de Panamá (2012-2019) y segundo presidente de la CICH, resaltó la importancia de incluir a la empresa privada para aumentar los fondos y así ejecutar actividades clave en la cuenca con la participación de los residentes del área.
Coincidió en la necesidad de fortalecer la educación y la concienciación de quienes viven cerca de estas zonas, y advirtió que los problemas recientes en Azuero muestran “justamente” lo que ocurre cuando no se involucra a la población en el cuidado del agua.
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“No debe ser solo la autoridad la que detecte un problema y busque corregirlo: si los niños están bien capacitados, podrán alertar a la comunidad sobre los riesgos que se avecinan si no se toman las medidas necesarias”, dijo.
Por su parte, Ilya Espino de Marotta, actual subadministradora del Canal de Panamá, señaló que, si bien la cuenca ha enfrentado retos que van desde el cambio climático hasta la expansión urbana y la necesidad de prácticas productivas sostenibles, la CICH ha sido un espacio de articulación entre instituciones.

Esta visión, afirmó, ha trascendido ciclos políticos y administrativos, lo cual ha sido clave para garantizar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad, tanto para la operación del Canal como para el consumo humano.
De esta manera, la experiencia de la Comisión Interinstitucional de la Cuenca del Canal de Panamá evidencia la relevancia de la coordinación entre entidades públicas, sector privado y comunidades en la gestión de los recursos hídricos.


