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La otrora indiferente comunidad de Taboga obligó a sus autoridades a anular los acuerdos según los cuales vendieron, de forma irregular, parte de cuatro islas municipales a Ernesto Bósquez Ditrani, un panameño ligado a especuladores de tierra.
Azael Ortíz, presidente del Consejo Municipal, y José Chirú, alcalde de Taboga, firmaron los acuerdos 81, 82 y 83 mediante los cuales se autoriza la venta de 78 hectáreas de las islas desde junio de 2013, pero fueron publicados en enero pasado en Gaceta Oficial, y la comunidad se enteró.
En ellos se estableció venderle a Bósquez 61.9 hectáreas de Taboguilla; 14.8 hectáreas en Taboga; 2 hectáreas en Tórtola y 6 mil metros cuadrados en Tortolita, parte del nuevo ejido tabogano, pedido a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) supuestamente para beneficiar la titulación de sus moradores.
Bósquez no tiene derechos posesorios en ninguna de esas islas, pero le bastó con prometer un desarrollo turístico a los ediles para ser privilegiado de forma directa. Los proyectos que formaban parte de este plan de desarrollo fueron aceptados sin consulta ciudadana.
Por ello, el viernes, voceros de un grupo de moradores reclamaron la decisión al Concejo, donde sus autoridades eludieron responsabilidades criticando publicaciones de La Prensa.
“... Es la única forma que los periódicos se tienen que vender... diciendo muchas cosas”, afirmó Chirú.
“La hoja aguanta lo que sea y [los periodistas] ponen lo que les da la gana”, reclamó Ortíz por su lado.
Fue una reunión acalorada, de más de dos horas, en la que se observó a una comunidad que exigía cuentas a sus autoridades. Estas leyeron un comunicado en el que negaban la venta, lo que según el tabogano Rodolfo Benítez estaba “irrespetando la inteligencia de todos”.
Hubo gritos, manoteos, y Ortíz perdió la calma.
“Deja esa vaina... eso está derogado oye, ¿qué te pasa a ti?... ¿cuál es la necedad?”, gritó Ortíz a otro residente. Acto seguido se levantó de la mesa y amenazó con retirarse. La comunidad lo ovacionó para que se fuera y pidió su renuncia.
“Hicieron la promesa de derogar. Que se haga”, inquirió posteriormente Federico Brid, otro isleño, y luego de esta petición, el Concejo aprobó, por unanimidad, derogar los acuerdos.
Cubriendo su rostro de este diario, Ortíz admitió que la Autoridad del Canal de Panamá advirtió que no pueden vender isla Tortolita por ser patrimonio de uso de esa entidad.
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El proyecto de ampliación del corredor Sur, cuya promotora es la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), fue rechazado ayer por representantes de la sociedad civil, autoridades locales y residentes de comunidades que serán afectados por la obra.
Las opiniones en contra fueron emitidas durante un foro público que organizó la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) como parte del proceso de consulta pública para el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto de ensanche vial.
Durante el evento, que duró tres horas, las autoridades de ENA, Anam y la empresa consultora Ingeniería Avanzada trataron de justificar, sin convencer a los presentes, la importancia del proyecto y los resultados del EIA.
En ese sentido, el gerente de ENA, Rigoberto Effio, explicó que existe la “necesidad de ampliar el corredor Sur” a seis carriles desde el área de Tocumen hasta el centro de la ciudad a un costo de $509 millones. Detalló que para ello es “indispensable” la construcción de un relleno de 44 hectáreas frente a Atlapa, el cual servirá para financiar la construcción.
Además se refirió a los demás componentes del proyecto: un viaducto elevado que iría desde Atlapa a la cinta costera uno, un ramal para conectar Panamá Viejo con el corredor Sur, y la misma ampliación de la vía.
OPOSICIÓN CIUDADANA
En medio del foro público muchos de los participantes, en su mayoría residentes de comunidades impactadas por la ampliación como San Francisco, Parque Lefevre y Juan Díaz, se molestaron por la metodología impuesta por la Anam. Solo se les permitía hacer preguntas por escrito.
No obstante, los participantes insistieron en hacer cuestionamientos orales y directos para que las autoridades les respondieran, pero en muchas ocasiones no fueron aclaradas sus dudas.
Catia Rojas, residente de Coco del Mar, manifestó que la extensión del corredor Sur afectará varias comunidades cuyos moradores no han sido consultados de “forma amplia y transparente”.
Rojas denunció que ya en las calles de Coco del Mar se registran problemas de inundación, porque no cuentan con un sistema “óptimo” de alcantarillado, y hacer un relleno de 44 hectáreas agravaría la situación.
En tanto, Fernando Gómez Arbeláez, residente de Bella Vista, indicó que el foro ciudadano fue la muestra más palpable de que esa “obra no cuenta con apoyo”.
Según Gómez Arbeláez, las casetas de peaje del corredor Sur siempre terminan siendo un “cuello de botella al final del camino, donde se congestiona el tráfico”.
DAÑO PATRIMONIAL
Una de las principales inquietudes de ambientalistas, residentes y especialistas en patrimonio histórico es la construcción del ramal Ernesto T. Lefevre, uno de los componentes de la obra, que dividirá el conjunto monumental de Panamá Viejo.
Kathy Osorio, especialista en el tema patrimonial, informó que el próximo año la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) hará una nueva evaluación al conjunto monumental Panamá Viejo-Casco Antiguo, y si se encuentran con esta realidad habría la posibilidad de salir de la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad.
“Es delicado que se construya este ramal”, concluyó.
Sobre ese punto en específico, el gerente de ENA explicó que aunque el ramal está dentro del EIA, no será construido por su afectación al patrimonio histórico.
En tanto, Carlos Pérez Herrera, representante del corregimiento de San Francisco, solicitó a las autoridades que se “amplíe” el período de consultas ciudadanas y “señalen los impactos reales en las comunidades, debido a que hay muchos problemas de inundaciones”.
Para los participantes del foro es “lamentable” que la consulta pública para este proyecto se lleve a cabo en vísperas de Carnaval, cuando los panameños están ocupados en otras actividades.
