Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo
El diputado panameñista José Luis Varela reiteró hoy, martes, que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) utilizó recursos del Estado panameño para espiar las casas de él y su hermano, el presidente electo de la República, Juan Carlos Varela.
Varela recordó que ellos han demostrado que la Anati utilizó esos recursos para también espiar las viviendas de los excandidatos a la presidencia y vicepresidencia Juan Carlos Navarro y Gerardo Solís.
Agregó que ese espionaje fue de forma ilegal y por tal motivo están presentando una demanda contra el administrador y subadministrador de la Anati, Franklin Oduber y Eric García, respectivamente.
La demanda que se presentará contra Oduber y García fue por la forma en que se efectuaron esos sobrevuelos a los viviendas en diciembre de 2013.
Varela también enfatizó que tienen información “fidedigna” de que se están cambiando los expedientes de funcionarios de la Anati para hacer ver que estaban de vacaciones, “mientras el propio director confirmó que ese había sido un vuelo normal, que estaban calibrando equipo de la Anati”.
En el video que acompaña esta información vea las declaraciones completas de Varela sobre los sobrevuelos de la entidad y una petición de fondos que realizaron para comprar equipos.
La otrora indiferente comunidad de Taboga obligó a sus autoridades a anular los acuerdos según los cuales vendieron, de forma irregular, parte de cuatro islas municipales a Ernesto Bósquez Ditrani, un panameño ligado a especuladores de tierra.
Azael Ortíz, presidente del Consejo Municipal, y José Chirú, alcalde de Taboga, firmaron los acuerdos 81, 82 y 83 mediante los cuales se autoriza la venta de 78 hectáreas de las islas desde junio de 2013, pero fueron publicados en enero pasado en Gaceta Oficial, y la comunidad se enteró.
En ellos se estableció venderle a Bósquez 61.9 hectáreas de Taboguilla; 14.8 hectáreas en Taboga; 2 hectáreas en Tórtola y 6 mil metros cuadrados en Tortolita, parte del nuevo ejido tabogano, pedido a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) supuestamente para beneficiar la titulación de sus moradores.
Bósquez no tiene derechos posesorios en ninguna de esas islas, pero le bastó con prometer un desarrollo turístico a los ediles para ser privilegiado de forma directa. Los proyectos que formaban parte de este plan de desarrollo fueron aceptados sin consulta ciudadana.
Por ello, el viernes, voceros de un grupo de moradores reclamaron la decisión al Concejo, donde sus autoridades eludieron responsabilidades criticando publicaciones de La Prensa.
“... Es la única forma que los periódicos se tienen que vender... diciendo muchas cosas”, afirmó Chirú.
“La hoja aguanta lo que sea y [los periodistas] ponen lo que les da la gana”, reclamó Ortíz por su lado.
Fue una reunión acalorada, de más de dos horas, en la que se observó a una comunidad que exigía cuentas a sus autoridades. Estas leyeron un comunicado en el que negaban la venta, lo que según el tabogano Rodolfo Benítez estaba “irrespetando la inteligencia de todos”.
Hubo gritos, manoteos, y Ortíz perdió la calma.
“Deja esa vaina... eso está derogado oye, ¿qué te pasa a ti?... ¿cuál es la necedad?”, gritó Ortíz a otro residente. Acto seguido se levantó de la mesa y amenazó con retirarse. La comunidad lo ovacionó para que se fuera y pidió su renuncia.
“Hicieron la promesa de derogar. Que se haga”, inquirió posteriormente Federico Brid, otro isleño, y luego de esta petición, el Concejo aprobó, por unanimidad, derogar los acuerdos.
Cubriendo su rostro de este diario, Ortíz admitió que la Autoridad del Canal de Panamá advirtió que no pueden vender isla Tortolita por ser patrimonio de uso de esa entidad.
 |
