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Las acciones de la contralora Gioconda Torres de Bianchini volvieron a marcar la agenda ayer. En la mañana, cerca de 10 agrupaciones de la sociedad civil organizada pidieron que la Asamblea Nacional remita a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un informe detallado de la actuación “negligente e infractora” de la funcionaria, luego de su exposición ante el pleno.
En la tarde, la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) anunció la creación de una comisión que redactará una resolución sobre la comparecencia de la funcionaria en el Legislativo. La delegación estará integrada por el asesor de la bancada, el exdiputado Jerry Wilson; el diputado Ausencio Palacios y sus colegas Zulay Rodríguez y Crispiano Adames.
La sociedad civil fue más allá. Annette Planells, del Movimiento por Panamá, solicitó que el informe sea remitido a la Procuraduría General de la Nación para el análisis de todas las denuncias de sobrecostos y contrataciones fraudulentas que se dieron a conocer en las sesiones legislativas.
Planteó que el Ministerio Público está en la obligación de iniciar investigaciones.
Por su parte, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, dijo que es necesario que la CSJ autorice el inicio de una investigación penal contra Torres de Bianchini y ordene su suspensión provisional en el cargo, para lograr esclarecer los hechos.
Castillo recalcó que a partir de ayer están en estado de alerta.
La sociedad civil anunció, además, que presentará una denuncia penal por las infracciones a los deberes del servidor público en que supuestamente ha incurrido Torres de Bianchini.
La noche del miércoles 20 de agosto, último día de la comparecencia de la contralora en la Asamblea, el diputado panameñista Luis Barría habló de impulsar una resolución para que la CSJ sancione a la funcionaria por “negligencia notoria e ineptitud”.
El jefe de bancada del PRD, Leandro Ávila, rechazó la propuesta y argumentó que la Asamblea no tiene competencia para ello.
¿Apoyarán ahora la iniciativa del panameñismo? Durante el anuncio de ayer, Raúl Pineda, diputado que actuó como vocero de la bancada, dijo no poder adelantar la posición del PRD, por lo que se tendrá que esperar la redacción final del borrador de resolución.
Adelantó que el recurso que presentarán al panameñismo debe “cumplir con lo que diga la ley, y lo que el pueblo panameño espera”.
En tanto, el partido oficialista también tiene su comisión. Está integrada por los diputados José Antonio Domínguez, Luis E. Quirós y Luis Barría.
Una vez logren consenso, las dos bancadas presentarán un solo texto. “Esperamos que esta misma semana se llegue a un acuerdo”, informó Barría.
El tema de la contralora ocasionó una nueva grieta en la maltrecha relación entre el PRD y el Panameñista, que ya tenía fisuras por las diferencias en torno al proyecto de ley que propone reformas al Código Electoral.
El reemplazo de Torres de Bianchini, a quien se le vence su período el 31 de diciembre próximo, es otro de los aspectos que según fuentes consultadas genera pugna entre los dos partidos.
Los nombres que el panameñismo propone no son del agrado del PRD. Este partido considera que debe elegir contralor por tener 22 diputados en la Asamblea, mientras que su aliado 12. Pero los oficialistas muestran los puños y recuerdan quién tiene el poder en el Ejecutivo.
Por primera vez durante su administración, el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, convocó a una rueda de prensa en la sede de la entidad en Bella Vista.
Peñaloza no llamó a los medios para revelar las investigaciones que realiza, sino para quejarse de la manera como lo presiona el Tribunal Electoral (TE) y en especial su presidente, Erasmo Pinilla.
“Vamos a tener que comenzar a salir un poco más a los medios, porque se ha montado una campaña de cosas de que no tengo responsabilidad”, dijo. “Pinilla ha venido con una campaña desde que le contesté una carta muy irrespetuosa, porque yo no soy subalterno del TE. El fiscal electoral no recibe órdenes del TE”, acotó.
Peñaloza se refirió a la carta que le envió Pinilla en diciembre de 2013, en la que le solicitó su presencia para una reunión en el salón de reuniones de la sala de acuerdos del tribunal, a fin de tratar temas relacionados con el quehacer electoral.
“Yo no recibo órdenes, la Fiscalía Electoral es una entidad independiente, no dependemos de los magistrados del TE. Boris Barrios (su antecesor) también tuvo los mismos problemas por defender la institucionalidad y la independencia”, expresó el funcionario.
Este diario intentó conseguir una reacción de Pinilla, pero fue imposible hasta el cierre de la presente edición.
Sobre los procesos actuales de impugnación, el fiscal indicó que la institución que dirige solo investiga “delitos penales, no decisiones administrativas como son las impugnaciones”.
“Yo tengo que esperar que lleguemos a la fase procesal de la audiencia, que con las pruebas y demás tener una opinión objetiva”, explicó Peñaloza, quien reveló que le han remitido 24 casos de impugnaciones, 10 de ellos contra diputados, 2 contra alcaldes y 12 contra representantes de corregimiento.
Peñaloza expuso un supuesto caso en el que Pinilla puso “en sueño eterno en su despacho” un expediente que debía ser resuelto con prontitud. “Esta es una de las actuaciones de muchas que podemos sacar a la luz pública. Si me investigan, también hay méritos para hacerlo a Pinilla”, agregó.
También indicó que está dispuesto a someterse a una comparecencia ante la Asamblea Nacional, tal como lo hizo la contralora general, Gioconda Torres de Bianchini.
“Cuando uno actúa en apego a la ley y a la Constitución, nada debemos de temer”, indicó.
Frase parecida a la que dijo Torres de Bianchini a su salida del Palacio Justo Arosemena: “duermo bien, y el que duerme bien es porque va con la ley”.
Ocho grupos de la sociedad civil organizada solicitaron este martes, 26 de agosto, al Ministerio Público que abra una investigación por los supuestos sobrecostos y actos de corrupción que salieron a relucir durante la pasada concurrencia de la contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini, y otros funcionarios en la Asamblea Nacional.
Asimismo, pidieron que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorice el inicio de la investigación contra la contralora y ordene su suspensión provisional del cargo.
Torres de Bianchini compareció el 19 y 20 de agosto pasado ante el pleno legislativo para contestar un cuestionario de siete preguntas previamente preparadas y atender otros cuestionamientos de los diputados.
En su intervención, la contralora repitió en varias oportunidades que la ley no la faculta a rechazar un contrato por considerar que hay algún “sobreprecio” en la compra o porque existe un conflicto de interés entre el proveedor y la entidad contratante.
A partir de ese momento, los diputados panameñistas –inicialmente con ayuda del perredista Pedro Miguel González– decidieron promover una resolución para que la CSJ destituya a la funcionaria por ineptitud y negligencia. Sin embargo, los panameñistas –que no tienen mayoría en la Asamblea– no han conseguido el apoyo de sus colegas del PRD, con quienes mantienen un pacto de “gobernabilidad”.
EXIGEN JUSTICIA
Irma Quirós, vocera del nuevo frente denominado “Liga contra la corrupción”, dijo que durante la comparecencia de Torres de Bianchini fue obvia la confesión de irregularidades, por lo que se exige justicia. Pidió a la población tener una actitud más vigilante, en particular ante la escogencia del procurador y contralor de la República.
Diógenes Galván, integrante del Movimiento Independiente por Panamá, remarcó que las distintas organizaciones civiles están pidiendo acciones frente a los señalamientos de la contralora en la Asamblea.
“Hay que investigar la acción de ella [la contralora] y la de todo su equipo de trabajo”, agregó.
En tanto, Angélica Maytín, presidenta ejecutiva del capítulo panameño de Transparencia Internacional, pidió que no queden impunes tantos "actos irregulares que han afectado el pecunio de todos nosotros”. No puede ser posible que se vaya a la Asamblea, se acepten sobrecostos y no ocurra nada, enfatizó. “Hay que acabar con la impunidad”, señaló.
En la conferencia estuvieron representantes del Movimiento Ciudadano Anticorrupción, Alianza Ciudadana Pro Justicia, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Movin por Panamá, Liga Contra la Corrupción, Asamblea Ciudadana, Asociación Panameña de Derecho Constitucional y el Colegio Nacional de Abogados.
Los contratos celebrados por el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli nunca recibieron resistencia en la Contraloría General de la República.
Gioconda Torres de Bianchini, titular de esta institución, reiteró ayer una y otra vez que la ley no la faculta a rechazar un contrato con sobrecostos o que involucre un conflicto de intereses.
Fue su segundo día de comparecencia ante la Asamblea Nacional, órgano que citó a la funcionaria para contestar un cuestionario de siete preguntas y disipara las dudas de los diputados.
“Verificamos que cumplieran con las partidas y los pasos legales. En las leyes hay responsabilidades, y cada administración tiene la suya. Eso tiene que publicitarse para que el pueblo y las compañías vean los precios. No somos coadministradores, sino fiscalizadores”, aseguró la contralora.
De acuerdo con la funcionaria, la Contraloría está limitada a inspeccionar irregularidades y lesiones patrimoniales solamente en las auditorías correspondientes a los controles posteriores que desarrolla la institución. No obstante, Roger Cerrud, director de Fiscalización General de la Contraloría, con 25 años en el cargo, advirtió de que en gestiones anteriores el contralor rechazó refrendar los contratos que considerara nocivos al patrimonio público.
“Sí hay antecedentes”, le contestó Cerrud a una pregunta del diputado Adolfo Valderrama, presidente del Legislativo y quien utilizó las facultades de su curul para cuestionar a Torres de Bianchini. Tras responder, Cerrud recibió una mirada fulminante de su jefa, se sentó y conversó con ella casi en susurros. Durante el resto de la sesión lució nervioso.
¿DESTITUCIÓN?
Seis horas después de decenas de preguntas, el Pleno decidió formular una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para que destituya a Torres de Bianchini, quien antes de ejercer el cargo actual fue auditora de Ricamar, empresa de Martinelli.
La diligencia la presentó el panameñista Luis Barría, quien en su intervención advirtió que la misma se someterá a votación en días posteriores. El motivo: ineptitud y negligencia.
Cuando se leyó la resolución, Torres de Bianchini miraba al horizonte, con las manos entrelazadas y con ocasionales sorbos de agua.
Después de un rato, Eloy Álvarez, director de Asesoría Legal, le cedió su puesto. La funcionaria se sentó, y charló en voz muy baja con sus subordinados. Todos lucían confundidos.
La propuesta causó revuelo en el pleno. Por un lado, los miembros de Cambio Democrático (CD) golpearon con fuerza sus escritorios como protesta. Mario Miller pidió la palabra para una cuestión de orden y expresó que la nota era “maquiavélica, ilegal e irrespetuosa”.
Leandro Ávila, jefe de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) indicó que aún cuando varios de los diputados de su partido habían firmado la resolución (Pedro Miguel González), la decisión no había sido consultada con él, y que no permitiría la “individualización” de su bancada.
Además, afirmó que le parecía una “bofetada” a la contralora, ya que la resolución podía presentarse y votarse cualquier otro día.
Además de Barría y González, la iniciativa lleva la firma de José Luis Varela, Luis Eduardo Quirós, Ana Matilde Gómez, Juan Moya, Adolfo Valderrama, José Luis Castillo, Gabriel Soto y Jacobo Pérez.
La propia funcionaria se sintió afectada por el documento. “Me siento triste y disgustada, porque yo he trabajado bien”, manifestó.
La molestia de Ávila no fue tanto por la resolución, ni por su contenido, sino porque “si hay un acuerdo de gobernabilidad, todas las cosas deben ser conversadas y consultadas”.
Como jefe de bancada, Ávila desconocía el contenido de esta resolución, pero sí sabía que tenían una propuesta en camino.
“Nosotros como bancada discutiremos. No es la primera vez que el Partido Panameñista incumple nuestro acuerdo de gobernabilidad”, expresó.
Por su parte, Mario Miller calificó la acción del diputado Luis Barría como fuera de orden. “La contralora está respondiendo desde hace dos días. Pero cambian el sentido de su citación y el objetivo era maquiavélico. Pero el autor intelectual de esta resolución es Pedro Miguel González, que enredó a Luis Barría”, sostuvo.
Según el diputado no debió presentar la resolución en medio de su interrogatorio, y dijo que en eso no es competente la Asamblea.
“Me extraña que la diputada Gómez, que se da golpes de institucionalidad, apruebe esto. Se montó en una conspiración violando la Constitución y la ley”, expresó.
SIN DOCUMENTOS
Torres de Bianchini llegó ayer a la 1:55 p.m. En lugar de su Toyota Prado, arribó en una camioneta Chevrolet Tahoe. Se bajó del auto con lentes oscuros y vestida de azul.
40 minutos después pasó al pleno a continuar su comparecencia ante los diputados. Parecía más relajada, y en lugar de recogerse el pelo, como hizo el martes, prefirió llevarlo suelto.
Su rostro, sin embargo, evidenciaba el cansancio luego de las seis horas de comparecencia la noche del martes. Por delante todavía tenía ocho horas más.
A diferencia de la primera jornada, en la que el público en las gradas fomentó una trifulca que se disolvió con gas pimienta, ayer casi no había visitantes.
La primera en interrogarla fue la diputada panameñista Kathleen Levy, que la cuestionó por compras directas a un mismo proveedor y por denuncias de lesión patrimonial.
Torres de Bianchini utilizó el recurso que luego sería su frase principal para contestarle a los diputados: “No trajimos esos datos”, y “no tenemos esa información”.
Luego prometía apuntar las inquietudes y enviar por correo lo solicitado.
El siguiente en interrogar a la funcionaria fue el perredista Iván Picota, que le solicitó una explicación sobre el control previo y el control posterior, y sobre las juntas comunales.
Picota dejó claro que su intención era que la gente supiera que la junta comunal de Betania estaba siendo investigada por la Contraloría. También se refirió al manejo que le dio el expresidente Martinelli a la partida discrecional. “Ahora mismo no tenemos el dato”, ripostó Torres de Bianchini.
Héctor Valdés Carrasquilla, diputado de CD, tenía el turno de dirigirse a la funcionaria. El opositor dijo que “la contralora y sus funcionarios habían respondido de forma correcta”.
El panameñista José Antonio Domínguez continuó el cuestionario, y fue uno de los que más duro interrogó a Torres de Bianchini.
Le preguntó sobre el control previo y auditorías a varias de las obras del gobierno de Martinelli. La interrogó sobre los procesos que le ha realizado al Programa de Ayuda Nacional (PAN), institución criticada por el supuesto uso de recursos del Estado para apoyar candidatos de CD en las últimas elecciones. “Le hemos hecho cerca de 50 auditorías por las bolsas de comida”, contestó la funcionaria, quien adelantó que han salido irregularidades que fueron enviadas a la Fiscalía Anticorrupción y al Tribunal de Cuentas.
“Todos los contratos que llegaron a la Contraloría se verificaron según la ley: la parte financiera y legal. No tengo por qué tener una implicación en las auditorías posteriores”, respondió la contralora a una pregunta de la perredista Zulay Rodríguez.
Así fue la tónica de la sesión, en la que los diputados oficialistas cuestionaron a la contralora sobre temas polémicos. Los de CD prefirieron interrogarle acerca de asuntos administrativos. La mayoría de ellos tenía una hoja con una foto impresa en la que aparecían las preguntas que debían realizarle a la funcionaria. Incluso, unos utilizaron su tiempo para hablar del peligro del ébola y compararon la sesión con una “torta de huevo”.
