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CIUDAD DE MÉXICO AFP. -México amaneció este sábado horrorizado por la masacre de los 43 estudiantes desaparecidos confesada por presuntos narcotraficantes detenidos, una revelación que los padres de las víctimas se niegan a creer hasta que haya pruebas y que muchos esperan que genere una gran reacción social.
Tras casi un mes y medio sin noticias claras sobre los chicos, la fiscalía general mexicana compartió el viernes la escalofriante declaración de tres sicarios del cartel Guerreros Unidos que confesaron haber matado a los estudiantes y quemado sus cuerpos durante 14 horas para luego arrojar sus restos calcinados a un río.
Hasta ahora, la fiscalía solo había logrado reconstruir parte del crimen que arrancó la trágica noche del 26 de septiembre en Iguala (Guerrero, sur), cuando policías locales atacaron a alumnos de la combativa escuela de magisterio de Ayotzinapa que recaudaban fondos en la ciudad por orden del ahora exalcalde detenido, que quería evitar que sabotearan un acto público de su esposa.
En esos ataques fallecieron seis personas y desaparecieron los 43 alumnos, la mayoría de entre 18 y 21 años, que según confesiones de otros detenidos habrían sido entregados por policías a sicarios de Guerreros Unidos.
El crimen, que ha sido calificado por Human Rights Watch (HRW) como uno de los “más graves registrados en la historia contemporánea de México y América Latina”, ha supuesto la peor crisis desde que el presidente Enrique Peña Nieto asumió el poder en 2012 y ha generado masivas protestas por todo el país que podrían aumentar a raíz de la brutal nueva confesión.
La noche del viernes, unas 300 personas se concentraron con velas en la emblemática plaza capitalina del Ángel de la Independencia y luego se desplazaron a la sede de la fiscalía, donde pintaron en la fachada: "YaMeCanséDelMiedo".
“Siento impotencia, coraje, incredulidad a lo que dice el gobierno que pasó, hartazgo”, decía Judit Ureña, madre de una niña de siete años.
Considerando que este caso que conmocionó al mundo ya escapa de promesas como las de Peña Nieto de hacer justicia, para el historiador Lorenzo Meyer, ahora “lo importante es cómo va a reaccionar la sociedad mexicana. ¿Va a seguir tan apática como por años lo fue? ¿Tan acostumbrada a que así son las cosas?”.
“El estado de ‘shock’ espero que no sea solo mío, sino que sea compartido por mis conciudadanos. Si esto no produce un ‘shock’ entre nosotros, ya nada lo puede producir”, dijo Meyer a la AFP.
Más de 80 mil personas han sido asesinadas en México y otras 22 mil han desaparecido desde que el expresidente Felipe Calderón lanzó el combate militar contra los cárteles en 2006.
Por el momento, los agotados padres de los estudiantes son los primeros en prometer no “bajar la guardia” ante el nuevo giro en las investigaciones al que no dan crédito.
“Parece que el gobierno federal, con una gran irresponsabilidad, le interesa que esto se vaya cerrando porque todo es en base a testimonios, no hay nada certero”, dijo a la AFP Meliton Ortega, tío de un desaparecido.
En base a la confesión de los tres sicarios mostrada parcialmente en videos, el viernes, el fiscal general Jesús Murillo Karam explicó que los jóvenes fueron trasladados la noche del 26 de septiembre a un apartado basurero de la localidad de Cocula (vecina a Iguala), a donde algunos ya llegaron muertos por asfixia, y donde mataron al resto. Allí, también quemaron los cuerpos durante 14 horas y colocaron los troceados restos calcinados en bolsas de basura que vaciaron en un río cercano.
El fiscal dijo que una de las bolsas fue encontrada cerrada y que, en su interior, fueron hallados restos humanos que, por su estado de calcinación, podrían no llegar a ser nunca identificados, aunque aseguró que se ha solicitado ayuda a expertos de una universidad de Austria.
Asegurando que solo creerán esta versión si estos restos son verificados por un peritaje independiente de forenses argentinos, Ortega advierte: “Se quiere decir que aquí se acabó todo, pero nosotros estamos cada día más fuertes a pesar de la tortura y seguiremos incrementando el nivel de movilizaciones”.
MÉXICO (AFP). -México espera que la detención del exalcalde de Iguala (sur) y su esposa, considerados los autores intelectuales de los ataques a estudiantes en septiembre que acabaron con 43 desaparecidos, ayude a esclarecer la suerte de los jóvenes.
Indignados por la falta de noticias de los chicos a más de un mes de su desaparición, los familiares prevén este miércoles unirse a una nueva marcha multitudinaria de estudiantes universitarios en la Ciudad de México.
Esta manifestación, que irá desde la residencia presidencial de Los Pinos hasta la céntrica plaza del Zócalo, supondrá el arranque de tres días de huelgas, protestas y marchas universitarias que se sumarán a las numerosas protestas de las últimas semanas en todo el país para exigir justicia por el crimen.
Antes de encabezar esa marcha, un grupo de padres de las víctimas, alumnos de la combativa escuela de magisterio de Ayotzinapa, se desplazó la tarde del martes a la capital para recibir información de primera mano de la fiscalía a raíz de la crucial detención del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, en la madrugada del martes.
Conocidos como 'La pareja imperial' de Iguala por su poder y ostentación forjado en un emporio joyero, los prófugos Abarca y Pineda fueron detenidos por policías federales en una vivienda del popular barrio de Iztapalapa, en la Ciudad de México.
La pareja empezó a rendir declaración ante la fiscalía general a altas horas de la madrugada del martes, sin que se hayan conocido hasta el momento el contenido de sus esperadas revelaciones. Una joven llamada Noemí Berumen también fue detenida en el operativo por supuestamente haberlos ayudado a esconderse.
"Espero que esta detención contribuya al esclarecimiento de la investigación", manifestó el presidente Enrique Peña Nieto sobre la pareja acusada de colocar el poder público de Iguala al servicio del cártel local Guerreros Unidos.
Los hasta ahora fugitivos más buscados de México, huyeron de esa importante ciudad del empobrecido y violento estado de Guerrero cuatro días después de los ataques.
La fiscalía cree que Abarca ordenó a sus policías que reprimieran a los estudiantes la noche del 26 de septiembre por temor a que sabotearan un evento oficial encabezado por su esposa, que pretendía suceder a su marido como alcaldesa en 2015.
Al menos 22 policías de Iguala, una ciudad de 140 mil habitantes a unos 200 km del DF, están detenidos acusados de disparar a los jóvenes y entregarlos después a los Guerreros Unidos.
MÉXICO, México. (EFE). -El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, dijo hoy que "hace suyo el sentimiento de indignación" de la sociedad por la desaparición de los 43 estudiantes hace casi un mes, pero rechazó la violencia registrada ayer en Iguala durante las protestas.
"Reconozco a las miles de personas que han unido su voz y expresado su sentir en un clima de respeto y civilidad, pero también como sociedad debemos rechazar aquellas actitudes violentas que atentan derechos de terceros" y las instituciones, afirmó.
En un acto público en la capital mexicana, el mandatario consideró "incongruente exigir la aplicación de la ley con acciones que violentan el estado de derecho como las ocurridas ayer en Iguala", cuando un grupo de manifestantes quemó la Alcaldía.
Además, al concluir la movilización varias decenas de personas encapuchadas se dirigieron a la Plaza Tamarindos, donde saquearon comercios, rompieron vidrios y robaron artículos en diversos negocios.
La Policía Federal atribuyó los daños y saqueos a "un grupo de vándalos" ajenos a la movilización de maestros, estudiantes y familiares de los desaparecidos e informó que había detenido a 10 personas involucradas "en los actos de vandalismo".
Peña Nieto prometió este jueves seguir trabajando con "determinación para localizar a los estudiantes, esclarecer los hechos y aplicar toda la fuerza de la ley a los culpables".
La noche del 26 de septiembre pasado los estudiantes de la Escuela Normal (dedicada a la formación de maestros) de Ayotzinapa fueron atacados a tiros por policías en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, por órdenes del entonces alcalde, José Luis Abarca, hoy prófugo de la Justicia.
En los ataques murieron seis personas, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala y del vecino municipio de Colula y entregados al cártel Guerreros Unidos, según los testimonios de varios de los detenidos.
El presidente "hace suyo este sentimiento de indignación, de rechazo y de consternación" que ha provocado la desaparición de 43 jóvenes, afirmó y confió en que en "muy poco tiempo" sean detenidos los autores intelectuales y, "lo más importante", saber el paradero de los estudiantes.
Peña Nieto insistió en que todos los días está al frente para "apurar los esfuerzos del Gobierno" y resolver este caso que ha consternado a la sociedad mexicana.
El fiscal general, Jesús Murillo, señaló el miércoles a José Luis Abarca, a su esposa, María de los Ángeles Pineda, y al secretario de Seguridad de Iguala, Felipe Flores, como autores intelectuales de los hechos registrados el 26 de septiembre.
