Hace 4 añosPara no decepcionar, políticos que aspirarán a cargos de elección popular en 2024 hicieron fiesta de las disposiciones en torno a la veda electoral. Tanto así que, a pesar de que el Tribunal Electoral advirtió en la víspera de las fiestas la vigencia de la norma que prohíbe hacer campaña, funcionarios de este organismo que verifican que se cumplan las regulaciones electorales, descubrieron situaciones que serán investigadas para aplicar las sanciones correspondientes. El director de Organización Electoral dijo que solo el pasado sábado, se encontraron casos en Chitré, Las Tablas, Penonomé, los epicentros del carnaval. Es por ello que los ciudadanos debemos estar atentos ante la actividad proselitista, que incluye, entre otras, la propagada en vehículos o la entrega de objetos impresos con logos, nombres y eslogan de campaña de los candidatos. Esta es la única forma de garantizar un proceso electoral justo y equitativo para todos, pues si un aspirante no sigue las reglas del torneo, ¿Qué nos hace pensar que lo hará si llega a gobernar? El Tribunal Electoral ha advertido que los objetos serán decomisados si son sorprendidos en flagrancia, incluyendo la propaganda en cisternas, y que se levantarán expedientes por cada caso, es decir, que, si un candidato es sorprendido violando las normas electorales en días distintos, en cada caso se levantará una investigación que no será acumulable. Esperamos que se impongan sanciones ejemplares, pues este tipo de conducta es intolerable.
Hace 4 añosEl Tribunal Electoral (TE) ha recordado a los partidos políticos y a todos los que aspiran a cargos de elección popular por la libre postulación que estamos en un período de veda electoral, en la que las manifestaciones populares o la propaganda está prohibida. No obstante, hay políticos que burlan la prohibición con creativos métodos que hacen posible hacer campaña sin la aparente violación de las normas. Estas nuevas fórmulas deberían ser identificadas por la Fiscalía Electoral para someterlas a revisión, a fin de que se respete a cabalidad la ley, ya sea ahora –preferiblemente– o en próximas reformas al Código Electoral.
Hace 4 añosLos jóvenes panameños atraviesan un difícil momento, porque en el mercado laboral no hay cabida suficiente para ellos. Y, aunque las estadísticas son alarmantes, vemos una insensibilidad en el Gobierno, que hace muy poco para resolver los graves y complejos problemas del empleo después de la pandemia, salvo inflar la planilla estatal descaradamente y crear una casta de gente improductiva y dependiente del vaivén político.
Hace 4 añosEl proceso de negociación para que las empresas Cobre y Minera Panamá lleguen a algún acuerdo con el Gobierno transcurre en medio de un gran secretismo y con las partes enviando mensajes confusos. Queda claro que ninguna parece estar dispuesta a dar pasos atrás y la empresa minera incluso ha dicho que el proceso de arbitraje empezará tan pronto como designen a los árbitros. El Gobierno, por su parte, mantiene su decisión de suspender las operaciones comerciales y cerrar el puerto de la minera.
Hace 4 añosLa tragedia de los migrantes en Panamá, además de que en muchos casos deben hacer una peligrosa travesía por las selvas de Darién, ahora se extiende hasta un accidente vehicular en el que han perdido la vida cerca de 40 personas. Es muy lamentable, no solo porque se trata de gente que se ha visto obligada a salir de su país natal, sino por todas las penurias que pasan, para que ahora les ocurra esto en Panamá. No cabe ninguna duda de que las autoridades deben investigar a fondo lo sucedido; es su responsabilidad conocer todo lo que pasó para poder comunicarlo a los familiares de las víctimas.
Hace 4 añosNo es un secreto: nuestras cárceles son verdaderas escuelas de villanía; no existe la resocialización, mucho menos hay una reinserción en la sociedad de quienes han pagado sus delitos en esas cárceles, precisamente, porque salen mucho peor que cuando entran. El Gobierno es un completo fracaso, también en este asunto. Solo tenemos que recordar las fugas o la corrupción que reina en los reclusorios, que incluye desde meter teléfonos y satélites de contrabando hasta armas de grueso calibre, pasando por armas blancas y hasta drogas. Las armas luego sirven para eliminar enemigos o para asesinar custodios. En otras palabras, la corrupción de algunos elementos del propio sistema ha costado la vida de otros, incluso la de compañeros de trabajo. La tecnología para vigilar, prevenir o recabar inteligencia es absolutamente nula, no existe, porque al Gobierno poco le importa este tema o porque algunos vivarachos roban el dinero que podría servir para darle una segunda oportunidad a miles de panameños que se pudren en cárceles inhumanas. Esta administración tampoco cuenta con programas efectivos de prevención del delito y si sumamos a ello una justicia lenta y vulnerable, tenemos el cultivo perfecto para la proliferación de la delincuencia común y organizada. ¡Cuánta ineptitud y negligencia!
Hace 4 añosLa sinvergüenzura sigue siendo el símbolo que más identifica a la actual administración gubernamental. Con los escuálidos presupuestos nacionales y municipales que han quedado tras la pandemia, es inconcebible que alcaldes y representantes solo piensen en aumentar sus emolumentos, como los representantes en el Municipio de Santiago, que insisten en adjudicarse gastos de representación absolutamente injustificables. Para autocomplacer sus apetitos –que bien pudieran incluir sufragar con este dinero parte de sus respectivas campañas de reelección– destinarán más de $250 mil del presupuesto del Municipio. ¿Hasta dónde llega el descaro de esta gente? Nadie del Gobierno parece estar interesado en parar el despilfarro de dinero que pronto se necesitará. Alcaldes y representantes deben entender que sus cargos no les dan una carta en blanco para subirse salarios o adjudicarse dinero por servicios inexistentes. No deben pretender hacerse ricos ni esperar que el Estado les complazca sus caprichos. Son servidores públicos de un país en vías de desarrollo. No son faraones ni reyes. Son simples funcionarios, y si no les gusta el salario que acompaña sus cargos, pues renuncien. Nadie los obliga a seguir en el cargo.
Hace 4 añosLa Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) tuvo suficiente tiempo para convocar a concurso los servicios que necesitaría para organizar y hacer realidad el carnaval capitalino de este año. Pero, en vez de ello, optó por contrataciones directas y dejar todo para último minuto y así cuadrar las excusas de la inminencia de las fechas de celebración. Por ello los contratos están plagados de irregularidades, algunas bastantes obvias e inexcusables. Pero, además, nacen las suspicacias porque en estos negocios directos, casi siempre hay sobrecostos y mordidas. A ello hay que agregar la incompetencia de los funcionarios de este gobierno, que ya no tiene parangón. Desde altos cargos del Ejecutivo –que incluye, obviamente, al ministro de Obras Públicas, recientemente abochornado en un restaurante–, pasando por el alcalde de la ciudad capital, diputados y representantes de corregimiento, que en medio de la pandemia no se les ocurrió mejor idea que subirse el salario a niveles escandalosos, tanto como el equivalente a un asalto a mano armada. Lo que ocurre en la ATP es el reflejo de todo lo que está pasando en el gobierno que, llegando a sus estertores, el despojo al Estado es abierto, sin importar las consecuencias, porque sencillamente no hay castigo.
Hace 4 añosEl proyecto de ley que crea la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos, pese a que la Asamblea Nacional se niega rotundamente a discutirlo desde hace años, sigue dando de qué hablar. Si bien hay argumentos que revelan abusos que se pueden cometer con esta, lo cierto es que es necesario discutirla y, si fuera necesario, reformar el proyecto para evitar atropellos. Pero es inadmisible negarse a abordar un tema que está trastocando nuestra democracia. Hay evidencias de que el narcotráfico ha empezado a colarse en nuestras instituciones, lo cual facilita su expansión y el reclutamiento de servidores públicos que deberían combatirla desde sus respectivos cargos en los tres órganos del Estado. Además, al negarle al país contar con un instrumento para reprimir delitos financieros, se perjudica enormemente el sistema bancario. Ello, sin contar el dinero sucio de bandas criminales que financian campañas electorales, convirtiendo a funcionarios de alto perfil en sus lacayos. ¿Acaso es eso lo que está ocurriendo y por eso se resisten a tocar el tema? Esta negativa de discutir el proyecto, ¿es un mandato del crimen organizado? A veces es inevitable pensarlo.
Hace 4 añosLejos, pero no olvidadas por los contribuyentes, quedaron las promesas del alcalde de la capital de mantener –y no subir– los impuestos municipales. Y, con ayuda de la bancada oficialista del Consejo Municipal de Panamá, aumentó casi todos los impuestos sin avisar, sin divulgar, sin consultar. Es por ello que esta acción tomó por sorpresa a una población ocupada en tratar de salir adelante en medio de un virus respiratorio. Por una vez hay que reconocer y aplaudir la rápida actuación de la Sala Tercera de la Corte, que en cinco días acogió una demanda contra el Acuerdo Municipal 142 de 2022 y ordenó su suspensión provisional inmediata, al considerar que el mismo contiene elementos que pudieran afectar su legalidad y serían violatorios de la Ley 38 de 2000, que regula el procedimiento administrativo general. Para la Sala Tercera, resulta contradictorio que el acuerdo demandado se sustente en una moratoria para el pago de tributos, multas, intereses y recargos, pero también introduce incrementos en los impuestos municipales en su parte final. El alcalde y sus ediles han demostrado que los ciudadanos de la capital son su última prioridad. Los recordaremos, pero porque su contribución al bienestar ciudadano ha sido absolutamente nula.
