
El diputado panameñista José Luis Varela reiteró hoy, martes, que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) utilizó recursos del Estado panameño para espiar las casas de él y su hermano, el presidente electo de la República, Juan Carlos Varela.
Varela recordó que ellos han demostrado que la Anati utilizó esos recursos para también espiar las viviendas de los excandidatos a la presidencia y vicepresidencia Juan Carlos Navarro y Gerardo Solís.
Agregó que ese espionaje fue de forma ilegal y por tal motivo están presentando una demanda contra el administrador y subadministrador de la Anati, Franklin Oduber y Eric García, respectivamente.
La demanda que se presentará contra Oduber y García fue por la forma en que se efectuaron esos sobrevuelos a los viviendas en diciembre de 2013.
Varela también enfatizó que tienen información “fidedigna” de que se están cambiando los expedientes de funcionarios de la Anati para hacer ver que estaban de vacaciones, “mientras el propio director confirmó que ese había sido un vuelo normal, que estaban calibrando equipo de la Anati”.
En el video que acompaña esta información vea las declaraciones completas de Varela sobre los sobrevuelos de la entidad y una petición de fondos que realizaron para comprar equipos.




“Hemos tenido información, por diversas fuentes en el día de hoy, que nos hablan de que la señora María del Pilar Hurtado estaría refugiándose en alguna propiedad del presidente [Ricardo] Martinelli”, declaró el periodista colombiano Hollman Morris, quien encabeza un grupo del comité de víctimas de las escuchas telefónicas que ordenó la exjefa del Departamento Administrativo de Seguridad.
“Esos son los rumores que existen, reiteró, nos han llegado por diversas fuentes y es preciso que el Gobierno y la Corte [Suprema de Justicia] definan este caso de una vez por todas”, dijo Morris.
El comité de víctimas de las escuchas telefónicas que ordenó Hurtado está en Panamá y solicita una cita al presidente electo Juan Carlos Varela.
Morris aterrizó esta mañana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, dos semanas después de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara inconstitucional el asilo territorial que el gobierno otorgó a Hurtado, en noviembre de 2010.
El fallo fue avalado por ocho de los nueve magistrados, pero su contenido no ha sido divulgado aún, porque están pendientes algunas firmas.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos ya pidió al presidente electo Varela la extradición de la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quien es procesada en su país por interceptar las comunicaciones de más de 300 jueces, periodistas y políticos de oposición en el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
Antes de Morris y el resto de víctimas de las “chuzadas”, llegó a Panamá el director de Gestión Internacional de la Fiscalía General de Colombia, Francisco Javier Echeverry Lara, quien personalmente se reunió con la procuradora general de la Nación, Ana Belfon, y el presidente de la Corte, José Ayú Prado. A Echeverry Lara lo acompañó la embajadora de Colombia, Ángela Benedetti.
“La embajadora Benedetti y el director Echeverry se retiraron complacidos de la reunión sostenida con el magistrado presidente Ayú Prado, con el compromiso de reunirse nuevamente y mantener el canal de comunicación”, informó un boletín de la Corte.
Por lo pronto, se desconoce el paradero de Hurtado.
Con información de Rubén Polanco