Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo
Víctimas de los pinchazos ilegales que ordenó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el gobierno del colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), solicitaron al presidente Ricardo Martinelli suspender toda protección a la exjefa de esa entidad María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá desde noviembre de 2010.
Hurtado es procesada en Colombia por los delitos de concierto para delinquir agravado y violación ilícita de comunicaciones. En su gestión, el DAS espió a más de 300 jueces, periodistas y políticos opositores a Uribe.
En conferencia de prensa realizada ayer en la capital panameña, el periodista colombiano Hollman Morris dijo tener información de que Hurtado está en Panamá, refugiada en una propiedad de Martinelli.
“El presidente Martinelli está burlando a las autoridades colombianas protegiendo a Hurtado y evitando enviarla a nuestro país para que enfrente a la justicia”, destacó Morris.
“Es inadmisible que Uribe siga presionando para que se proteja a Hurtado en Panamá”, destacó.
Garantizó que si la asilada exfuncionaria se entrega a las autoridades de su país, las víctimas de las “chuzadas” velarán para que se le garantice el debido proceso.
En tanto, el presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y delegado permanente de la Federación Internacional de Derechos Humanos ante la Organización de Estados Americanos, Luis Guillermo Pérez Casas, consideró preocupante que no se conozca el contenido del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el asilo territorial a Hurtado.
Aunque el pleno de la Corte decidió hace dos semanas que el asilo no es válido, el fallo no se ha formalizado todavía porque le falta una firma.
Según la revista Semana, de Colombia, el documento se conocerá después de las elecciones presidenciales en Colombia, a celebrarse mañana.
Las víctimas del DAS piden una cita con el presidente electo Juan Carlos Varela para agilizar la extradición de Hurtado. Varela no ha respondido.
Con Morris y Pérez estuvo el abogado Ángel Álvarez, quien presentó la demanda contra el asilo a Hurtado. Álvarez consideró que la decisión de la Corte es “histórica” y “no está basada en ribetes políticos”.
Consultado al respecto, el vocero de Martinelli dijo que no comentará “bochinches” y que, en todo caso, compete a Cancillería opinar. Después cambió de parecer y dijo que este tema le toca al próximo gobierno.
(Con información de José Alberto González).
Un grupo de víctimas de las escuchas telefónicas ilegales que ordenó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia anuncio este viernes, 13 de junio, que la exjefa de esa entidad, María del Pilar Hurtado, continúa asilada en Panamá, donde goza de la protección del presidente Ricardo Martinelli.
“Señor Martinelli, cese toda protección a María del Pilar Hurtado”, expresó esta mañana Luis Guillermo Pérez Casas, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y delegado permanente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en una conferencia de prensa.
Indicó que existe la posibilidad de un acuerdo de protección para Hurtado acordado entre Martinelli y el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), en cuya administración el DAS espió a más de 300 jueces, periodistas y políticos de oposición.
“El presidente Martinelli está burlando a las autoridades colombianas negando extraditar a Hurtado”, dijo el periodista colombiano Hollman Morris, otro perseguido del DAS. “Las víctimas merecen una explicación de lo ocurrido”, agregó.
El grupo, que llegó ayer a ciudad de Panamá, para pedir agilizar la extradición de Hurtado, se retira mañana, sábado, y aún guarda la esperanza de reunirse con el presidente electo Juan Carlos Varela.
En tanto, la FIDH –a través de un comunicado– ha expresado que “existe un riego inminente” de que Hurtado abandone Panamá, luego de conocerse que la Corte Suprema declaró que su asilo territorial es inconstitucional.
El fallo no se ha oficializado aún, porque están pendiente que lo firmen varios magistrados. Hurtado dirigió el DAS entre 2007 y 2009; la central de inteligencia fue liquidada tras descubrirse la trama de espionaje. Una veintena de funcionarios de ese organismo han sido procesados.
Colombia ha intentado –sin éxito– conseguir que Panamá extradite a Hurtado para que responda ante la justicia por varios delitos, entre estos, concierto para delinquir agravado y violación ilícita de comunicaciones.
Esos delitos se le imputan por su presunta participación en los seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados, congresistas y defensores de derechos humanos ocurridas durante la era Uribe.
“Hemos tenido información, por diversas fuentes en el día de hoy, que nos hablan de que la señora María del Pilar Hurtado estaría refugiándose en alguna propiedad del presidente [Ricardo] Martinelli”, declaró el periodista colombiano Hollman Morris, quien encabeza un grupo del comité de víctimas de las escuchas telefónicas que ordenó la exjefa del Departamento Administrativo de Seguridad.
“Esos son los rumores que existen, reiteró, nos han llegado por diversas fuentes y es preciso que el Gobierno y la Corte [Suprema de Justicia] definan este caso de una vez por todas”, dijo Morris.
El comité de víctimas de las escuchas telefónicas que ordenó Hurtado está en Panamá y solicita una cita al presidente electo Juan Carlos Varela.
Morris aterrizó esta mañana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, dos semanas después de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara inconstitucional el asilo territorial que el gobierno otorgó a Hurtado, en noviembre de 2010.
El fallo fue avalado por ocho de los nueve magistrados, pero su contenido no ha sido divulgado aún, porque están pendientes algunas firmas.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos ya pidió al presidente electo Varela la extradición de la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quien es procesada en su país por interceptar las comunicaciones de más de 300 jueces, periodistas y políticos de oposición en el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
Antes de Morris y el resto de víctimas de las “chuzadas”, llegó a Panamá el director de Gestión Internacional de la Fiscalía General de Colombia, Francisco Javier Echeverry Lara, quien personalmente se reunió con la procuradora general de la Nación, Ana Belfon, y el presidente de la Corte, José Ayú Prado. A Echeverry Lara lo acompañó la embajadora de Colombia, Ángela Benedetti.
“La embajadora Benedetti y el director Echeverry se retiraron complacidos de la reunión sostenida con el magistrado presidente Ayú Prado, con el compromiso de reunirse nuevamente y mantener el canal de comunicación”, informó un boletín de la Corte.
Por lo pronto, se desconoce el paradero de Hurtado.
Con información de Rubén Polanco
