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La empresa Mi Bus, que opera el sistema de transporte Metro Bus, formalizó su decisión en la que desestima la demanda de arbitraje contra el Estado.
Así lo informó el ministro de Gobierno Milton Henríquez, quien adelanta negociaciones con Mi Bus para establecer medidas que mejoren el servicio del transporte público. Henríquez dijo que la suspensión de la demanda es de "forma incondicional".
La empresa Transporte Masivo de Panamá, S.A., concesionaria de Mi Bus, presentó la demanda ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en París, Francia, por incumplimiento del contrato.
De acuerdo con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Mi Bus ha incumplido sus obligaciones y perjudicado a los usuarios del sistema de transporte en los distritos de Panamá y San Miguelito.
Los usuarios se han quejado, entre otras cosas, de la falta de frecuencia de los buses.
El Gobierno panameño decidió suspender el contrato para la instalación de 19 radares, adquiridos por $125 millones a la empresa Selex Sistemi Integrati, filial del conglomerado italiano Finmeccanica, debido a "serias deficiencias en el desempeño de los equipos instalados".
La decisión fue adoptada esta tarde en Consejo de Gabinete y comunicada poco después de las 7:00 p.m. en una conferencia de prensa encabeza por la vicepresidenta y canciller de la República, Isabel Saint Malo de Alvarado, y los ministros Rodolfo Aguilera, de Seguridad Pública, y Dulcidio de la Guardia, de Economía y Finanzas.
"Los análisis técnicos indican que los equipos instalados a la fecha no cumplen con el alcance pactado en dicho contrato para que puedan ser de utilidad a los estamentos de seguridad, en la lucha contra el narcotráfico y contra las actividades del crimen organizado", según un comunicado divulgado por la Presidencia de la República.
Aguilera informó que la administración de Ricardo Martinelli –presidente hasta el 1 de julio pasado- recibió y pagó siete de los 19 radares "sin objeción".
Aseguró que ahora el Ministerio de Seguridad Pública exigirá Selex que, a la mayor brevedad, habilite los siete radares ya instalados y que realice pruebas "para demostrar si las deficiencias en el alcance pactado de los radares pueden ser corregidas, o de lo contrario se requiere la instalación de un nuevo equipo".
Esta nueva acción del Gobierno impedirá al contratista presentar "nuevas cuentas por cobrar al Estado".
"Panamá compró un sistema con unas características y el que se está instalando no brinda hasta el momento las prestaciones que se exigen en el contrato", dijo Aguilera.
ACCIONES LEGALES
"Legalmente, el Gobierno de la República de Panamá ha estructurado un equipo de abogados especialistas para iniciar las acciones legales tanto en Panamá como en Italia, en atención a las situaciones descubiertas en la ejecución de este contrato. Separadamente, este equipo dará seguimiento y contribuirá con los procesos e investigaciones que se desarrollan en Italia en relación con el contrato entre Panamá y Selex/Finmeccanica, además de presentar otras acciones legales a las que haya lugar", destaca el boletín de la Presidencia.
El comisionado del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Joel Laniado, informó que a partir del 1 de abril de este año asumieron el mantenimiento y administración del personal que opera los radares.
Y que en abril, mayo y junio realizaron pruebas del alcance de los radares con embarcaciones de un tamaño determinado para conocer si "coincidían" las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato.
Ante la pregunta de si Senan no había sido tomado en cuenta antes del 1 de abril, Laniado respondió: "es correcto, al Senan no se le consultó sobre las especificaciones técnicas del radar".
La compra de los radares, por $125 millones, fue pactada como parte de un "memorando de entendimiento de cooperación técnica en materia de seguridad" entre los gobiernos de Italia y Panamá, suscrito el 30 de junio de 2010. El mismo también incluye la compra de un mapa cartográfico y seis helicópteros a las empresas Telespazio y Agusta Westland, ambas también del conglomerado Finmeccanica. En total, las compras del gobierno de Martinelli a Finmeccanica totalizaron $250 millones.
Las compras a Finmeccanica desataron uno de los mayores escándalos del gobierno de Martinelli, cuyo personaje principal, además del gobernante, es el italiano Valter Lavítola, quien pretendía el cobro de una comisión de $25 millones de estos contratos para ser depositados en cuentas a nombre de una compañía panameña llamada Agafia Corp.
El equipo de radares serían instalados en un radio de acción de 72.2 kilómetros (39 millas náuticas), y hasta 457.2 metros (mil 500 pies) de altura. El centro de operaciones está en la antigua base de Sherman.
El 30 de junio pasado, el último día de la administración Martinelli, el entonces ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, informó a los medios que ocho –no siete, como dice Aguilera- de los 19 radares habían sido instalados, mientras que los 11 restantes no han podido ubicarse por causas técnicas o del terreno de la zona que se les había destinado.
La semana pasada, Mulino pidió cortesía de sala en el Gabinete, para explicar el tema de los radares. Luego de conocer la decisión de suspender el contrato con Selex, opinó en su cuenta en Twitter que la decisión "se puede dar ya que Panamá debe aceptar al final su buen funcionamiento. Selex está al tanto".
