Hace 4 añosMeses atrás, La Prensa solicitó al director del Ifarhu la lista de beneficiarios de cada “auxilio económico” no reembolsable que fuera superior a la suma de $50 mil. El director, alegando la protección de la privacidad de los becados privilegiados, se negó a entregar la información de carácter pública. No es el único; hay muchos funcionarios que, con la misma excusa, se han rehusado a informar sobre el uso de recursos estatales. La osadía de estos servidores públicos solo es posible cuando las autoridades permiten estos abusos, porque todo aquel que recibe dinero del Estado renuncia a la confidencialidad, ya que los fondos de los que hace uso pertenecen a la colectividad y, por lo tanto, proteger su privacidad es un absurdo. Esa opacidad permite situaciones como las que han sido denunciadas en redes y medios, sobre el uso del dinero del Ifarhu, entregado a estudiantes cuyos padres son funcionarios con una solvencia económica que permite costear esos estudios. El que aprueba esos “auxilios económicos” es el director del Ifarhu y el que los refrenda es el contralor de la República. Ambos podían haberlos negado, pero optaron por allanarse y patrocinar el descarado robo de oportunidades a estudiantes que sí necesitan ayuda, pero están muy lejos del gobierno y de su partido. Su hipocresía e insensibilidad no conoce de límites.
Redacción de La PrensaHace 4 añosCUENTACUENTOS. Según Zulay, “ni sumando mi salario neto por 5 años podía haber cubierto la totalidad” del costo de la universidad estadounidense de su hija. Entonces, ¿por qué no pidió un préstamo, como hacen muchos padres de familia? Si a una pareja, que gana (por lo menos) $25 al mes, no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, ¿qué pueden decir los demás? Con esta manera de manejar sus finanzas personales, no deberían dejar que se acerque ni a la puerta de la Comisión de Presupuesto.
Redacción de La PrensaHace 4 años‘AUXILIO’. Gracias a Foco, se ha conocido que Paola Testa Rodríguez, la hija de Zulay Rodríguez, recibió $61 mil como “auxilio económico” del Ifarhu, para completar sus estudios en el extranjero. Como diputada, Rodríguez gana $7 mil al mes (a lo que hay que sumar el monto que le corresponde como presidenta de una comisión legislativa permanente) y su esposo, como práctico en el Canal, recibe $18,300. Así que esta pareja gana al menos $25,300 al mes, pero no le alcanza para “auxiliar” a la hija, por lo que recurren a la billetera del Estado. Esta señora se muerde los puños de la rabia cada vez que critica a los demás, pero ahora está calladita.
Hace 4 añosLa solicitud –casi secreta– de aumentar el presupuesto de la Asamblea Nacional para la vigencia 2023 nos dice mucho acerca de lo poco que nuestras autoridades están considerando un plan de austeridad. Y la razón es obvia: los diputados seguramente pretenden usar dinero del Estado para hacer proselitismo. Lo hemos visto en el pasado reciente y nada nos hace pensar que no seguirán con la misma práctica, a juzgar por los presupuestos de entidades clientelistas –como la Dirección de Asistencia Social (antiguo Programa de Ayuda Nacional) y la Autoridad Nacional de Descentralización–, que recibieron aumentos sustanciales para el próximo año, incluso por encima de los ajustes que pidieron. Y la Asamblea Nacional no podía quedar rezagada, por lo que solicitó un aumento de $56.8 millones, sin contar que este año es probable que termine con el mayor presupuesto de su historia: $212 millones. La cifra es abusiva, sin duda, considerando que el país tiene que endeudarse para cumplir con un presupuesto inflado, totalmente alejado de la realidad de los ingresos. Y para el próximo año –en vísperas de la campaña electoral– van por el mismo camino, sin importar las consecuencias.
