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El presidente de la República, Ricardo Martinelli, confirmó ayer que antes de finalizar su mandato, el 30 de junio próximo, otorgará indultos a políticos y reducción de pena para reos.
“Siempre hay indultos más que todo para periodistas, políticos y personas que han sido injustamente acusadas sin ningún juicio, sin ninguna apreciación”, señaló.
Al ser cuestionado sobre los nombres de los que serán beneficiados con el indulto respondió: “hay de todo un poquito”.
La confirmación de Martinelli de que dará indultos coincidió con sospechas que tenían los opositores, en el sentido de que se preparaba una medida para beneficiar a allegados al gobierno.
justifican medidas
En las dos últimas semanas fuentes legislativas de la oposición mencionaron las intenciones de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional de decretar una amnistía o un indulto por el Ejecutivo para algunos políticos involucrados en supuestos actos de malos manejos de recursos del Estado.
En este sentido, el jefe de la bancada del partido Cambio Democrático (CD), Fernando Carrillo, manifestó que la aprobación de una ley de amnistía no había sido analizada en el partido.
No obstante, el diputado aseguró que una ley de amnistía sí sería necesaria por que aquí lo que viene es “una cacería de brujas a mansalva”.
“Ya hay muchas señales que lo indican, y no recuerdo que se hayan dado situaciones similares en ningún período de gobierno. Ojalá estemos equivocados en esa percepción. No creo que sea adecuado que el Presidente electo dedique su tiempo a perseguir a políticos”, indicó el diputado Carrillo.
es un Descaro
Aurelio Barría, exdirigente de la desaparecida Cruzada Civilista que luchó contra la dictadura de Manuel Noriega, calificó como un descaro la posibilidad de que el presidente Ricardo Martinelli pretenda eximir o proteger con un indulto a sus allegados que estén implicados en la mala administración de las partidas circuitales y en cuanto acto de corrupción se ha denunciado.
“Esto es querer poner el parche antes de que salga el grano”, advirtió Barría.
Diez diputados de CD están siendo investigados por el Tribunal Electoral, debido al presunto uso de dinero estatal a través de partidas circuitales y fondos desviados a juntas comunales para sus campañas políticas en las elecciones pasadas.
El abogado y excontralor de la República Alvin Weeden recordó que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los indultos otorgados por la expresidenta Mireya Moscoso, al final de su mandato en 2004, y expresó que habrá que esperar que el Presidente anuncie los nombres de los indultados.
Weeden manifestó que es inquietante que el Presidente “esté más preocupado en darle impunidad a su propia gente a siete días de irse del gobierno”.
“Evidentemente no puede dar indulto a personas que están dentro de un proceso, los beneficiados tienen que tener una condena en firme”, explicó el jurista.
Solo delitos políticos
Constitucionalistas consideraron que la figura del indulto no cabe para los delitos comunes, sino más bien para los delitos políticos.
El artículo 184 de la Constitución en su numeral 12 establece como una de las atribuciones del Presidente de la República: “Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes”.
La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda de Troitiño, ponente en el fallo que declaró inconstitucionales los indultos dados por la expresidenta Moscoso, manifestó que la figura del indulto debe darse con una condena en el caso de delitos políticos, no sobre condenas por delitos comunes.
“Lo que el Presidente puede hacer en delitos comunes es rebajar la pena o dar libertad condicional”, indicó.
Antecedentes
En el primer indulto dado por el presidente de la República, Ricardo Martinelli, el 11 de mayo de 2010 a través del Decreto Ejecutivo 465, benefició a 47 personas.
La medida favoreció a Rafael Caicedo y a Máximo Espinosa Moscoso, dos agentes de la Policía Nacional que habían sido condenados en 2008 a pagar 41 meses de prisión por la comisión de los delitos de lesiones personales con resultado de muerte y contra la libertad individual en perjuicio de Bennet Mauricio Bell.
El otorgamiento de indultos se ha convertido en una tradición que los mandatarios salientes cumplen a pocas horas de abandonar el cargo. En algunos casos han sido polémicos y en otros, revocados.
En septiembre de 1995, siendo presidente encargado, Tomás Gabriel Altamirano Duque otorgó indultos a 139 personas, incluyendo al excoronel Marco Justine, acusado de un peculado de más de $20 millones de dólares al Banco Nacional de Panamá.
Luego, en 1999, dos días antes de abandonar el cargo, el presidente Ernesto Pérez Balladares indultó a 35 ciudadanos, incluyendo a su ministro de Obras Públicas, Luis Blanco.
Cuatro días después, la presidenta entrante Mireya Moscoso revocó la medida.
Pero antes de salir del palacio, en 2004, Moscoso benefició a 183 personas con un indulto, que incluyó al anticastrista Luis Posada Carriles y a 62 periodistas. La medida fue revocada por la Corte Suprema de Justicia.
El último día de su mandato, el 30 de junio de 2009, Martín Torrijos dio 20 indultos, incluyendo a Bruno Bemporad Maestre, implicado en el caso de la quiebra del caso Banaico.
Carlos Alberto Vargas
Frente al anuncio del Presidente de la República de que dará indultos, incluso a políticos, diversos constitucionalistas coincidieron en que esta figura no es aplicable a personas señaladas por delitos comunes, y menos aún si no han sido condenadas en un proceso judicial.
Según el constitucionalista Miguel Antonio Bernal, en los delitos comunes que, a su juicio, han sido perpetrados por algunos políticos y todos los que han tocado dinero del Estado que no podían llevarse, no cabe la figura del indulto.
Bernal precisó que ya hay varios fallos de la Corte Suprema de Justicia que establecen muy claramente que el indulto no cabe para delitos comunes, y se da una vez que se haya ejecutoriado un proceso y la sentencia debida.
“Lo que quieren es buscar algún tipo de excusas para evitar que el Tribunal Electoral sancione debidamente a todos estos ladrones. A esta gente hay que procesarla como lo que es: ladrones en mayúscula, sostenida y en negrita”, enfatizó Bernal.
En tanto, el también constitucionalista Rigoberto González indicó que tanto la figura del indulto, que la decreta el Presidente de la República, como la amnistía, que la decreta la Asamblea Nacional, se dan por delitos políticos. Si se está frente a conductas delictivas, estos recursos no proceden.
Expresó que en el caso de los diputados acusados por el uso indebido de fondos públicos en la pasada contienda electoral, de ninguna forma califica como delito político ni para ser indultado ni para ser amnistiado.
Por su parte, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda de Troitiño manifestó que la finalidaddel indulto no es para generar impunidad frente a actos de corrupción.
Señaló que el artículo 184 de la Constitución Política es claro y establece que esta figura de indulto es para proteger a personas que por sus posiciones ideológicas pudieran ser perseguidas, y no para beneficiar a personas señaladas por delitos comunes.
Gustavo A. Aparicio O.
