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La directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, insistió este viernes, 13 de junio, que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe investigar las denuncias públicas que hizo –en marzo pasado– el exjuez penal Alexis Ballesteros.
Ballesteros denunció penalmente a los magistrados José Ayú Prado, Alejandro Moncada Luna, Secundino Mendieta y Wilfredo Sáenz, de coaccionarlo para emitir fallos contrarios en derecho, a fin de favorecer a allegados al presidente Ricardo Martinelli. También incluyó al administrador de la Autoridad de Turismo, Salomón Shamah.
La denuncia fue archivada esta semana por la Comisión de Credenciales de la Asamblea.
La CSJ abrió un proceso disciplinario de Sáenz y Mendieta, luego de que la Alianza Ciudadana Pro Justicia y Corporación La Prensa enviaron notas por separado, pidiendo explicaciones por los señalamientos de Ballesteros sobre posibles actos de corrupción judicial.
Sáenz y Mendieta –además de suplentes de los magistrados Harry Díaz y Hernán De León, respectivamente– son magistrados principales en el Segundo Tribunal Superior de Justicia y, por tanto, subalternos de la CSJ.
Castillo –que fue citada a rendir una declaración jurada sobre éste tema– está en contra del proceso disciplinario que adelanta la Corte, ya que las acusaciones de Ballesteros describen conductas penales que no son meras “faltas”.
“Sentíamos que esto no era necesario ni conveniente”, dijo Castillo, refiriéndose a la citación hecha por el magistrado ponente Harry Díaz.
Castillo enfatizó que Ballesteros denunció “conductas contrarias a la ética judicial”. Agregó que si bien la Asamblea Nacional ya archivó la denuncia que presentó Ballesteros, la Corte no debe hacer lo mismo. En otras palabras, que “no se archive como si nada hubiese pasado”, remarcó.
En tanto, el presidente de Corporación La Prensa y Editorial por la Democracia, Luis Navarro, acudió esta tarde a declarar a la Corte Suprema de Justicia en el proceso disciplinario contra los magistrados del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial (Sáenz y Mendieta).
Navarro acudió a declarar en compañía del abogado Jair Urriola y fue citado por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz.
(Con datos de Rubén Polanco y Manuel Vega Loo)
Un grupo de víctimas de las escuchas telefónicas ilegales que ordenó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia anuncio este viernes, 13 de junio, que la exjefa de esa entidad, María del Pilar Hurtado, continúa asilada en Panamá, donde goza de la protección del presidente Ricardo Martinelli.
“Señor Martinelli, cese toda protección a María del Pilar Hurtado”, expresó esta mañana Luis Guillermo Pérez Casas, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y delegado permanente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en una conferencia de prensa.
Indicó que existe la posibilidad de un acuerdo de protección para Hurtado acordado entre Martinelli y el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), en cuya administración el DAS espió a más de 300 jueces, periodistas y políticos de oposición.
“El presidente Martinelli está burlando a las autoridades colombianas negando extraditar a Hurtado”, dijo el periodista colombiano Hollman Morris, otro perseguido del DAS. “Las víctimas merecen una explicación de lo ocurrido”, agregó.
El grupo, que llegó ayer a ciudad de Panamá, para pedir agilizar la extradición de Hurtado, se retira mañana, sábado, y aún guarda la esperanza de reunirse con el presidente electo Juan Carlos Varela.
En tanto, la FIDH –a través de un comunicado– ha expresado que “existe un riego inminente” de que Hurtado abandone Panamá, luego de conocerse que la Corte Suprema declaró que su asilo territorial es inconstitucional.
El fallo no se ha oficializado aún, porque están pendiente que lo firmen varios magistrados. Hurtado dirigió el DAS entre 2007 y 2009; la central de inteligencia fue liquidada tras descubrirse la trama de espionaje. Una veintena de funcionarios de ese organismo han sido procesados.
Colombia ha intentado –sin éxito– conseguir que Panamá extradite a Hurtado para que responda ante la justicia por varios delitos, entre estos, concierto para delinquir agravado y violación ilícita de comunicaciones.
Esos delitos se le imputan por su presunta participación en los seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados, congresistas y defensores de derechos humanos ocurridas durante la era Uribe.
El proyecto de ley 724 que amplía el servicio de escoltas pagado por el Estado a las ex primeras damas e hijos de los expresidentes de la República, está solo a la espera de ser sancionado por el presidente Ricardo Martinelli para convertirse en ley de la República.
Ayer, a pesar del clamor de diputados de la oposición hacia sus colegas del gobierno para que se suspendiera la discusión de este proyecto, los oficialistas de Cambio Democrático (CD) y del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) aprobaron el proyecto, en tercer debate, con 37 votos a favor. La propuesta obtuvo siete votos en contra por parte de los opositores.
La iniciativa establece que la cónyuge del Presidente o quien desempeñe las funciones de primera dama de la República tendrá el servicio de escolta por un término de 10 años. Este beneficio se extiende por un período de cinco años a los hijos del ciudadano que haya ocupado el cargo de Presidente de la República.
No aprenden la lección
Durante el debate, el diputado del Partido Panameñista José Luis Varela recriminó a sus colegas oficialistas por su insistencia en aprobar esta iniciativa, y les dijo que no han aprendido la lección que dio el pueblo panameño en las elecciones del 4 de mayo.
“Esta ley no tiene ningún sentido político ni práctico y me extraña ver a tantos diputados de gobierno apoyándola como si fuera una buena ley”, precisó.
Dijo que perfectamente la nueva Asamblea Nacional puede eliminar esta ley por haber sido aprobada a pocos días del cambio de gobierno, de forma inconsulta.
De hecho, tras conocer que los diputados habían dado luz verde al proyecto impulsado por el Ejecutivo, el presidente electo Juan Carlos Varela advirtió de que “muchas leyes van a ser derogadas cuando se instale la nueva Asamblea”.
El diputado Varela también cuestionó al presidente de la Asamblea, Sergio Gálvez, quien en tono de burla, en la sesión del pasado miércoles, dijo a los periodistas que intentaban conocer su opinión sobre el tema, que se había declarado gay.
“Señor presidente, ¿cómo usted va a decir en la televisión que se volvió gay? Usted es el presidente de este órgano del Estado”. Gálvez, por su parte, se limitaba a sonreír.
Varela prosiguió: “Comprendo que usted es una persona buena gente y le gusta el relajo, pero una cosa es el relajo entre nosotros y otra que usted es el presidente de un órgano del Estado. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Por favor, presidente, retirémonos, sentémonos a conversar todos y cerremos esta Asamblea. Cerremos estas sesiones extraordinarias”.
Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Elías Castillo manifestó que con esta ley se quiere crear una estructura de seguridad para el Presidente saliente, su esposa y sus hijos, pero en ella no se precisa cuántos escoltas se utilizarán ni el salario que devengarán.
“Este proyecto presenta serias dudas y por ello debió merecer el rechazo de la Asamblea. La bancada oficialista no ha hecho otra cosa que ser la cumplidora de las instrucciones que emanan del Órgano Ejecutivo”, indicó Castillo.
Capricho presidencial
En tanto, el diputado Jorge Alberto Rosas cuestionó las incongruencias de CD, porque en la pasada campaña varios dirigentes de ese partido señalaron que no había nexos familiares de la primera dama, Marta Linares de Martinelli, con el presidente Martinelli, en su rol de candidata a la vicepresidencia de la República.
“Hay una serie de contradicciones; antes planteaban que no era pariente del Presidente, y ahora, con esta ley, dicen que sí es pariente del Presidente de la República”, cuestionó Rosas.
Manifestó que este proyecto no tiene razón de ser, fuera de un deseo personal y de un capricho del Presidente de la República.
“Esta Asamblea debe empinarse, debe actuar de manera independiente, diciéndole al presidente Ricardo Martinelli que esta ley no tiene ni pie ni cabeza, y no tiene justificación. Esta ley puede representar más de $1 millón de erogación en servicio de seguridad para personas que no lo necesitan”, dijo.
ratificación
El pleno legislativo ratificó también el nombramiento de Rudy Alexander Cedeño González como director ante la junta directiva de la Agencia Panamá Pacífico, en representación del Órgano Ejecutivo.
El nombramiento fue avalado con 36 votos oficialistas. Cinco diputados opositores votaron en contra.
Cedeño González es abogado y tiene 35 años de edad. En enero de 2013 había sido nombrado nuevo secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República, en reemplazo de la procuradora general de la Nación, Ana Belfon.
Es considerado hombre de confianza del ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, y fue asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en varias ocasiones reemplazó en el puesto al vicecanciller Francisco Álvarez De Soto, mientras este se hallaba de viaje.
En los últimos años de su administración, el presidente Ricardo Martinelli ha pretendido fallidamente que parte de su familia (hijos y esposa) ocupe cargos de elección popular que incluyen algún tipo de inmunidad. Además, ahora, en un último intento busca protegerlos con más escoltas pagados por el Estado.
En mayo de 2013, en las primarias de Cambio Democrático (CD), el mandatario anunció que su hijo Luis Enrique Martinelli Linares correría como suplente del diputado de CD José Muñoz (circuito 8-10, Tocumen).
A finales de 2013, Luis Enrique Martinelli Linares desistió de presentarse como candidato a diputado suplente de Muñoz, en el circuito 8-10 (Tocumen), para las elecciones generales de 2014. “Él tiene su residencia en el área, pero ya tomó la decisión de que no va a participar en política”, aseguró el diputado Muñoz.
Posteriormente, en enero de este año, CD, que preside Martinelli, decide postular a su esposa, Marta Linares de Martinelli, como candidata a la vicepresidencia de la República en la nómina que lideraba José Domingo Arias. Dicha fórmula perdió en las elecciones de mayo pasado. En cuanto al propio mandatario Martinelli, aún no ha decidido si ocupará una curul en el Parlamento Centroamericano después del 1 de julio. El convenio constitutivo del Parlacen señala que los expresidentes de cada país pueden tener un puesto en ese foro regional.
Para el diputado electo del Partido Panameñista José Antonio Domínguez, todas estas acciones denotan que el Presidente se encuentra “desesperado” por proteger a su familia, debido a que todos conocen de las irregularidades que se cometieron en el gobierno. Por su parte Juan Carlos Arosemena, diputado del Partido Revolucionario Democrático, consideró “absurdo” el millonario gasto que se ocasionará con la protección que Martinelli le quiere dar a su familia.
AMINTA BUSTAMENTE
