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Rafael Guardia Jaén, exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), está detenido en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón.
El Ministerio Público emitió tres órdenes de arresto en su contra por igual cantidad de procesos que adelantan las fiscalías Primera y Segunda Anticorrupción, que dirigen Nahaniel Murgas y Lizzett Chevalier, respectivamente.
Pero, en total, son ocho investigaciones en su contra por supuestas irregularidades cometidas durante su administración en el PAN (agosto de 2012- junio de 2014). En esos 23 meses, Guardia Jaén acumuló un total de 161 mil dólares en salarios –menos deducciones– a razón de 7 mil dólares mensuales de sueldo.
La formulación de cargos por parte de las autoridades judiciales contra el extitular del PAN son por la supuesta comisión de los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos.
El fiscal primero anticorrupción afirmó que su despacho tenía plenamente identificadas las propiedades que fueron allanadas en la mañana de ayer y que se sospecha son de Guardia Jaén.
INCAUTACIONES
Los allanamientos se practicaron en residencias ubicadas en las urbanizaciones Country Club, en Condado del Rey; en un apartamento en el edificio Rivage, en la avenida Balboa, y su residencia, en Costa Serena, en el exclusivo sector de Costa del Este. Esta última propiedad fue adquirida, al menos, en unos 940 mil dólares, pero su valor aumentó tras costosas adiciones.
Vecinos de Costa Serena contaron a La Prensa que la noche del domingo avistaron a una persona sacando maletas de la casa 37, es decir, de la de Guardia Jaén.
El fiscal Murgas explicó que se logró ubicar bienes muebles e inmuebles que fueron cautelados. El Ministerio Público también aprehendió otros bienes a Guardia Jaén como joyas, cajas de seguridad y lujosos vehículos.
El fiscal Murgas aclaró que por ahora no han calculado el valor de estos bienes, que serán sumados a los 9 millones de dólares en efectivo aprehendidos en depósitos a plazo fijo y cuentas bancarias que pertenecían y cuyo beneficiario final era Guardia Jaén.
INDAGATORIA
La Fiscalía Primera Anticorrupción ordenó indagar al exfuncionario, pero el acusado se acogió al artículo 25 de la Constitución, el cual establece que “nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía contra sí mismo, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.
Guardia Jaén estuvo acompañado por su abogado, Javier Quintero, quien aseguró que su cliente acudió voluntariamente a la diligencia para aclarar las acusaciones que se hacen en su contra.
“Más adelante se van a justificar en el expediente [las cuentas millonarias y propiedades]”, se limitó responder el exdirector del PAN al ser conducido esposado a la DIJ.
Al término de su declaración se ordenó la detención preventiva y fue conducido a la sede de la Fiscalía Primera Anticorrupción –en el edificio Avesa, en vía España– y luego confinado en celdas de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón.
El fiscal Murgas expresó que no se descarta que en los próximos días se llame a declarar al testigo protegido que denunció el de los sospechosos cobros de “coimas” en el PAN.
La identidad del testigo fue protegida, pero este declaró que las compras ficticias en el PAN sumaron, al menos, entre 600 millones y 700 millones de dólares, solo entre enero y abril de 2014, hechos que deberán ser investigados por los fiscales anticorrupción, que están en posesión, desde hace cuatro días, de la información brindada a Telemetro por el informante.
“Vamos a seguir con las investigaciones propias producto de las denuncias y de los casos que de oficio se han abierto para seguir viendo cuántos más se encuentran involucrados en estos delitos”, dijo la fiscal segunda anticorrupción, Lizzett Chevalier.
La fiscal agregó que se solicitará una ampliación de indagatoria para que Guardia Jaén rinda sus descargos.
SIGUEN INVESTIGACIONES
Otra empresa bajo la mira de las autoridades es Inversiones Glora, S.A., inscrita en el Registro Público el 17 de julio de 2012. Uno de sus directores es Abraham Williams Gallardo, que fue mano derecha de Guardia Jaén, tras nombrarlo como director de Compras del PAN.
La amistad entre Guardia Jaén y Williams Gallardo se consolidó luego de que ambos funcionarios fueron designados por el hoy expresidente Ricardo Martinelli como gerente y subgerente del Banco Hipotecario Nacional (BHN), respectivamente.
MÁS Y MÁS PROPIEDADES
Cuatro meses después de ser designado por Martinelli como director del PAN, Guardia Jaén compró al contado un apartamento en el P.H. Ocean Drive, ubicado en Punta Pacífica, corregimiento de San Francisco.
Guardia Jaén pagó –en efectivo– por ese apartamento 425 mil dólares, a través de la sociedad Ocean Drive 33-B, S.A., que por ese entonces él mismo presidía, en tanto que su hijo, Rafael Guardia Juárez, era secretario y su empleada, Mónica Andrade, tesorera.
La Prensa tuvo acceso al contrato de compraventa que el propio Guardia Jaén firmó con su puño y letra, junto al empresario Murad Moisés Harari (ver facsímil).
El apartamento fue separado con un abono de 25 mil dólares. Posteriormente se hicieron otros dos abonos por 100 mil dólares cada uno. Además, hubo un tercer depósito de 200 mil dólares que fue cancelado mediante carta promesa de pago emitida por un banco local, una vez la propiedad fuera inscrita en el Registro Público.
Este contrato, empero, jamás fue inscrito en el Registro Público ni tampoco se inscribió la escritura pública 9,416, del 21 de diciembre de 2012, en la que protocolizaron una enmienda por suscriptores al pacto social de Ocean Drive 33-B, S.A. El acta fue refrendada por el abogado Boris Sucre Benjamín.
Ello no fue óbice para que la Fiscalía Primera Anticorrupción también cautelara esta propiedad, de 222 metros cuadrados.
En el contrato de compraventa, el vendedor, como ya se dijo, era Murad Moisés Harari, quien redactó una cláusula en la que advierte que “el prominente comprador declara que conoce y se hace responsable del origen legal de los dólares con los cuales cancela los actuales y futuros montos a los que se refiere este contrato”.
En la sociedad Ocean Drive 33-B, S.A. también figuran como directores Rosa González y Luis Puga; ambos reemplazaron a Guardia Jaén y a su hijo como dignatarios, pero esa escritura –la 9,416 del 12 de diciembre de 2012- tampoco fue inscrita en el Registro Público.
Al momento de firmar el contrato de compra-venta, el exdirector del PAN precisó que residía en Las Praderas de San Antonio, casa 135.
APARTAMENTO DE PLAYA
La Fiscalía Primera Anticorrupción también cauteló un apartamento de playa, propiedad de Guardia Jaén. El inmueble está ubicado en el P.H. Las Olas, en Vista Mar Golf & Beach Resort, en las costas del Pacífico del distrito de San Carlos, provincia de Panamá, y su valor es de $320 mil.
Esta compra no se hizo a través de un préstamo bancario, sino que el dinero fue pagado –una vez más– al contado. El apartamento es el 10-C, y la adquisición se hizo a través de la sociedad Sevilla 47A-1, S.A., en la que también figura Luis Puga.
Tanto Rosa González como Luis Puga aparecen como dignatarios de la sociedad Grupo Piombino Holdings, S.A., que mantiene cuentas bancarias cauteladas por la Fiscalía Primera Anticorrupción.
Justamente, Grupo Piombino Holdings, S.A. compró en febrero de 2013 un apartamento en el P.H. Keops Tower, ubicado en el corregimiento de San Francisco, valorado en 340 mil dólares.
En esta sociedad figura como dignatario el abogado Charles Sadat Bonilla Ojeda, amigo de Rafael Guardia Juárez. Ambos laboraron en la Dirección de Contrataciones Públicas en el gobierno de Ricardo Martinelli.
Bonilla Ojeda abonó 200 mil dólares y el saldo restante –es decir, 140 mil dólares– lo pagó mediante un cheque de gerencia. Esta propiedad también está cautelada por el Ministerio Público.
El diputado Pedro Miguel González, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y quien es el fiscal en la investigación por la denuncia presentada contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna, presentó una orden de aprehensión provisional de algunas propiedades del magistrado.
El recurso fue presentado el 10 de octubre pasado, en el Registro Público. En el mismo, se solicita que el apartamento No. 16 del P.H. Santorini, perteneciente a la finca 455589, propiedad de Corporación ALPIL, S.A., y el apartamento 26-B del P.H. Ocean Sky, de la finca No. 95734, propiedad de la Corporación Celestial, S.A., sean "sacados del comercio y puestos a disposición de este despacho, en calidad de aprehensión".
Según González, con ello se busca asegurar los bienes del magistrado hasta tanto culmine el proceso. Los inmuebles estarían bajo las órdenes del Ministerio de Economía y Finanzas, como lo establece la ley, agregó.
El pasado miércoles 8 de octubre la Asamblea Nacional admitió una denuncia que interpuso el Colegio Nacional de Abogados y la Alianza Ciudadana Pro Justicia contra Moncada Luna por supuesto enriquecimiento injustificado.
La denuncia surgió luego de que La Prensa publicara una noticia el pasado 30 de septiembre en donde se informó que Moncada Luna, siendo magistrado, compró dos apartamentos en San Francisco valorados en $1.7 millón, los cuales ya están cancelados.
“La tarea que tenemos es investigar y es lo que hemos empezado a hacer”, dijo González. Añadió que los testigos de este caso en su momento serán citados y entrevistados “para recabar la información que requiere la Fiscalía”.
Por su parte, Sidney Sittón, abogado de Moncada Luna, no pudo presentar los recursos legales que había anunciado ante la Asamblea Nacional, ya que los documentos no estaban autenticados.
Se espera que en la tarde de hoy acuda a la Corte Suprema de Justicia para presentar otras acciones legales.
SITTÓN PRESENTA AMPARO
En horas de la tarde, efectivamente el abogado Sidney Sittón llegó a la Asamblea. Anunció que mañana martes presentará un amparo de garantías constitucionales contra la orden de aprehensión dictada por González.
Explicó que esta resolución que presentó González “no está motivada porque apenas inició investigaciones el viernes”.
Agregó que el fiscal designado por la Asamblea “no tiene pruebas ni mucho menos una posible vinculación entre esas pruebas y la persona investigada” en este caso Moncada Luna.
“Es por ello que no pudo sustentar esa resolución. En horas de la mañana el Registro Público le llamó para que pudiera explicar la situación respecto a esa aprehensión provisional”, dijo Sittón.
Según el jurista, la la solicitud “está huérfana de motivación”. Anunció, además, que el miércoles volverá a presentar una advertencia de inconstitucionalidad contra el proceso que la Asamblea Nacional adelanta contra el magistrado.
(Con datos de Gustavo A. Aparicio O.)
La comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional admitió investigar al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
Para ello, las diputadas Ana Matilde Gómez, Zulay Rodríguez y Katleen Levy integrarán una subcomisión de garantías para que actúen como jueces de garantías e investiguen las denuncias contra Moncada Luna.
La decisión se tomó de manera unánime: nueve votos a favor y ninguno en contra. Dentro de esta votación se incluyó la de los diputados de Cambio Democrático (CD), Marylin Vallarino, Mario Miller y Héctor Valdés Carrasquilla.
La totalidad de los diputados pidieron desestimar la denuncia interpuesta el pasado lunes 6 de octubre por el abogado Honorio Quesada para investigar a Moncada Luna y dar curso a la que presentó ayer la junta directiva del Colegio Nacional de Abogados (CNA), con el apoyo de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y una cuarentena de organizaciones de la sociedad civil.
La razón esgrimida para rechazar la denuncia que presentó Quesada es que esta carecía de pruebas.
Hablan los diputados
El primero de los diputados en tomar la palabra fue Héctor Valdés Carrasquilla, de CD, quien pidió la separación de varios de sus colegas de esta investigación.
Luego habló el diputado Mario Miller, también de CD, quien solicitó que las también comisionadas Zulay Rodríguez (PRD) y Ana Matilde Gómez (independiente) fueran separadas del caso por opinar en medios de comunicación y en el pleno legislativo.
Ambos puntos fueron rechazados por el presidente de la comisión, Luis Barría, argumentando que la sesión de hoy estaba convocada únicamente para admitir o rechazar las denuncias en contra de Moncada Luna y no para tratar el fondo de las mismas.
Para entender las 10 claves más importantes del caso del magistrado Alejandro Moncada Luna, haga clic aquí.
La comisión de Credenciales está compuesta por los siguientes diputados:
Video. Así votaron los diputados
