Quizá fue un desliz, la traición de un descuido o un simple error. Ocurrió días atrás, cuando el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, declaraba a los medios de comunicación su supuesto distanciamiento de Bio Materiales, S.A. –proveedora del Ministerio de Salud (Minsa)–, que ha estado recibiendo la atención del ministro… y cuantiosos contratos, algunos sin concurso de precios.
“Tuve que desprenderme de la compañía [Bio Materiales, S.A.] –afirmó el ministro– cuando asumí mi cargo de ministro en el año 2024 y no tengo ningún tipo de relación con mi socio de toda la vida, dueño de la empresa hoy en día…”
“Mi socio de toda la vida…”
No es su exsocio; es –en tiempo presente– su socio de toda la vida.
¿Error o desliz?
Ese supuesto distanciamiento que alega el ministro, empero, contrasta con la realidad de la empresa en el Minsa, donde Boyd –su supuesto exdueño– decide cómo, cuánto y qué se le compra.
Para no ir más lejos, Boyd autorizó el pasado 23 de abril cuatro extrañas compras a Bio Materiales. Las cartas se confeccionaron como si salieran de una línea de producción y, de forma automática y descuidada, incluso se elaboraron con los mismos errores en cada ocasión, producto de copiar y pegar. Al parecer, el ministro tampoco los notó.
Cuatro cartas idénticas –salvo por el número asignado y el destino de los productos que se comprarían– fueron dirigidas a Eric Iván Conte, director de Medicamentos e Insumos Médicos para la Salud, una dependencia del Minsa.
Vitaminas de urgencia
En cada una de sus cartas, Boyd autorizaba compras directas –también llamadas “procedimientos excepcionales” de contratación– que, por cierto, poco tienen que ver con la excepción, ya que, tanto en el pasado reciente como en el presente, Bio Materiales ha gozado de este privilegio por cientos de miles de dólares.
Boyd también autorizó el monto de las compras: cada una fue de $199,500, para un total de $798,000. Lo extraño es que el Minsa no estaba adquiriendo productos distintos, sino uno solo: 38,000 frascos de 20 mililitros de trivitaminas ACD. Vitaminas que, según el director de Medicamentos e Insumos Médicos para la Salud, se deben comprar de forma directa y sin concurso por su “urgencia evidente”.
Tanto las cartas en las que se le pide al ministro autorización para la compra directa como las respuestas de Boyd, así como los informes que justifican cada transacción, tienen en común haber salido de una suerte de línea de ensamblaje, ya que cada documento tenía un modelo del que derivaban copias ajustadas a cada compra.
En este caso, salvo por los destinos y el número del informe de justificación, los papeles son casi idénticos, incluso a los que sirvieron en 2025 para que el Minsa comprara a Bio Materiales casi $400,000 en medicinas.
En este caso, hay razones para que los documentos sean casi idénticos: los cuatro actos describen la compra de un solo producto, trivitaminas ACD, en procesos divulgados en Panamá Compra (con números consecutivos): 2026-0-12-01-08-SPE-000028; 2026-0-12-01-08-SPE-000029; 2026-0-12-01-08-SPE-000030 y 2026-0-12-01-08-SPE-000031.
Por eso, en lugar de vitaminas, el informe de justificación de cada compra habla en algunos párrafos de medicamentos. O la adquisición de vitaminas se justificó parcialmente con los argumentos jurídicos que sirvieron para comprar medicinas, también a Bio Materiales.
Contrato millonario
En sus declaraciones a los medios, Boyd dijo que su antigua empresa continúa siendo proveedora del Minsa: “Ellos seguirán participando, porque yo no puedo evitar ni decirle a mi exsocio que quiebre la compañía porque yo soy ministro. Yo creo que sería absurdo”.
La legislación vigente sobre el conflicto de interés no plantea algo semejante. Lo que sí establece es que debe separarse de esos procesos, aun cuando haya renunciado a los cargos, acciones, etcétera, de la empresa. Pero el ministro sigue tomando decisiones sobre las compras de su antigua empresa y, de hecho, los negocios de Bio Materiales con el Minsa no solo se mantienen, sino que han prosperado como nunca.
El ejemplo más notorio es un contrato de $2,475,000, firmado por el ministro y su hoy exsocio, Waldo Ávila Bedecarratz. Este es uno de los contratos más audaces del Minsa con Bio Materiales, S.A., ya que se trata de la adquisición –entre 2025 y 2027– de 110 sillas para procedimientos odontológicos.
Y quizá sea la mayor cantidad de sillas dentales compradas por el Minsa bajo un solo contrato –sin contar las que vendió fuera de este contrato desde que Boyd es ministro– y la mayor venta de Bio Materiales al Minsa, al menos en los últimos años.
No fue una compra directa. Fue una licitación, aunque solo hubo dos oferentes: Bio Materiales, S.A. y Denti-Clinica, S.A. Pero un detalle llama la atención: en la reunión de homologación, la representación de Bio Materiales parecía tener todo claro, pues sus intervenciones se limitaron a dos, mientras que los representantes de Denti-Clinica realizaron 16 observaciones o preguntas.
El precio de referencia fue de $2,475,000, idéntico a la propuesta del oferente que resultó perdedor –Denti-Clinica–, a razón de $22,500 por silla. En cambio, Bio Materiales estuvo $7,700 por debajo del precio de referencia, a razón de $22,430 cada unidad, una diferencia de solo $70 por silla.
Bio Materiales ya habría cobrado el primer tramo de ese contrato, pues el 22 de diciembre de 2025 el Minsa certificó la entrega de lo pactado para ese año: 13 sillas, a un costo de $291,600. La entrega fue inmediata, considerando que el refrendo de este contrato se produjo solo tres días antes, el 19 de diciembre de 2025.
Este año, Bio Materiales debe entregar 64 sillas en dos tramos, a un costo total de $1,435,000. Precisamente, el pago del primer tramo de este año es el que Boyd debía gestionar, hecho que fue objeto de una nota periodística publicada la semana pasada.
Aún quedan pendientes 32 sillas para este año y, para 2027, otras 33. El contrato deja abierta la posibilidad de adicionar adendas que podrían resultar en la compra de más sillas dentales.
Las espuelas de Bio Materiales
En total, Bio Materiales ha recibido hasta ahora más de 80 órdenes de compra del Minsa bajo la actual administración. Pero las más llamativas –por sus montos– son las más recientes. La empresa dejó atrás su timidez y empieza a incursionar en negocios cuyos montos raramente alcanzaban esas cifras en el pasado.
Por ejemplo, además de lo mencionado, ha estado vendiendo al Minsa equipos e insumos de odontología que rozan o sobrepasan los $100,000 o los $150,000. Incluso, está pendiente de asignación un contrato de gran monto para la empresa: $805,000 para la venta de 2,300 piezas de alta velocidad para preparaciones dentales.
La compra es de abril pasado. El precio de referencia del Minsa es idéntico al de la oferta que hizo Bio Materiales, que fue la única oferente. Incluso, estuvo sola en la reunión de homologación –que duró menos de 30 minutos– y en la que su representante solo formuló dos preguntas sobre la presentación de formularios.
La Comisión Verificadora de Odontología –integrada por odontólogos del Minsa– recomendó adjudicar la compra, por lo que es poco probable que se convoque una nueva licitación.
Varias de estas contrataciones –las más cuantiosas– que ha hecho el Minsa a Bio Materiales han sido autorizadas por el ministro, quien, además, ha gestionado sus pagos y permitido compras directas. Todo ello después de haber renunciado a la empresa antes de asumir el cargo.
La Prensa envió al exsocio de Boyd –Waldo Ávila Bedecarratz– un cuestionario de ocho preguntas, mientras que el ministro acusó recibo de otro cuestionario de 16 preguntas enviado por este medio. Ninguno de los dos respondió.
Leyes sobre conflicto de interés
La Ley 316 de 18 de agosto de 2022 –que regula el conflicto de interés en la función pública– tiene alcance sobre ministros y viceministros. En consecuencia, Boyd es una “persona natural que, en el ejercicio de su función pública”, está obligada a presentar una declaración jurada de intereses particulares.
En otras palabras, debe declarar bajo juramento sus “actividades profesionales, financieras, laborales, económicas, gremiales, personales o de beneficencia, sean o no remuneradas, que realice o en las que participe el declarante, incluidas las realizadas en los doce meses anteriores a la fecha de asumir el cargo”, e incluso declarar sus “contrataciones con el Estado, así como su calidad de proveedor de este”.
Boyd, además, debió proporcionar información sobre “cualquier relación de trabajo o empresarial que, en el último año calendario, haya mantenido con personas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que reciban o presten servicios, que sean titulares de concesiones sobre recursos y bienes pertenecientes al patrimonio público, que contraten con la institución en la que el servidor público desempeña sus labores…”
El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, dijo que no mantiene ningún vínculo con la empresa que fundó, ya que vendió su participación en 2024 al asumir el cargo. Lea más en https://t.co/NHkBsketFx pic.twitter.com/KhK1XkpxZI
— La Prensa Panamá (@prensacom) June 21, 2026
El ministro debió haber entregado esa declaración a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). Este medio le solicitó al ministro esa declaración, pero no hubo respuesta.
La ley advierte que, “en contrataciones públicas, no podrán ser adjudicados aquellos actos en los cuales exista conflicto de intereses entre algún sujeto obligado de la entidad contratante y el contratista. El sujeto obligado debe manifestar su conflicto ante el superior jerárquico y separarse inmediatamente del conocimiento de tales asuntos”.
