De los $21.8 millones que recibió Cobranzas del Istmo por las supuestas gestiones hechas para el pago de impuestos morosos de Tocumen, S.A., la empresa facturó al menos $10 millones aplicando comisiones por encima de los estipulado en el contrato firmado con la Dirección General de Ingresos (DGI).
En la información que maneja la DGI y que ha sido puesta a disposición de las autoridades judiciales, Cobranzas del Istmo se llevó comisiones por $8.23 millones solo por pagos de impuesto sobre la renta y del impuesto complementario efectuados por Tocumen, S.A. a finales de 2013.
No obstante, estas deudas tenían antigüedades entre 3 y 7 meses y, por lo tanto, nunca debieron haber generado una comisión a favor de Cobranzas del Istmo.
La Ley 49 de 17 de septiembre de 2009 dio a la DGI facultad para “contratar gestores de cobro con vasta y reconocida experiencia en los casos de morosidad que excedan de doce meses de haberse causado”.
También es claro el contrato firmado en agosto de 2010 por Luis Cucalón, exdirector general de Ingresos, y Magaly Ramos, representante legal de Cobranzas del Istmo. En su primera cláusula, que define el objeto del acuerdo, se señala que el contratista recuperará las cuentas morosas “que excedan los 12 meses de haberse causado”.
Temístocles Rosas, vicepresidente de Administración y Finanzas de Tocumen, S.A. dijo ayer a este diario que eliminando el impuesto de inmuebles, en el que sí había atrasos de años, el resto de pagos de 2013 correspondían a los impuestos corrientes que estaban dentro de los doce meses.
Además de cómo se calcularon las comisiones, se ha cuestionado que una compañía privada haya recibido una comisión millonaria por un pago entre dos entidades estatales.
El propio Rosas reveló en una entrevista anterior que en la entidad estatal no hay constancia de que Cobranzas del Istmo hiciera gestión alguna para que Tocumen, S.A. pagara su deuda, sino que se pusieron al día de manera voluntaria. Este sería otro indicio, que ya está investigando la Contraloría General de la República, de que las comisiones pagadas a Cobranzas no se habrían ajustado a la legalidad.
El contrato entre Cobranzas del Istmo y la DGI vinculaba la comisión que cobraría la empresa con la antigüedad de la cuenta recuperada. Las morosidades entre 12 y 18 meses representarían una comisión de 15%; entre 18 y 24 meses, de 20%; de 24 a 30 meses, de 25%; y las que tenían una antigüedad superior a 30 meses generarían una comisión del 30%.
Además de las cuentas que no tenían los 12 meses de antigüedad y que, por lo tanto, nunca debieron generar una comisión, las investigaciones de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la DGI apuntan a que, en otras cuentas, se aplicaron comisiones al 30% cuando ameritaban comisiones inferiores. En concreto, hay 16 cuentas que se pagaron al 30% cuando su antigüedad era entre 12 y 18 meses y, en consecuencia, debieron pagarse al 15%. Cobranzas recibió por estas 16 cuentas cerca de $800,000 pero según las autoridades la cifra debió ser de poco menos de $400,000.
También hay casos de cuentas que debieron ser pagadas con una comisión del 20% y otras con una de 25%, pero se pagaron con el 30%.
La indicación de Luis Cucalón
En una entrevista previa, el actual director general de Ingresos, Publio Cortés, explicó que las deudas tributarias, al contrario de las bancarias, se causan por periodos y que cada una se maneja de manera independiente. Es decir que, si un contribuyente no paga su impuesto de inmueble correspondiente a un periodo determinado, esa deuda genera sus propios intereses y recargos. Si al siguiente periodo el contribuyente tampoco paga el impuesto, se genera una nueva deuda. Así es cómo lo establece la ley tributaria, según el actual rector de los ingresos públicos.
Una interpretación distinta pareció aplicar Cucalón cuando administró la DGI y la Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos. En una correspondencia remitida a su jefe de informática el 25 de mayo de 2011, cuando todavía no se había cumplido el primer año del contrato con Cobranzas del Istmo, Cucalón ordenó que las comisiones se pagaran tomando en cuenta la antigüedad original de las deudas hasta que su saldo fuera de cero.
De esta forma, a toda la deuda de un contribuyente se le habría aplicado la comisión por la cuenta pendiente más antigua. Para Cortés, “les fue muy cómodo interpretarlo de forma diferente”, porque así se aplicaba una comisión más alta.
Esto explica que de los $47.1 millones que recibió Cobranzas del Istmo en sus cuatro años de relación contractual con la DGI, el 82% del monto ingresado fuera por cuentas que causaron una comisión del 30%, como reveló una auditoría del MEF.
La Prensa llamó ayer en tres ocasiones a Cucalón para que ofreciera su versión sobre estos hechos, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición.
En una comparecencia de prensa este mes, Cucalón dijo que en la asignación de cuentas no se tenía en cuenta quién era el dueño de la compañía, sino que se utilizaban ciertos parámetros para hacerlo. Añadió que se empleó un esquema similar al de los bancos a la hora de tercerizar los cobros morosos.
Cucalón dijo que cuando entró, en el año 2009, encontró una morosidad de $7,000 millones, cifra en aquel momento equivalente al pago de impuestos de todos los panameños por tres años, lo que calificó como un “bello desastre fiscal”.
Atribuyó la idea de tercerizar la gestión de cobro —que dijo no compartir originalmente— a los que eran sus superiores: Dulcidio De La Guardia, entonces viceministro de Finanzas y actual titular de la cartera, y de Alberto Vallarino, entonces ministro de Economía. “Al final de cuentas, Cobranzas del Istmo hizo un buen trabajo”, recordó Cucalón en su última aparición pública.