La reducción del riesgo país generará ahorros millonarios para el Estado y podría traducirse, con el tiempo, en créditos más baratos para empresas y ciudadanos, aseguró el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien además defendió los avances de Panamá en los mercados internacionales.
Según explicó, la mayor confianza de los inversionistas internacionales en el país permitiría liberar recursos para subsidios, medicinas, escuelas e infraestructura.
De acuerdo con Chapman, Panamá ahora tiene un costo de financiamiento incluso menor que el de países con mejor calificación crediticia, lo que, según indicó, “se traduce en ahorros para el sector público” y permite cubrir subsidios y otros compromisos estatales. “Es un ahorro que estamos hablando que al año puede estar en el orden de magnitud de 400 millones”, reveló.
Asimismo, manifestó que, aunque el impacto no es inmediato, con el tiempo este efecto “irá permeando al sector privado”.
Según indicó, los bancos que logran acceder a dinero más barato en los mercados internacionales tendrían la capacidad de ofrecer préstamos en mejores condiciones tanto a empresas como a personas.
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Esto, aseguró, podría facilitar el acceso a créditos hipotecarios, financiamiento para automóviles o capital de trabajo para pequeños negocios, generando así un impacto directo en la población.
Sustancia económica
El ministro, quien participó en el Foro de Gobernabilidad, Transparencia y Competitividad, también se refirió a la reforma al Código Fiscal que incorpora el concepto de sustancia económica y que busca reglamentar a las empresas internacionales con sede en Panamá, demostrando que efectivamente realizan actividades económicas y laborales en el país y que no existen únicamente en papel.
La iniciativa contempla un impuesto del 15% para las empresas que no logren demostrar actividad económica real, es decir, sustancia económica.
El funcionario aseguró que la propuesta no busca generar preocupación entre las empresas internacionales y sostuvo que “las multinacionales lo han estado pidiendo, especialmente las que vienen de Europa”.
Explicó que la iniciativa busca “disminuir los costos de hacer negocios en Panamá” y eliminar la “fricción financiera” que enfrentan las empresas al realizar operaciones con sus países de origen.
Según detalló, procesos como importar productos o realizar remesas implican actualmente “costos adicionales” y trámites que “se traducen en más tiempo”, lo que termina incrementando los costos operativos.
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Añadió que esta situación eleva el costo de capital para las compañías y dificulta justificar financieramente nuevas inversiones en Panamá. “Así que yo siento que es lo contrario”, concluyó.
Chapman señaló además que recientes casos de blanqueo de capitales en la región reafirman la necesidad de una ley que regule la actividad de las empresas multinacionales. “El tema de sustancia cae en un momento muy oportuno, donde tenemos ejemplos clarísimos de beneficios, precisamente para evitar este tipo de sociedades anónimas que están instaladas”, manifestó.
Por su parte, Tonny Roldán, presidente de la Cámara de Empresas Multinacionales de Panamá (Casem), también se refirió a la iniciativa y señaló que el gremio ha participado activamente en las conversaciones relacionadas con los estándares internacionales de sustancia económica.
Indicó que esta propuesta no representa un cambio significativo para las empresas multinacionales establecidas en Panamá, aunque subrayó la importancia de que se trate de una legislación sólida, ya que considera que podría contribuir a la salida de Panamá de listas discriminatorias y acercar al país a una eventual incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Roldán reiteró que el impuesto del 15% será aplicado únicamente a las “empresas que no están cumpliendo o que no hicieron las obligaciones de reporte” y sostuvo que el número de multinacionales en Panamá continúa creciendo.
Aseguró que, según el último censo, en el país operan 192 empresas multinacionales que aportan importantes recursos a la economía nacional. Indicó que solo en 2024 estas compañías registraron más de 1,450 millones de dólares en ganancias.
“Estamos hablando de empresas que generan más de 13 mil empleos directos y más de 25 mil empleos indirectos”, señaló, al tiempo que destacó que la mayoría de esas plazas son ocupadas por panameños.
Esta ley ha generado debates entre los gremios empresariales pues mientras hay quienes defienden la imposición de normas e incluso de impuestos a las empresas que no demuestren una presencia real en el país, hay grupos que advierten que la medida puede ahuyentar nuevas inversiones y la llegada de empresas que quieran radicar su domicilio fiscal en Panamá.
