Tras ocho meses desde que se inició formalmente la contratación de la empresa SGS, el 12 de septiembre de 2025, para iniciar el proceso de auditoría integral del proyecto Mina de Cobre Panamá, ubicado en Donoso, este viernes 19 de junio, y con dos semanas y media de retraso, debido a una prórroga solicitada por la empresa, se da a conocer el resultado.
La auditoría integral del proyecto Mina de Cobre Panamá concluyó que la operación registró un nivel de cumplimiento global de 87.73% durante el período 2019-2023, aunque identificó compromisos ambientales en condición de no conformidad, principalmente en materia de reforestación, restauración y reintroducción de especies.
Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias, sostuvo que una vez recibido el informe final de la auditoria realizada por SGS, se evaluará el tema de la mina. “Contaremos con información verificada y objetiva para tomar una decisión”.
A lo largo de la evaluación, la empresa entregó al Ministerio de Ambiente seis informes preliminares, en los que analizó los pasivos ambientales futuros y verificó el cumplimiento de al menos 370 compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría III. Los informes están publicados en la página del Ministerio de Ambiente.
Contraloría refrendó contrato MiAmbiente-SGS para auditoría integral de la mina Cobre Panamá
En varios informes, la empresa alertó sobre los riesgos del material rocoso expuesto en la mina, por lo que recomendó su remoción y procesamiento.
La actividad minera está paralizada y, específicamente, el proyecto Cobre Panamá quedó inactivo desde finales de noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato entre la empresa Minera Panamá (filial de First Quantum) y el Estado panameño.
La contratación de la auditoría de SGS a la Mina alcanzó el monto de $539,791 para ejecutar una revisión de aspectos legales, laborales, tributarios y la auditoría de cumplimiento ambiental del proyecto minero..
Costo de la auditoría
Desde esa fecha y con la llegada del gobierno de José Raúl Mulino, se retomó el tema minero a mediados de 2025. Primero se aprobó, el 30 de mayo de 2025, el Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS) y, posteriormente, se autorizó a la empresa la exportación del concentrado de cobre que había quedado represado.
Posteriormente, este año, mediante resolución publicada en la Gaceta Oficial No. 30498 del 7 de abril de 2026, el Ministerio de Comercio e Industrias autorizó la remoción del material que aún se encuentra en la mina, cuya exposición a condiciones climáticas representa un riesgo real de generar drenaje ácido y afectar el suelo y las fuentes de agua, de no ser manejado de forma adecuada.
Con el informe final de la auditoría, la comisión de los tres ministerios —Ambiente, Comercio e Industrias, y Economía y Finanzas— decidirá el destino de la actividad, en medio de otras demandas que pesan sobre las últimas medidas tomadas por el Gobierno y la oposición de sectores ambientales.
Esta manaña, del 19 de junio, se ha conocido que la auditoría concluyó que el proyecto registró un nivel de cumplimiento global de 87.73% durante el período 2019-2023, aunque identificó nueve compromisos ambientales en condición de no conformidad y formuló una serie de recomendaciones para corregir las desviaciones detectadas.
El informe señala que el componente con mejor desempeño fue el de estándares técnicos y operacionales, con un 90.20% de cumplimiento, seguido por los aspectos legales, laborales y tributarios (88.23%), el cumplimiento ambiental (87.64%) y la gestión de riesgos y pasivos ambientales (81.70%).
Entre los principales incumplimientos detectados figuran los relacionados con los programas de reforestación y restauración ambiental, así como la reintroducción de especies, cuyos niveles de cumplimiento se ubicaron entre 40.70% y 45.70%.
La auditoría también identificó deficiencias en la implementación de los programas de monitoreo de vida acuática de largo plazo vinculados al control de erosión, además de debilidades en la protección de áreas de translocación de especies y en las acciones para mejorar hábitats locales.
En materia de riesgos, la categoría de seguridad y salud ocupacional obtuvo uno de los puntajes más bajos, con 80.83%, debido a un cumplimiento parcial de algunos controles operacionales.
Como parte de las recomendaciones, el informe propone reforzar el análisis de la calidad del agua, evaluar periódicamente los sistemas de neutralización del drenaje ácido y establecer inspecciones obligatorias de bioseguridad para los vehículos que ingresan al proyecto.
También recomienda rediseñar los pasos de fauna para facilitar el desplazamiento de especies arborícolas, formalizar un plan integral de control de polvo y actualizar los modelos de ruido.
En el ámbito operativo, la auditoría plantea incorporar tecnologías de mantenimiento predictivo, automatizar los sensores de la instalación de manejo de relaves, realizar inspecciones internas del mineroducto para prevenir derrames e implementar un modelo digital para simular el comportamiento de la presa de relaves ante eventos climáticos extremos.
Asimismo, el informe recomienda fortalecer los mecanismos de conciliación entre los salarios pagados y la información reportada a la Caja de Seguro Social, ampliar el uso de tecnologías para prevenir accidentes y mejorar el seguimiento y la transparencia de los proyectos comunitarios relacionados con el abastecimiento de agua.
Información en desarrollo...
