El proyecto minero de Donoso, Cobre Panamá, no está reabierto, aseguró el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien respondió ante la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional una serie de cuestionamientos sobre distintos proyectos bajo su cartera, luego de que presentara su memoria anual ante esta Comisión.
“No se ha autorizado reabrir la mina” dijo el ministro ante la pregunta del diputado independiente Jorge González, quien cuestionó la resolución que, hace pocos días, autorizó la remoción, procesamiento y explotación del material extraído de esta mina.
Asimismo, Moltó ecordó que los procesos que allí se llevaban a cabo cesaron luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato que la empresa Minera Panamá tenía con el Estado a finales de noviembre de 2023.
Aclaró que el material ya extraído y expuesto “conlleva un riesgo progresivo de posible contaminación del agua y los suelos” y añadió que este riesgo es “significativo” y ya ha sido comprobado, razón por la cual se decidió autorizar esta actividad puntualmente.
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Señaló que en este momento en la mina hay aproximadamente 38 millones de toneladas de roca extraída y expuesta, por lo que el “riesgo de drenaje ácido es real y aumenta con el tiempo” si no se le da un tratamiento y procesamiento.
El ministro también destacó que dejar el material allí o “taparlo” no resolvería el problema. Explicó que expertos recomendaron procesar el material para minimizar los riesgos.
“Lo ilegal sería no hacer nada”, sostuvo al defender la autorización dada a Minera Panamá, pues la Constitución obliga al Estado a eliminar cualquier peligro que amenace la salud de los panameños.
El diputado independiente también cuestionó al ministro sobre la empresa que actualmente realiza los trabajos de extracción. Moltó respondió que se trata de la misma empresa, Minera Panamá, que además está a cargo del mantenimiento de las estructuras ubicadas en el sitio.
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De igual forma, reiteró que lo declarado inconstitucional en su momento fue el contrato y no la empresa en sí.
Esta afirmación fue cuestionada por el diputado González, quien señaló que considera “incongruente” esa interpretación, pues —según dijo— aunque la empresa no haya sido declarada inconstitucional, fue la responsable de la ejecución del contrato.
La diputada independiente Alexandra Brenes también cuestionó la decisión del Gobierno de utilizar los servicios de la misma empresa y preguntó por qué no se licitaron estas operaciones para permitir la participación de otras compañías.
Aunque el ministro no ofreció una respuesta directa sobre por qué no se realizó una licitación, señaló que la empresa está “obligada” a mitigar cualquier riesgo ambiental existente en el área.
El ministro también reveló que las ganancias que se obtengan de esta operación serán invertidas en obras para el pueblo, según dispuso el presidente de la República, José Raúl Mulino. Aunque los fondos ingresarán a las arcas del Estado, serán destinados específicamente a “obras tangibles”, puntualizó.
Según estimaciones de Minera Panamá el proceso podría generar alrededor de$60 millones en regalías para el Estadodurante el período de ejecución que durará 13 meses (3 meses de preparación y 10 del proceso incluyendo la comercialización y exportación).
