La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado, dijo que el país está un poco atado de manos para proceder a la extradición de la exjefa del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, María del Pilar Hurtado.
“Panamá no puede, por ley, proceder a la extradición de Hurtado porque el gobierno de Colombia hizo la solicitud con los mismos fundamentos por los que anteriormente fue rechazada por el gobierno panameño”, precisó la funcionaria, esta mañana, en declaraciones a Telemetro Reporta.
En ese sentido, reiteró que la Cancillería panameña ha pedido una aclaración de la solicitud de extradición de las autoridades colombianas.
Agregó que el estatus migratorio de la exdirectora del DAS de Colombia, como asilada, ya no existe.
“Hemos notificado a los representantes legales de Hurtado y a las autoridades de migración que su asilo es inconstitucional”, precisó.
Pero recalcó que “el gobierno panameño no puede acceder a la petición de extradición lo cual es un tema legal separado del tema de asilo”.
El abogado Ángel Álvarez, quien presentara la demanda de inconstitucionalidad en contra del asilo a María del Pilar Hurtado, ha calificado como una acción dilatoria la decisión de la Cancillería panameña de pedir una aclaración de la solicitud de extradición de las autoridades colombianas.
Es “un grave error legal y diplomático haber suscrito una comunicación en el sentido de una especie de aclaración, que se suma a una serie de torpezas sospechosas que dilatan de forma indebida su devolución”, ha expresado el jurista.
En tanto el próximo viernes 25 de julio el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, realizará una visita a Panamá, en donde se espera se trate el tema de Hurtado.
Según reportes de prensa colombianos Santos no ha descartado que el tema sea discutido con su homólogo Juan Carlos Varela Rodríguez.Hurtado está imputada en un caso de escuchas ilegales en su país durante el gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010).A principios de julio la Corte Suprema de Justicia de Panamá confirmó la sentencia que declaró inconstitucional el asilo otorgado en 2010 a la ex jefa de inteligencia.