Cristóbal Salerno, dueño de Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), admitió en el acuerdo de pena alcanzado con el Ministerio Público que entregó dinero al director general de Ingresos del gobierno pasado, Luis Cucalón, con el pretexto de agilizar los trámites para que su empresa cobrara más rápido las comisiones por la recuperación de impuestos morosos.
Así lo reveló ayer el fiscal anticorrupción de descarga, Adecio Mojica, en la audiencia de fondo del proceso que se le sigue a Cucalón por la supuesta comisión de los delitos de peculado y corrupción, celebrada en el Juzgado Primero de lo Penal.
Mojica declaró que Salerno aseguró que Cucalón le dijo: “bájate del bus” para acelerar los pagos producto de las gestiones de cobro realizadas por CISA.
El fiscal alegó que la declaración de Salerno –que llegó a un acuerdo de pena de 48 meses de prisión (conmutados por 500 días-multa) y devolvió $20 millones al Estado– revela que hubo corrupción en doble vía y que Cucalón participó de ella.
Explicó que a partir de la confesión de Salerno quedó claro que el dinero fue malversado, porque luego de que CISA cobraba, se transfería dinero a la cuenta de Cucalón.
El fiscal citó un informe de la Unidad de Análisis Financiero que certifica que la empresa Langton Internacional Holding, ligada a Salerno, transfirió dinero a las cuentas de Cucalón.
Mojica pidió una sentencia condenatoria para Cucalón por peculado agravado, que tiene pena de 8 a 15 años de prisión; y por corrupción, con pena de 4 a 8 años.
Cucalón, quien está detenido en la cárcel El Renacer, se declaró inocente.
Su abogado, Edwin Teira, alegó que en este caso el único que aceptó haber malversado fondos fue Salerno, tras firmar un acuerdo de pena con la fiscalía.
Luego de escuchar a la fiscalía y a la defensa, la jueza Agueda Rentería se acogió al termino de la ley de 30 días para dictar sentencia.
En este caso, el juzgado dio un sobreseimiento definitivo a María Alessandra Salerno, hija de Cristóbal Salerno, y a Magaly Ramos, Edgardo González e Irasema Sánchez, exempleados de CISA. La Contraloría General de la República calculó en $29.5 millones la posible lesión patrimonial al Estado en este caso.