El juez duodécimo de lo penal, Óscar Carrasquilla, negó una solicitud a la Fiscalía Especial Anticorrupción para extender el término de la investigación por los sobornos de Odebrecht, y le sugirió al Ministerio Público abrir una “nueva instrucción” a partir de las nuevas circunstancias procesales surgidas y los posibles vinculados con estos hechos.
En su respuesta a la fiscalía, el juez señaló: “No necesariamente se debe interpretar que estos nuevos posibles vinculados deben ser incorporados al expediente original [...] a nuestra consideración podría iniciarse una nueva instrucción, situación que favorecería al Ministerio Público, al contar con nuevos términos de investigación”.
Óscar Carrasquilla
Juez duodécimo penal.
En marzo pasado, la fiscalía había pedido seis meses adicionales al juzgado, fundamentado en que, luego de los acuerdos de colaboración alcanzados con Andrés Mozes Libedinsky, Jorge Espino, José Luis Saiz, Mauricio Cort, Gabriel Alvarado Far y Olmedo Méndez, surgieron nuevos datos que motivaron la petición de 13 asistencias judiciales que aún no han sido contestadas.
El término que tenía la fiscalía para investigar venció el pasado 25 de abril, por lo que si no apela ante el Segundo Tribunal Superior la decisión del juez Carrasquilla, deberá remitirle la vista fiscal del proceso, cuyo expediente tiene 600 tomos y 81 imputados.
La fiscalía planteó que, inicialmente, la investigación se circunscribió al periodo 2010-2015, que incluye parte de las administraciones presidenciales de Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), y que luego se extendió al periodo 2006-2009, cuando Odebrecht inició operaciones en Panamá durante el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009).
La fiscalía indicó que logró acreditar que Odebrecht hizo pagos, al menos, a otras 11 sociedades.
Al analizar las actividades de estas sociedades, la fiscalía formuló cargos a Fotis Limberópulos, Aaron Mizrachi, Danna Harrick –contra quien pesa una solicitud de extradición–, Orlando Barraza, Winston Spadafora Gálvez, Carlos Espinoza y Guillermo Sáenz-Llorens. Ninguno de ellos ha sido indagado por la fiscalía todavía.
La firma forense Guerra &Guerra Abogados, en representación de Aaron Mizrachi, se había opuesto a la solicitud de la fiscalía de extender el plazo de la investigación, con el argumento de que con dicha acción vulnera las garantías individuales y constitucionales de los imputados.