De 39 casos de alto perfil en los que el Ministerio Público (MP) investiga la presunta comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales y otros, al menos dos han concluido con sentencia para los acusados.
Las sentencias se dictaron en los casos conocidos como Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA) y pinchazos.
En el caso CISA, en el que se investigó el cobro irregular de impuesto a morosos del Estado en el gobierno pasado, la jueza primera penal Águeda Rentería condenó en septiembre de 2018 a ocho años de cárcel a Luis Enrique Cucalón, exjefe de la Dirección General de Ingresos (DGI). También ordenó el comiso de $6 millones 128 mil 451, más intereses generados, que habían sido aprehendidos a Cucalón de una cuenta bancaria.
Además, en este proceso el propietario de CISA, Cristóbal Salerno, llegó a un acuerdo de pena de 48 meses de prisión –conmutados por 500 días multa– y devolvió $20 millones al Estado.
La otra sentencia de 50 meses de prisión, la dictó el juez decimosexto penal Enrique Pérez contra los exjefes del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz y Gustavo Pérez por el caso de los pinchazos.
Otros dos procesos, uno relacionado con el supuesto enriquecimiento injustificado del exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino y el otro con la compra de la comida deshidratada por $44.9 millones permanecen en espera de que se realice juicio por apelaciones que tiene que resolver el Segundo Tribunal de Justicia.
En las fiscalías del Ministerio Público siguen bajo investigación nueve casos de alto perfil: los sobornos pagados por Odebrecht, Blue Apple, “diablos rojos”, tres procesos relacionados a Mossack Fonseca, además, las investigaciones por presunto peculado millonario en la fallida construcción de las ciudades deportivas en Colón y en David, así como el proceso Jal Offshore, sobre presuntas irregularidades en el manejo de una cuenta de inversión en la extinta casa de valores Financial Pacific.
En los sonados casos de los sobornos pagados por la constructora Odebrecht y los pagados por contratistas del Estado a exfuncionarios en el pasado gobierno, conocido como Blue Apple, el MP ha logrado la extensión de las investigaciones tras ser declaradas causas complejas por el Órgano Judicial.
El resto de los expedientes, 26 casos, se encuentra en espera de audiencia preliminar por recursos interpuestos por las partes en el proceso.
Hay que destacar que en los casos relacionados con afectaciones al patrimonio del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), el MP ha logrado, al menos, nueve acuerdos de pena con Rafael Guardia Jaén, ex director ejecutivo de esa entidad durante el gobierno pasado.
Guardia Jaén logró acuerdos de pena tras divulgar información al MP en las investigaciones relacionadas con el caso mochilas escolares, piso y techo, helicópteros, comida deshidratada, blanqueo de capitales del PAN, bolsas navideñas, instrumentos musicales, granos y compra de llantas.
Entre los casos pendientes de fijar audiencia por el Órgano Judicial está el de riego de Tonosí, en el que se señala la presunta desviación de $31 millones que desembolsó el Estado para la fallida ejecución de un proyecto de riego en Tonosí, provincia de Los Santos.
En este proceso, desde 2016 el MP dictó su vista fiscal, en la que pidió el llamamiento a juicio de 33 personas, entre exfuncionarios y particulares.
Otro proceso, el del caso SAP, relacionado con el presunto pago de sobornos tras la compra de un software para la Caja de Seguro Social, se mantiene desde 2017 en espera de que se resuelven varios amparos para fijar la fecha de la audiencia.