CASO PINCHAZOS

Un fallo ordinario para un caso extraordinario

Un fallo ordinario para un caso extraordinario
El tribunal también dejó sin efectos las medidas cautelares.

El expresidente Ricardo Martinelli ha sido declarado “no culpable”. Así lo ha dicho la sentencia del 9 de agosto de Roberto Tejeira, Arlene Caballero y Raúl Vergara. En la jerga del derecho, hay una diferencia entre “inocente” y “no culpable”. Si la persona es vinculada efectivamente a la comisión del delito, la determinación de los jueces es de inocencia o culpabilidad. Si consideran que no hay vinculación con los delitos, la determinación es de “no culpable”.



La lectura de la decisión de los tres jueces presentó argumentos formales relacionados con fases anteriores del proceso. Se cuestionaron las declaraciones del testigo protegido y se aceptó como válida la narrativa de la defensa y sus testigos de que fueron presionados por el Consejo de Seguridad del gobierno de Juan Carlos Varela a dar testimonios hostiles. Según el tribunal, esto convirtió al testigo protegido en un “testigo sospechoso”, es decir, que puede tener motivaciones de beneficio propio para dar un testimonio desfavorable.



El tribunal insistió en la afirmación de que la defensa no tuvo acceso a los siete cuadernillos hasta la fase de juicio. Esto es abiertamente falso, ya que el 6 de agosto de 2018, el magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, autorizó a Carlos Carrillo a leer los siete cuadernillos. El fiscal y las víctimas querellantes acordaron que solo la defensa los leería.



Llama la atención la forma en que el tribunal de juicio descartó pruebas recogidas en la fase inicial del proceso, alegando la ausencia de una representación legal del acusado en dicha práctica. Esto, a pesar de que en noviembre pasado ya Mejía había admitido las pruebas para esta fase del proceso. Y en su decisión del 7 de diciembre pasado, el pleno de la Corte Suprema de Justicia, al declinar el caso, aceptó como válido todo lo realizado hasta esa fecha. Eso incluye la lista de pruebas que fueron admitidas para la fase del juicio. En otras palabras, el tribunal de juicio desconoció una decisión del pleno de la Corte sobre el mismo tema.



El tribunal adoptó un criterio discriminatorio sobre las pruebas efectuadas bajo las normas del sistema inquisitivo mixto (SIM), a las que mayormente descartó debido a que la defensa no participó, por lo que las mismas violaban las garantías procesales del SPA.



En términos generales, este fue el criterio del tribunal para rechazar las “pruebas trasladadas”, es decir, aquellas que provienen de otro proceso. El tribunal no consideró apropiado aceptar pruebas que son totalmente legales bajo el SIM y que fueron reconocidas como tales en otros procesos. Esta actuación representa una precedente peligroso, ya que, por ejemplo, le podría pasar a las pruebas del caso Odebrecht, ya que todas fueron realizadas bajo el inquisitivo mixto. La consecuencia obvia de semejante decisión es que ninguna prueba trasladada desde el SIM podría usarse en el SPA. Esto es una catástrofe jurídica porque elimina de un plumazo casi todas las pruebas existentes en la República, incluso, aquellas que serían favorables a los acusados. Además, ¿qué pasará con las pruebas que vienen del extranjero, en las cuales la defensa puede decir que no participó?



El comunicado que preparó el Órgano Judicial sobre esta decisión resulta, a su vez, contradictorio. Por ejemplo, se citan una serie de artículos del Código Penal, pero son atribuidos al Código Procesal Penal, aduciendo que fueron parte de la decisión. El comunicado recalca la responsabilidad del Ministerio Público (MP) en presentar este caso, algo que es una manipulación de la verdad. Este caso lo heredó el MP, ya que el grueso de la investigación y de las diligencias se hicieron por otros actores, lo que no es especificado en el comunicado.



Para cambiar esta decisión, los recursos judiciales disponibles son dos: el de anulación ante el tribunal superior, y el de casación penal ante la Sala II de la Corte Suprema. El Código Procesal Penal es tan flexible que dos recursos se pueden presentar conjuntamente. En el caso de la Sala II, los tres magistrados son Harry Díaz, Jerónimo Mejía y José Ayú Prado. Ninguno podría ser parte de la casación ya que los dos primeros fueron parte del caso y el tercero se recusó.



Sobre los recursos, el de anulación es más rápido, y su posible resultado en caso de ser favorable sería un nuevo juicio de principio a fin. En el caso de una casación penal, la variedad de resultados es más amplia, ya que la Corte podría cambiar detalles de la sentencia o, si así lo consideran, devolver el caso al tribunal de juicio para que haga su trabajo.



Un caso tan extraordinario y con ramificaciones internacionales requería un fallo extraordinario. Que tres jueces interinos sean los responsables deja muy mal parado a todo un país. El fallo desconoce la jurisprudencia en materia de derechos humanos que se ha establecido en los últimos 25 años en América Latina y en los tribunales penales internacionales. En su lugar, estiraron el Código Procesal Penal como si fuera una masa de hojaldre.

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