El Juzgado Decimocuarto Penal fijó del 10 al 15 de julio la audiencia para juzgar a los 33 sindicados por el manejo de $31 millones otorgado como anticipo para construir el fallido sistema de riego de Tonosí, a un costo de $155 millones.
Esta audiencia había sido suspendida en varias ocasiones. Por ejemplo, en noviembre de 2016 la audiencia preliminar tuvo que ser pospuesta debido a que el comerciante y exvicepresidente de la República Felipe Pipo Virzi -uno de los sindicados- informó que había cambiado de abogados.
En julio pasado, la primer vez que se realizaría la audiencia, los abogados de Virzi alegaron que su cliente había adquirido el fuero penal electoral. Y es que Virzi había inscrito candidatura a una de las vicepresidencias del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
La fiscal Tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, investiga la posible comisión del delito contra la administración pública, ligado a las anomalías en el contrato entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) y la sociedad Hidalgo & Hidalgo (H&H), contratista del proyecto de riego de Tonosí.
H&H recibió desembolsos del Estado por $37.4 millones entre el año 2012 y mayo de 2014, que se utilizó para pagos que no guardaban relación con el proyecto. De esa cantidad, $10 millones fueron recibidos por Virzi.
Originalmente, el exvicepresidente dijo que el dinero correspondía a su pago como “asesor”. Posteriormente, le contó a la fiscal Moore que el expresidente Ricardo Martinelli instruyó cómo debía distribuirse el dinero.
Por este caso, además de Virzi, son procesados los exministros Óscar Osorio y Emilio Kieswetter; el socio de Virzi, Ricardo Ricki Calvo; el excandidato a diputado de Cambio Democrático (CD) Porfirio Bolita Ellis, y varios directivos de H&H.