El Observatorio del Sistema Judicial de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, la Comisión de Justicia y Paz y la Universidad Santa María la Antigua (USMA) criticó este jueves 14 de diciembre el fallo de la jueza decimosegunda suplente Lania Batista, que interrumpió la investigación de los sobornos de Odebrecht.
De acuerdo con la evaluación del Observatorio, la actuación de Batista fue errónea y no aplicó adecuadamente la Ley No. 121 de 31 de diciembre de 2010, que regula la investigación de los delitos de crimen organizado.
Batista negó una prórroga a la Fiscalía Especial Anticorrupción para seguir con la investigación sobre las coimas pagadas por Odebrecht a funcionarios y particulares panameños, y ordenó al Ministerio Público remitir la vista fiscal para su calificación.
El exmagistrado del Tribunal Electoral y vocero del Observatorio, Guillermo Márquez Amado, aseguró que Batista “debió otorgar el plazo de un año de investigación de esta causa, más un año de prórroga, y no ordenar la devolución del expediente en un término de dos meses tras ordenar el arresto de dos procesados en este caso”.
El grupo también examinó la tarea de la fiscal Especial Anticorrupción, Zuleyka Moore, y cuestionó su solicitud -luego avalada por el juzgado- de acumular tres expedientes ligados a Odebrecht. Solo en uno de los expedientes hay 30 imputados y 130 tomos de investigación, por lo que resulta "muy difícil manejar un caso de este tipo y complejidad".
Igualmente, no entienden por qué el Ministerio Público mantuvo la investigación paralizada por casi un año, después de recibir la denuncia por parte del excontralor Alvin Weeden, en septiembre de 2015.
Confían que ahora el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que maneja la apelación de Moore, permita la continuidad de la investigación.
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Inocencio Galindo, aprovechó el acto para solicitar al gobierno de Juan Carlos Varela que aclara la participación de Odebrecht en actos públicos para futuras contrataciones.
Galindo consideró que Odebrecht debe ser suspendida de cualquier contratación pública, hasta que culmine con el pago de la multa de $220 mil –en un plazo de 12 años– y las demás sanciones que aceptó en el acuerdo de pena suscrito con el Ministerio Público en julio pasado y que fue validado por el juez Óscar Carrasquilla en noviembre.